Los sindicatos CC OO y UGT han lanzado este martes su hoja de ruta más inmediata para las negociaciones con Gobierno y patronales. Se trata de un documento titulado Propuesta sindical unitaria, que recoge cuatro grandes ejes de propuestas que prevén reformar de arriba abajo el despido para encarecerlo y dificultarlo; erradicar el abuso del empleo a tiempo parcial acotando su utilización; regular por ley la actividad del diálogo social y de la negociación de convenios, estableciendo una financiación pública para ello; así como un decálogo para alcanzar un pacto social y político para hacer la vivienda accesible.
Trabajo deberá ahora retomar la mesa para reformar las indemnizaciones, pero la patronal ya ha anunciado que no acudirá
Los sindicatos CC OO y UGT han lanzado este martes su hoja de ruta más inmediata para las negociaciones con Gobierno y patronales. Se trata de un documento titulado Propuesta sindical unitaria, que recoge cuatro grandes ejes de propuestas para reformar de arriba abajo el despido para encarecerlo y dificultarlo; erradicar el abuso del empleo a tiempo parcial acotando su utilización; regular por ley la actividad del diálogo social y de la negociación de convenios, estableciendo una financiación pública para ello; así como un decálogo para alcanzar un pacto social y político para hacer la vivienda accesible.
La reformulación del tratamiento del despido es la clave central de esta propuesta, con la que pretenden cumplir con las resoluciones del Consejo de Europa a este respecto. Según ha explicado el secretario de Acción Sindical de CC OO, Javier Pacheco, durante la presentación de esta plataforma de acción sindical, se trata de modificar la ley “para cambiar el foco y que pase de buscar el coste cierto para las empresas a una indemnización que disuada del uso abusivo del despido y resarza y proteja al trabajador”.
Para ello, las centrales proponen que las indemnizaciones por despido pasen a estar formadas por tres partes: una indemnización mínima (que no precisan, pero refieren a los casos italiano y francés, donde son seis y tres meses de sueldo, respectivamente); una indemnización, como la actual, tasada, que tampoco especifican, pero apuntan que la negociación para esta reforma deberá partir de los 45 días y no de los 33 actuales; y, en tercer lugar, generalizar la posibilidad de que el juez otorgue una compensación adicional para reparar daños si así lo considera.
Junto a este nuevo esquema indemnizatorio, los sindicatos hacen otras propuestas, que sitúan en el mismo nivel de importancia para disuadir del uso abusivo del despido por parte de las empresas. En concreto, proponen: recuperar los salarios de tramitación en todos los casos (aquellos que transcurren entre el momento del despido del trabajador y la resolución judicial de la extinción). Además, plantean una “mayor intervención” de la Inspección de Trabajo y la autoridad laboral en los despidos colectivos. En este último punto, el vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján, ha precisado que no se trata tanto de recuperar totalmente la autorización administrativa en los ERE —hasta 2012 la autoridad laboral dependiente de cada comunidad o del Estado tenía la última palabra y podía autorizar o rechazar cualquier despido colectivo—, sino de “reforzar el papel de dicha autoridad, sobre todo en los sectores estratégicos para el empleo y la producción”.
Asimismo, reclaman otros cambios legales en materia de despido que contribuirían, según Pacheco, a disuadir al empresario de su uso abusivo y reequilibrarían las fuerzas en las relaciones laborales, como revertir la opción de la readmisión en los despidos que se declaren improcedentes. Actualmente, en esos casos es la empresa la que decide si opta por indemnizar al trabajador o lo readmite, pero CC OO y UGT plantean que sea el trabajador quien tome esa decisión. Eso, en la práctica, sería convertir todos los despidos improcedentes en nulos, una calificación que ahora está reservada fundamentalmente a los casos en los que se contravienen derechos fundamentales del trabajador.
También en materia de extinciones, los sindicatos plantean que los empresarios que prescindan de sus empleados por no superar el periodo de prueba deban dar mayores justificaciones sobre los motivos por los que rescinden el contrato. Y abogan también por derogar la ineptitud sobrevenida, como causa objetiva de despido individual.
No obstante, lo presentado este martes es solo la propuesta de arranque para una futura negociación en el diálogo social, que se prevé cuanto menos incierta, ya que el líder patronal de CEOE, Antonio Garamendi, ya anunció el pasado otoño que los empresarios no acudirían a ninguna mesa en la que se abordara esta reforma del despido. Para rechazar estas conversaciones, los empresarios se aferran a la resolución del Tribunal Supremo que considera que en el esquema de indemnizaciones por despido improcedente actual no cabe la compensación adicional que reclaman los sindicatos.
CC OO y UGT han trasladado esa resolución del Supremo al Constitucional, pero consideran que no es necesario esperar a su fallo para promover la reforma del despido que exigen, porque esta afecta a más cuestiones que la mera indemnización. Por ello, Luján y Pacheco han indicado que, tras la publicación de esta plataforma unitaria, trasladarán al Ministerio de Trabajo esta propuesta de reforma del despido y esperarán su respuesta.
Límites al abuso del tiempo parcial
La otra gran propuesta en materia regulatoria del ámbito laboral afecta a los contratos a tiempo parcial. Los sindicatos pretenden atajar los abusos de esta modalidad contractual haciendo que, al igual que la reforma laboral hizo con el contrato fijo, la norma diga que el contrato a tiempo completo debe ser el general ordinario. Y solo se pueda utilizar en los casos en los que se justifique su uso.
Para ello, proponen que el contrato deberá justificar la causa por la que no se realiza a tiempo completo, y de no documentarse adecuadamente, se convertirá automáticamente en jornada completa. Además, en cuestiones prácticas, el contrato parcial no podrá superar el 80% de la jornada ordinaria, incluyendo las horas complementarias. También proponen prohibir la fragmentación de la jornada en esta modalidad, salvo en jornadas superiores al 60% sobre el tiempo completo por acuerdo expreso y justificado.
Exigen también una nueva regulación de las denominadas horas complementarias (aquellas que se realizan más allá de la jornada parcial por necesidades del empresario) de forma que se compensen como horas extra (ahora su abono es inferior) y puedan consolidarse para aumentar la duración de la jornada parcial pactada inicialmente. Asimismo, plantean que el trabajador también pueda anular la realización de horas complementarias y que estos empleados tengan prioridad en las vacantes de empleos a tiempo completo que haya en la empresa.
Dinero para negociar
Una tercera vía de reforma planteada por CC OO y UGT este martes afecta a la regulación del papel institucional de los sindicatos y los empresarios. Concretamente, proponen una ley articulada que establezca los criterios de participación tanto tripartita en el diálogo social (Gobierno, centrales sindicales y patronales) como en el ámbito bipartito, solo de empresarios y sindicatos. Como principal novedad, reclaman formalmente “partidas económicas anuales” de carácter público para financiar las actividades del diálogo social y la negociación de los convenios colectivos, según la representación reconocida a cada una de las partes.
Dicho todo esto, solo la propuesta del despido está en un momento incipiente de negociación, mientras que las cuestiones referidas a empleo a tiempo parcial y a la regulación institucional de los agentes sociales aún no están en la agenda inmediata del Ejecutivo.
Al margen de lo exclusivamente laboral, ambas centrales han presentado dentro de esta hoja de ruta una propuesta para alcanzar un pacto social y político por la vivienda que se base en la creación intensiva de un parque público de vivienda asequible mediante “un fondo de inversión de promoción y de control público”, que financie entre 50.000 y 100.000 viviendas asequibles anuales. Y el establecimiento de medidas inmediatas como programas de alquiler seguro; la limitación del precio máximo del alquiler; la regulación de viviendas de uso turístico o la facilitación del crédito hipotecario, entre otras cuestiones.
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