España se encamina hacia los 100 millones de turistas. Y la historia de un sector impregnado en el ADN de la economía española no puede ser narrada sino como el relato de un éxito. Pero, donde hay luces, necesariamente se producen sombras. Y no es esta una excepción, como muestra la reivindicación de ocho ayuntamientos que concentran el 19% de las pernoctaciones turísticas anuales de toda España, clamando por una mejor financiación.
Se antoja razonable modificar los requisitos que permiten a algunos ayuntamientos obtener recursos extra participando de la recaudación de algunos impuestos estatales
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos
Se antoja razonable modificar los requisitos que permiten a algunos ayuntamientos obtener recursos extra participando de la recaudación de algunos impuestos estatales
España se encamina hacia los 100 millones de turistas. Y la historia de un sector impregnado en el ADN de la economía española no puede ser narrada sino como el relato de un éxito. Pero, donde hay luces, necesariamente se producen sombras. Y no es esta una excepción, como muestra la reivindicación de ocho ayuntamientos que concentran el 19% de las pernoctaciones turísticas anuales de toda España, clamando por una mejor financiación.
La atención de millones de visitantes, en estos municipios como en otros, implica sin duda unas necesidades extraordinarias en la prestación de determinados servicios. Tradicionalmente se ha pensado que esas exigencias se veían cubiertas por que la mayor actividad de esas áreas también implica mayores ingresos. Pero lo que denuncian algunos ayuntamientos es que esa compensación no siempre se produce. De hecho, el mecanismo que recoge la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para apoyar a las localidades más visitadas solo alcanza a uno de los ocho núcleos agrupados en la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa: Salou.
Se antoja razonable, por tanto, modificar los requisitos que permiten a algunos ayuntamientos obtener recursos extra participando de la recaudación de algunos impuestos estatales. Este mecanismo se ha mantenido invariable desde que se aprobó hace 22 años. Pero la economía española, y el propio sector turístico, han pasado por momentos muy diferentes desde entonces. Sería conveniente una revisión que adapte la norma a la situación actual, pero también al futuro.
El sector turístico lleva años hablando de retos como la desestacionalización, o de variar un enfoque centrado en el volumen de visitantes por otro basado en la calidad de esas visitas para que sean más rentables (económica, pero también socialmente). Aunque, a la hora de la verdad, las grandes cifras siguen pesando. El análisis de las necesidades financieras de los municipios más visitados, y la reforma que se derive, deben por tanto servir de oportunidad para profundizar en otros enfoques distintos al tradicional.
Y deben exigir también corresponsabilidad a los municipios. Movimientos sociales y vecinales llevan tiempo denunciando algunos costes que el turismo tiene sobre las vidas de muchos residentes. Para las administraciones locales no debiera haber mayor responsabilidad que el bienestar de estos últimos. Así que es hora de planificar y enfocar el turismo como un medio para contribuir a ese bienestar y no como un fin en sí mismo. De nada sirven las promesas de empleos, generación de riqueza y otras virtudes asociadas al turismo, si luego estas no alcanzan para pagar las contraprestaciones del modelo.
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