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  Economía  Feijóo defiende que los trabajadores de baja cobren menos
Economía

Feijóo defiende que los trabajadores de baja cobren menos

7 de julio de 2026
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El líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha entrado de lleno en uno de los principales debates económicos de España, el aumento de las bajas laborales, cuya incidencia se ha duplicado en los últimos 10 años. Ha defendido que los convenios dejen de complementar el salario durante esos periodos, de forma que los empleados no cobren lo mismo durante la incapacidad temporal que trabajando, y ha catalogado el aumento del “absentismo” como un “cáncer”. Con este discurso, Feijóo se alinea con el que viene emitiendo la patronal en los últimos años y con mayor intensidad en los últimos meses. Este martes, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha sugerido que no alcanzará un acuerdo nacional de convenios si no se abordan cambios normativos en esta materia.

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 El líder del PP define el aumento de la incapacidad temporal como “un cáncer”. La ley ya prevé reducir el salario de estos empleados, pero muchos convenios complementan el recorte  

El líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha entrado de lleno en uno de los principales debates económicos de España, el aumento de las bajas laborales. Ha defendido que los convenios dejen de complementar el salario durante los periodos de baja, de forma que los empleados no cobren lo mismo durante la incapacidad temporal que trabajando, y ha catalogado el aumento de la incapacidad temporal como un “cáncer”. Con este discurso, Feijóo se alinea con el que viene emitiendo la patronal en los últimos años y con mayor intensidad en los últimos meses. Este martes, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha sugerido que no alcanzará un acuerdo nacional de convenios si no se abordan cambios normativos en esta materia.

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“Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues qué quiere que le diga”, ha dicho Feijóo este martes en una intervención en el Círculo de Empresarios Vasco, donde también ha agregado: “Si además la Administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación, y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre”. “Este absentismo no se sostiene”, ha añadido Feijóo.

Actualmente, en una baja por enfermedad común, el salario y la cotización de los primeros 15 días de ausencia del trabajador corren a cargo de la empresa. La Seguridad Social puede dar la baja y reconocer la prestación desde el cuarto día, pero hasta el día 16º es costeada por el empleador. Sin embargo, si la baja es por un accidente laboral o por una enfermedad profesional, el pago desde el primer día de la baja corre a cargo del sistema público. Asimismo, la baja de los autónomos desde el cuarto día también es costeada por la Seguridad Social.

La norma general, cuando el convenio colectivo no complementa, es que el trabajador no cobra nada del primer al tercer día de baja, del cuatro al 20 ingresa el 40% de su base reguladora y del vigesimoprimer día en adelante, recibe el 75% del salario. Ese es el escenario en las bajas por contingencias comunes, las no relacionadas con el desempeño laboral, pero en las de origen profesional (la menor parte) desde el primer día se recorta el 25%.

Garamendi viene reclamando que mientras no se tomen medidas para atajar las crecientes ausencias de los trabajadores a su puesto de trabajo, la Seguridad Social debería costear las cotizaciones y los salarios del trabajador los primeros 15 días de la baja, así como las cotizaciones de los contratos que se hagan para sustituir a un empleado de baja.

El presidente del PP también ha dicho que su plan es reformar la normativa de bajas laborales “con o sin acuerdo” con los agentes sociales. “Este asunto tenemos que retomarlo con las comunidades autónomas, con el Gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Si no, pues qué le vamos a hacer, pero España no puede dedicar 30.000 millones a esto”, ha añadido Feijóo. Según las últimas cifras oficiales de la Seguridad Social, el gasto público por incapacidad temporal supuso en 2025 18.400 millones de euros, lo que la convierte en la segunda mayor partida de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones. Las empresas, por su parte, abonaron unos 17.000 millones de euros.

“Que 1,2 millones de personas no vayan a trabajar todos los días es algo que Euskadi no se pude permitir y España tampoco. Aquí debemos con o sin acuerdo sentar a la patronal y los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar”, ha añadido Feijóo. El foro para tratar este asunto es la mesa de diálogo que la Seguridad Social abrió hace casi dos años y que está pendiente de finalización. El Gobierno propone varios cambios para atenuar el incremento de las bajas laborales, pero de momento no consigue conciliar las posiciones de los sindicatos y de las patronales.

La estadística de incapacidad temporal de la Seguridad Social marcó en 2025 un nuevo récord de bajas laborales en España. Los últimos datos muestran que la prevalencia media de la incapacidad temporal por contingencias comunes [las que no tienen un origen profesional] ya es de 53,7 procesos por cada 1.000 asalariados, un salto respecto a los 51,1 que marcaba esta misma variable en 2024.

Las bajas laborales crecen en España de forma ininterrumpida desde 2012, según los datos de la Seguridad Social. Entonces, la prevalencia media entre los empleados por cuenta ajena era de 19,1 procesos por cada 1.000 asalariados, en plena Gran Recesión. Es el suelo de la serie histórica, que empieza en 2007. De entonces a 2012, mientras se producía el derrumbe de la economía española por el pinchazo de la burbuja del ladrillo, las bajas cayeron. Empezaron a remontar en 2013, poco a poco, hasta marcar 35,7 en 2020, el año de la pandemia. A partir de entonces la variable se ha disparado, con saltos importantísimos en el último lustro, hasta los 53,7 procesos por cada 1.000 asalariados del último registro.

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