El IX Informe Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada), de noviembre de 2025, revela una fractura social en la sociedad española y señala varios cambios estructurales del modelo social y económico. Un modelo social que genera desigualdad y fractura social: no falla la gente, falla el sistema.
La mejora del empleo ha impulsado la economía, pero no se ha traducido en una reducción similar de la desigualdad
El IX Informe Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada), de noviembre de 2025, revela una fractura social en la sociedad española y señala varios cambios estructurales del modelo social y económico. Un modelo social que genera desigualdad y fractura social: no falla la gente, falla el sistema.
El informe trata esta situación mediante el análisis de varios factores. Uno de ellos se refiere al mercado laboral y, en concreto, el empleo precario. El informe lo considera uno de los principales motivos de exclusión que dificultan la cohesión social.
En España, nos dice el informe, trabajar protege, pero ya no inmuniza: uno de cada diez ocupados vive en exclusión social, lo que dificulta una vida digna. Sin embargo, cuando falta el empleo, el golpe es devastador y, en hogares cuyo sustentador está en paro, en torno al 80% sufre exclusión.
En definitiva, estamos ante el conocido fenómeno de los working poor (trabajadores pobres), pues el empleo ya no protege ni incluye. La precariedad laboral actual presenta un carácter multidimensional que provoca inestabilidad, bajos salarios y empleo a tiempo parcial involuntario (46% de los trabajos a tiempo parcial en 2024). Actualmente alcanza el 44% del total.
El informe subraya que el mercado de trabajo mantiene inestabilidad y contratos temporales con una temporalidad laboral superior a la existente en Europa. Así, la tasa de temporalidad, desde la entrada en vigor de la última reforma laboral (marzo de 2022), que tenía como uno de los principales objetivos reducir la precariedad y la temporalidad en el empleo, ha disminuido drásticamente. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), pasó del 25,6% en 2021 al 17,2% en 2023. Los últimos datos de 2025 indican que es del 15,1%, aproximándose al promedio de la UE (12,4%).
La precariedad laboral en el mercado de trabajo afecta a 11,5 millones de personas (46% de la población activa) que incluye: empleos a tiempo parcial involuntario, autónomos, parados con formación, subempleo y ocupaciones sin protección (según datos del informe Foessa).
La desigualdad laboral persiste, agravada por la polarización del empleo, que se manifiesta en un crecimiento simultáneo de empleos técnicos altamente cualificados, y empleos manuales de baja cualificación en servicios, mientras declinan los empleos manuales cualificados tradicionales.
Según el informe, el 20% de los trabajadores españoles trabajan en empleos con bajos salarios caracterizados por mayor temporalidad, a tiempo parcial involuntario, y con peores condiciones laborales y menor formación. Todo ello conlleva que estos trabajadores tengan un mayor riesgo de caer en situación de pobreza. En España existen grandes contrastes salariales entre los sectores energéticos, financieros y seguros, e información y comunicaciones, por un lado, con niveles salariales más elevados, y, por otro, sectores de actividad tales como hostelería, agricultura, ganadería, pesca y, además, servicios básicos donde se concentran en ramas de actividad con menores niveles retributivos y, a menudo, más precarias.
Históricamente, España ha sido un país emisor de inmigrantes. En cambio, la transición migratoria ha transformado España de país emisor a receptor de 8,8 millones de inmigrantes (2024), según el citado informe. La inmigración ha sido la respuesta a la segmentación del mercado laboral que demanda mano de obra no cualificada y mal remunerada, especialmente en sectores como la construcción, la hostelería y los servicios de atención personal.
En este sentido, el proceso inmigratorio español, debido a su magnitud y rapidez, no tiene parangón. A finales del siglo pasado éramos uno de los principales países con mayor emigración, en cambio ahora somos uno de los principales receptores, tal y como señala Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España (CES).
En 2025 la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social aumentó en 204.700 empleos (40% de las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social), lo que eleva a 3,08 millones las personas procedentes de otros países.
La mejora del empleo (España ya no es el país con mayor paro de la UE) ha impulsado el crecimiento económico, del 2,8% en 2025, superior a la UE (1,6%). Sin embargo, el informe nos advierte de que, pese a todo, no se ha traducido en una reducción equivalente de la desigualdad. Para ello, utilizan el índice de Gini (medición estadística que refleja el grado de desigualdad en la distribución por deciles dentro de una población). En 2022 el coeficiente de Gini para España fue del 32%. Actualizando los datos mediante la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat), mejora ligeramente, 31,2% en 2024, frente a la media de la UE, del 29,6%.
En cuanto a la realidad migratoria en España, el CES afirma que este hecho “nos llama a alcanzar un acuerdo amplio para lograr un modelo inmigratorio controlado, seguro, humano y eficaz”. Tendremos que reflexionar sobre los cambios que se avecinan en el mundo para no descuidar la cohesión social, pues, como nos dice la escritora María Iglesias: “La migración es un impulso inevitable conectado con la esperanza”.
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