España, 2075. Las fronteras llevan años cerradas y los migrantes llegan con cuentagotas. Solo se admiten aquellos que cumplen con los estrictos requisitos fijados por las autoridades. El país, en lugar de crecer, ha encogido, tanto en población como en crecimiento. Ya no persigue de cerca a las grandes economías avanzadas; es un Estado envejecido con cada vez menos niños y mano de obra, donde faltan profesionales para cubrir los servicios públicos básicos, han cerrado centenares de miles de negocios y el PIB ha crecido un 22% menos de lo que habría hecho de mantenerse las puertas abiertas a los extranjeros.
Un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia estima el impacto que tendría en las próximas décadas la reducción de los flujos migratorios
España, 2075. Las fronteras llevan años cerradas y los migrantes llegan con cuentagotas. Solo se admiten aquellos que cumplen con los estrictos requisitos fijados por las autoridades. El país, en lugar de crecer, ha encogido, tanto en población como en crecimiento. Ya no persigue de cerca a las grandes economías avanzadas; es un Estado envejecido con cada vez menos niños y mano de obra, donde faltan profesionales para cubrir los servicios públicos básicos, han cerrado centenares de miles de negocios y el PIB ha crecido un 22% menos de lo que habría hecho de mantenerse las puertas abiertas a los extranjeros.
Este escenario distópico es el que dibuja el documento España ante el reto migratorio: dos escenarios posibles, que la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) —una Dirección General de la Presidencia del Gobierno— presenta este miércoles. Se trata de un ejercicio de proyecciones que ni siquiera toma en cuenta un cierre completo de las fronteras, sino una reducción sobre los flujos migratorios previstos de un 30% de aquí a los próximos 50 años. Esa reducción, que puede parecer menor, tendría el potencial de trastocar todas las previsiones demográficas y económicas disponibles y sacudir los mismos cimientos sobre los cuales se funda la España actual.
De mantenerse las tendencias actuales, la población de España alcanzaría los 55 millones en 2075. Si los flujos migratorios en entrada se redujeran un 30% con respecto a esas proyecciones, los habitantes del país retrocederían hasta los 40 millones, casi 10 menos que en la actualidad. Y no solo habría menos gente, sino que la sociedad estaría aún más envejecida de lo que dibujan las perspectivas disponibles hoy en día.
El envejecimiento es un rasgo estructural de las economías avanzadas y la tendencia no se detendrá. Así lo apuntan las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de las cuales la ONPE ha construido sus previsiones: los mayores de 65 años pasarán a representar el 30% de la población en 2055, diez puntos más que ahora, y el saldo vegetativo negativo —más defunciones que nacimientos— alcanzará su ápice en 2061. Pero los migrantes, que suelen pertenecer a cohortes más jóvenes, están ejerciendo de contrapeso y amortiguando este declive demográfico, como también concluía un reciente estudio del centro de análisis Fedea: en las dos últimas décadas, el impacto negativo del envejecimiento sobre la economía hubiera sido el doble sin la inmigración.
Según la simulación de la ONPE, la población en edad de trabajar caería de los 33 millones del escenario base a 24 millones en 2075. El golpe sería particularmente duro en sectores intensivos en mano de obra extranjera, esenciales tanto para la estructura de la economía española como para el sostenimiento de los servicios públicos esenciales. Es el caso del campo, que perdería un tercio de sus explotaciones.
También desaparecerían cerca de 90.000 bares y restaurantes, una cifra más o menos equivalente a la mitad de los que existen hoy en día, desencadenando externalidades negativas en otras actividades como la industria alimentaria o el turismo. Las zonas despobladas también saldrían perjudicadas: Huesca, Soria y Teruel, las provincias con la menor densidad de población, verían esfumarse el 28% de sus habitantes y unos 2.300 municipios podrían quedar borrados del mapa.
Cuando el invierno demográfico sea más intenso y el número de personas dependientes se haya disparado en un 60% con respecto a la situación actual, hasta tres de cada diez cuidadores se habrán esfumado. Con menos mano de obra que contribuye a la Seguridad Social con sus cotizaciones, también la sostenibilidad de las pensiones —ya hoy en día un gran reto— estará en riesgo: cada trabajador debería aportar unos 2.000 euros más al sistema en 2075 para garantizar las mismas prestaciones que se cobran hoy en día.
La vida se vería trastocada también en el otro extremo de la pirámide poblacional, pues la oferta educativa encogería por el abrupto descenso de la natalidad y redundaría en unas 30.000 aulas menos de educación primaria y 18.000 de secundaria, con mayores repercusiones en municipios pequeños y la presumible pérdida de servicios complementarios como el transporte o los comedores. Tampoco habría desahogo en la sanidad pública, pues las listas de espera aumentarían inevitablemente por la menor disponibilidad de profesionales sanitarios. Cerca de 63.000 médicos especialistas podrían evaporarse y los que quedarían deberían atender un 4% más de pacientes.
El organismo empezó a elaborar sus proyecciones a finales del año pasado, antes de que el Gobierno anunciara en enero una regularización extraordinaria de la que podría beneficiarse más de medio millón de extranjeros, pero en un contexto ya fuertemente marcado por el auge de los discursos xenófobos y de mano dura contra la inmigración. A esta deriva ha contribuido el creciente peso de partidos y líderes ultra, tanto en España como en el extranjero, con Donald Trump como uno de los grandes protagonistas de esta ofensiva global.
Círculo virtuoso
España cerró 2025 con 3,58 millones de trabajadores extranjeros —casi el 16% del mercado laboral, la cifra más alta de siempre—, en un escenario de sólido crecimiento económico que ha consolidado al país como país atractivo para los foráneos. La llegada de migrantes, también impulsada por unas políticas más favorables que en otros países, no solo acompaña este dinamismo, sino que se ha convertido en uno de sus principales motores. Desde 2020 se han establecido aquí más de dos millones de personas, cerca de la mitad de ellas en edades entre los 20 y los 44 años y con una proporción creciente de perfiles cualificados, tanto que diversos organismos atribuyen a los flujos migratorios una parte sustancial del crecimiento reciente, como el Banco Central Europeo o el centro de estudios Funcas, que concluía que cerca de la mitad del avance del PIB español en los últimos tres años se explica por los trabajadores extranjeros.
De ahí que, de reducirse un 30% los flujos, el zarpazo a la actividad sería mayúsculo. El PIB habría crecido un 5% menos en 2035, una pérdida que se triplicaría para 2055 (-14%) y que alcanzaría el 22% en cincuenta años, equivalente a unos 18.000 euros menos por residente cada año. Menos inmigración también significaría menos ingresos para las arcas públicas, ya que la reducción del gasto vinculada a la menor llegada de extranjeros estaría muy lejos de compensar todo lo que aportan en impuestos y cotizaciones. “Los resultados de este informe muestran que la migración constituye un elemento central en la configuración del futuro de España”, concluye el documento.
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