El Gobierno ha aprobado este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado para calibrar la primera respuesta a los efectos de la guerra en Oriente Próximo, un paquete de 80 medidas valorado en 5.000 millones de euros que contiene rebajas fiscales a la energía y carburantes, ayudas directas a sectores y hogares y palancas de protección social. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha presentado el plan a primera hora de la tarde tras una convulsa reunión entre el PSOE y Sumar que se ha saldado, tras un plantón inicial del socio minoritario que luego se ha reconducido, con la puesta en marcha de dos decretos. Uno general, que engloba al grueso de medidas, y otro secundario, centrado exclusivamente en vivienda.
Entre las medidas aprobadas por el Ejecutivo también se encuentra la prohibición de despidos a empresas que reciban ayudas públicas y la suspensión del impuesto de producción eléctrica El Gobierno bajará al 10% el IVA de gasolina, gasóleo, luz y gas | Economía | EL PAÍSIr al contenido
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Entre las medidas que aprobará el Ejecutivo también se encuentra la prohibición de despidos a empresas que reciban ayudas públicas y la suspensión del impuesto de producción eléctrica
El Gobierno ha aprobado este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado para calibrar la primera respuesta a los efectos de la guerra en Oriente Próximo, una batería de rebajas fiscales que afectan a los combustibles, a la luz y al gas. Entre las medidas más destacadas se encuentra la reducción del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10%, iniciativa a la que se le suman otras como la rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos, la reducción del IVA de la luz y el gas y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, avanzan fuentes conocedoras del plan que el Gobierno pondrá sobre la mesa.
Fuera del ámbito fiscal, el paquete prohibirá a las empresas que reciban ayudas públicas despedir a los trabajadores por razones económicas en el marco de esta crisis. También se articula un control de los márgenes empresariales y una congelación de los alquileres, aunque esta última medida se articulará mediante un decreto propio. Con la propuesta, el Ejecutivo busca abaratar el precio de la gasolina, el diésel y los consumos domésticos en un momento de fuerte tensión en los mercados energéticos, así como proteger el empleo.
La rebaja del IVA de los carburantes, una medida adelantada por la cadena SER a primera hora de este viernes, debería incidir en el precio que pagan los consumidores a la hora de repostar. El IVA se aplica sobre el precio final, que incluye la base imponible y el impuesto especial sobre hidrocarburos, por lo que, a falta de que se conozca la letra pequeña, el plan debería abaratar el coste de gasolina y gasóleo.
La palanca se complementa con una rebaja sobre el impuesto de hidrocarburos, que afecta a productos con una composición química muy variada y que se presentan tanto en estado líquido como gaseoso. En general, son aquellos que se destinan a ser utilizados como combustible con fines de calefacción o como carburante, salvo el carbón y otros hidrocarburos sólidos. Son las gasolinas, querosenos, gasóleos, fuelóleos, gases licuados de petróleo, gas natural, biocarburantes y biocombustibles.
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La comparencia de Pedro Sánchez, en directo
El paquete también incluye, según las mismas fuentes, medidas fiscales que afectan a la energía. El IVA de la luz y el gas también se reducirá del 21% al 10%, a lo que se suma una rebaja del impuesto especial sobre la electricidad. Además, el Gobierno suspenderá el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, una medida orientada a reducir los costes del sistema y evitar que se reflejen en la factura final de los consumidores.
El impuesto sobre la electricidad es un tributo que grava el consumo de energía eléctrica a un tipo del 5%. Se aplica tanto al suministro para el consumo como a la electricidad consumida por los propios productores. Es un impuesto de carácter indirecto que se incluye en el precio y lo paga el consumidor final a través de la factura de la luz, aunque quien lo ingresa en Hacienda son las compañías eléctricas.
Por su parte, el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica es un tributo directo de carácter medioambiental que grava la producción de electricidad y su incorporación al sistema eléctrico. Lo pagan los productores de energía (no los consumidores) y se calcula sobre el importe total que obtienen por generar esa electricidad, aplicando un tipo impositivo del 7%.
Fuera del ámbito de la fiscalidad, el texto incluye una medida por la que había presionado con fuerza Sumar, el socio minoritario del Gobierno. Se trata de prohibir a las empresas —en principio, solo las que hayan recibido algún tipo de ayuda pública— despedir a trabajadores en esta situación de crisis. Es algo similar a lo que ya se aprobó tras la invasión rusa de Ucrania. Sumar ha exigido hasta el medio día de este viernes otras dos medidas que no figuraban en el decreto inicial: un tope a los alquileres y controlar los márgenes empresariales de las empresas. El malestar de los ministros de Sumar por la ausencia de esas iniciativas ha retrasado, de hecho, el inicio del Consejo de Ministros.
Otra medida del ámbito laboral ya acordada consiste en adelantar los llamados planes de movilidad sostenible. Se trata de un marco para que las empresas impulsen un transporte colectivo para sus trabajadores con el fin de reducir la factura en combustible. La norma debía entrar en vigor el año próximo, pero se adelantará a este año.
El plan del Ejecutivo, que se completa con otras medidas de carácter tributario como la prórroga de los incentivos fiscales a la rehabilitación o compra del coche eléctrico, se articula mediante dos decretos. El principal se articula con el grueso de medidas diseñadas para enfrentar los efectos de la guerra e incorpora, entre otras, la pata fiscal, la laboral y la que atañe al control de márgenes. También se incluyen cambios estructurales que afectan al sector energético. El Gobierno espera obtener la luz verde en el Congreso de los Diputados. El segundo decreto es el que afecta a las medidas de vivienda, donde se incluye una prórroga a los contratos de alquiler a punto de vencer, una de las medidas que exigía Sumar.
Con el conjunto de decisiones, el Ejecutivo pretende contener el impacto de la crisis energética derivada del conflicto internacional y frenar una posible subida de la inflación, protegiendo tanto a los hogares como a las empresas en un contexto de creciente incertidumbre. El ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán ha provocado que, en apenas tres semanas, la gasolina se haya colocado en un precio medio de 1,709 euros por litro en los surtidores españoles, mientras que el diésel se paga ya a 1,837 euros, según el Boletín Petrolero de la UE publicado este jueves, con datos medios de los precios del lunes.
El presidente, Pedro Sánchez, presentará un paquete que apunta a ser menos ambicioso del que acompañó los compases iniciales de la guerra de Ucrania. Hay dos razones que explican que, al menos por ahora, la respuesta sea más comedida que la que se produjo en 2022. Por un lado, el impacto macroeconómico del conflicto es menor al de entonces y en el PSOE, responsable de la política económica, apuestan por medidas proporcionadas y quirúrgicas que no excedan el margen fiscal que tiene España, aunque se guardan bajo la manga la posibilidad de ir adaptando el paquete a la situación. Por otro lado, según trasladan fuentes gubernamentales, la debilidad parlamentaria de la coalición y los últimos reveses sufridos en el Congreso obligan al Ejecutivo a presentar un plan menos ambicioso que en ocasiones anteriores, para que coseche el máximo de apoyos en las Cortes. Esa es la razón por la que la coalición presentará dos decretos.
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