El Gobierno ha aprobado este viernes el real decreto que recoge el plan inicial de respuesta a la crisis energética desatada por la guerra en Oriente Próximo. Entre las 80 medidas previstas, que implicarán un coste de unos 5.000 millones de euros hasta finales de junio entre ayudas directas y mermas recaudatorias, se encuentra una importante rebaja fiscal a la energía que, según explican fuentes gubernamentales, estará vinculada a la evolución del índice de precios al consumo (IPC).
El plan anticrisis funcionará hasta el 30 de junio y su futuro dependerá del devenir de la guerra en Oriente Próximo
El Gobierno ha aprobado este viernes el real decreto que recoge el plan inicial de respuesta a la crisis energética desatada por la guerra en Oriente Próximo. Entre las 80 medidas previstas, que implicarán un coste de unos 5.000 millones de euros hasta finales de junio entre ayudas directas y mermas recaudatorias, se encuentra una importante rebaja fiscal a la energía que, según explican fuentes gubernamentales, estará vinculada a la evolución del índice de precios al consumo (IPC).
Entre las iniciativas adoptadas, el Ministerio de Hacienda promoverá una reducción al 10% del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos que tendrá un coste para las arcas públicas de 507 millones de euros hasta el 30 de junio, el horizonte temporal que se marca el primer escudo. A esta se sumará una reducción del tipo impositivo del impuesto sobre hidrocarburos en productos como la gasolina y el diésel, con un impacto de otros 656,5 millones. Por su parte, en la luz se incluye un descuento del IVA hasta el 10% en las facturas de los hogares que no superen una potencia de 10 kilovatios, con una factura total de 539 millones. El IVA del gas también bajará en la misma proporción. Todo saldrá publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su previsible aplicación inmediata, según las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Hacienda, sin embargo, ha decidido incorporar una cláusula de desactivación en todas estas rebajas con el objetivo de adaptar las medidas a la evolución real de los precios energéticos. Siguiendo el esquema ya utilizado en los decretos aprobados tras la guerra de Ucrania, el Ejecutivo plantea un mecanismo que permite retirar los alivios si se consolida una mejora significativa de los costes.
Los abaratamientos estarán en vigor durante los meses de abril y mayo de 2026, pero su continuidad a partir de junio quedará condicionada al comportamiento del IPC en el ámbito energético. En concreto, Hacienda tomará como referencia la inflación de abril ―cuyo dato definitivo se sabrá en mayo― en cada uno de los tres componentes en cuestión (luz, gas y carburantes) y lo comparará con la tasa registrada en abril de 2025.
La elección de este mes no es casual. Las fuentes gubernamentales justifican que en el sector energético la estacionalidad tiene un peso determinante, por lo que comparar periodos equivalentes evita distorsiones que podrían derivarse de analizar meses con patrones de consumo distintos y con flujos energéticos dispares.
La cláusula establece un umbral claro: solo si el IPC de abril de 2026 supera en más de un 15% el nivel registrado en el mismo mes del año anterior, las medidas seguirán aplicándose. En caso contrario, las rebajas fiscales terminarán. De este modo, el Ejecutivo introduce un sistema automático que vincula la vigencia de las ayudas a la evolución efectiva de los precios, en lugar de fijar una duración cerrada. Es algo parecido a lo que el Ejecutivo diseñó durante la pasada crisis energética, aunque con una fórmula diferente, ya que por aquel entonces el modelo se basó en referencias de precios concretas.
Ayudas de 20 céntimos
En paralelo a las rebajas fiscales, el Gobierno ha articulado ayudas directas para amortiguar el impacto del encarecimiento de los combustibles en los sectores más dependientes. Entre ellas destaca la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional, dirigida principalmente a transportistas, que se canaliza a través de la Agencia Tributaria ―y las administraciones forales correspondientes del País Vasco y Navarra― mediante devoluciones periódicas.
En el caso del transporte profesional, la ayuda se configura como un pago que se tramita por la Agencia Tributaria y se abona de forma recurrente, permitiendo a los beneficiarios recuperar parte del coste del combustible a medida que desarrollan su actividad. Este sistema busca dotar de liquidez inmediata a un sector especialmente expuesto a la volatilidad de los precios energéticos.
El ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán ha provocado que, en apenas tres semanas, la gasolina se haya colocado en 1,709 euros por litro en los surtidores españoles, mientras que el diésel se paga ya a 1,837 euros, según el Boletín Petrolero de la UE publicado este jueves, con datos medios de los precios del lunes.
Para el ámbito agrario, el mecanismo presenta algunas diferencias. Los agricultores cuentan habitualmente con la devolución del gasóleo agrícola en un único pago anual, por lo que, para adelantar el efecto de la medida, el Ejecutivo ha optado por anticipar la ayuda, también a través de la Agencia Tributaria. Este adelanto se calcula tomando como referencia el consumo declarado el año anterior, bajo la previsión de que se mantenga en niveles similares.
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