La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado que Casa 47, la entidad pública que promueve viviendas asequibles destinadas al alquiler, licitará este trimestre la construcción de 2.800 inmuebles nuevos. Una partida que se suma a las 1.600 que ya se sacaron a concurso público en 2025, lo que arroja una proyección total de 4.400 nuevas viviendas, que irán destinadas al alquiler y estarán gestionadas durante todo el proceso por la empresa pública. Sin embargo, teniendo en cuenta los plazos habituales de la construcción en España, y que subasta es solo la primera fase del proyecto, la resolución de las obras podría extenderse hasta cuatro años. El anuncio representa, únicamente, el primer paso.
La entidad pública suma esta partida a las 1.600 que se lanzaron en 2025, aunque pueden tardar años en estar habitables
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado que Casa 47, la entidad pública que promueve viviendas asequibles destinadas al alquiler, licitará este trimestre la construcción de 2.800 inmuebles nuevos. Una partida que se suma a las 1.600 que ya se sacaron a concurso público en 2025, lo que arroja una proyección total de 4.400 nuevas viviendas, que irán destinadas al alquiler y estarán gestionadas durante todo el proceso por la empresa pública. Sin embargo, teniendo en cuenta los plazos habituales de la construcción en España, y que subasta es solo la primera fase del proyecto, la resolución de las obras podría extenderse hasta cuatro años. El anuncio representa únicamente el primer paso del procedimiento.
Rodríguez ha participado este viernes en el Congreso en una sesión extraordinaria de la Comisión de Vivienda a petición propia para dar cuenta de la acción de su departamento y de las actuaciones de la entidad estatal Casa 47. La ministra ha defendido la fortaleza económica del nuevo ente y los proyectos que está llevando a cabo desde su fundación. “Casa 47 va a licitar la construcción de 2.800 nuevas viviendas en colaboración público-privada. Esta es una empresa que nace con solvencia económica, dispuesta ya con más de 13.000 millones de euros para los próximos años, y que sin duda tiene proyectos muy ambiciosos, transformadores como es el nuevo barrio de Campamento”, ha señalado, en referencia al proyecto que se llevará a cabo en el suroeste de Madrid, donde se ha planteado la construcción de 10.700 viviendas. “A final de año se iniciaron las obras de demolición y tenemos la financiación preparada y estamos listos para iniciar las obras de urbanización”, ha explicado en relación con esta obra.
La ministra también ha expuesto que en esta nueva licitación se van a incluir los suelos con carácter urbano finalista, las ayudas públicas, la financiación y los arrendamientos para que se cobijen dentro de las condiciones de asequibilidad que ha definido el Ejecutivo. Los contratos de alquiler firmados por Casa 47 podrán tener una duración de hasta 75 años y el precio se fijará de acuerdo a criterios de asequibilidad: tendrá un tope por comunidades autónomas, de forma que ningún alquiler pueda sobrepasar el 30% de la renta mediana del territorio. La primera convocatoria de 171 pisos asequibles y listos para entrar a vivir se lanzó en diciembre, con 67 casas en Valencia, 37 en Mieres y 67 en Vigo.
Asimismo, Rodríguez ha indicado que destinarán 100 millones para comprar patrimonio privado y convertirlo en público y asequible.
Este anuncio de la responsable de Vivienda es el primero de una serie de licitaciones que se irán lanzando cada trimestre, y que se irán publicando en el portal habilitado específicamente para ello.
Rodríguez ha sacado pecho del volumen de construcción en los últimos años. “Partíamos de la nada”, ha defendido-. La ministra ha celebrado que entre 2024 y 2025 se haya “duplicado el ritmo de inicio y finalización de obras de vivienda protegida con respecto al año 2018″. “En estos años hemos calificado como protegidas 102.511 viviendas, frente a las 53.754 de las tres legislaturas de Mariano Rajoy”, ha recordado.
Respecto a la situación actual del alquiler, y a si las medidas implementadas desde su ministerio están sirviendo para contener el auge de los precios, Rodríguez ha expresado que la declaración de zonas de mercado tensionado “está funcionando”, y ha aludido a los datos conocidos este jueves sobre Navarra, donde los arrendamientos en los municipios con esta declaración se han rebajado un 8,6% en los seis meses que lleva vigente la norma.
En cuanto a la caída del decreto ómnibus en el que se incorporaba la prórroga de la moratoria antidesahucios, Rodríguez ha lamentado el rechazo del Congreso. “Lamento que quienes han votado que no a esta regulación lo hagan con argumentos que no se corresponden con la verdad”, se ha quejado. “Voten lo que quieran, pero no argumenten con falacias, con demagogia y metiendo el miedo a la gente. Este escudo es para proteger y aquí en la protección tenemos que estar todas las administraciones públicas”, ha aseverado Rodríguez, recordando que “cualquier persona puede caer en esta situación”.
Falta información
Sin embargo, esta lectura de la situación no ha convencido al resto de los partidos. Marta Madrenas, representante de Junts, ha reclamado a la ministra más información y datos sobre el comportamiento de los alquileres en Cataluña (que concentra más del 90% de las zonas declaradas tensionadas). “Porque según lo que yo veo de los datos oficiales de las autoridades catalanas, la oferta está bajando y si no ponemos en común la información entre todos no podremos hacer un diagnóstico correcto sobre el éxito de las medidas”, ha señalado. A este respecto, la ministra ha reconocido la necesidad de “contar con más datos públicos” y se ha comprometido a “trabajar en esa dirección” y en “en la elaboración de la normativa necesaria para abordar este problema”.
Alberto Ibáñez, diputado de Sumar, ha criticado la bonificación del 100% en el IRPF de las rentas obtenidas por el alquiler para los propietarios que propone el Gobierno, señalando que “no serviría en nueve de cada diez contratos” porque el valor de mercado “sube más que la bonificación”. Pese a que esta medida fue anunciada por Pedro Sánchez el pasado 12 de enero, y que el presidente adelantó que se aprobaría “en las próximas semanas”, esta sigue sin tomar cuerpo.
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