La operación otorga el control total de la compañía a Millicom, pero no extingue el pago a Telefónica por el pleito del Ciadi
La operación otorga el control total de la compañía a Millicom, pero no extingue el pago a Telefónica por el pleito del Ciadi
El Gobierno de Colombia finalizó la enajenación de su participación accionarial del 32,5% en Colombia Telecomunicaciones (Coltel), tras la adjudicación de sus títulos en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). La transacción se cerró por un importe total de 856 billones de pesos colombianos, equivalentes a aproximadamente 205,4 millones de euros. El comprador fue Millicom Colombia, firma que consolida así la propiedad absoluta del operador que comercializa sus servicios bajo la marca Movistar.
La subasta pública de las 1.108.266.271 acciones ordinarias de propiedad estatal se ejecutó a un precio de 772,38 pesos por acción (0,18 euros). Este proceso constituye la fase final de la salida del Estado colombiano del mercado de telecomunicaciones móviles, después de que Telefónica. completara en febrero de 2026 la venta de su participación mayoritaria del 67,5% a la misma multinacional luxemburguesa por 214,4 millones de dólares (182 millones de euros). Con esta operación, Millicom unifica las infraestructuras de Tigo y Movistar en el país para competir con Claro, del grupo América Móvil del mexicano Carlos Slim.
A pesar de la transferencia de activos, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) confirmaron que esta venta no invalida ni suspende la obligación de pago derivada de los litigios internacionales previos. Colombia debe abonar 508 millones de euros a Telefónica, una cifra que supera los 2,11 billones de pesos colombianos al tipo de cambio actual. Este desembolso corresponde al cumplimiento de un laudo dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tras el rechazo del recurso de anulación interpuesto por el Estado colombiano esta semana.
El conflicto jurídico tiene su origen en una disputa sobre la reversión de activos de infraestructura de red iniciada en 1994. En 2017, un tribunal arbitral nacional obligó a los operadores a pagar una compensación por no devolver activos físicos al finalizar sus contratos de concesión. Telefónica pagó en su momento cerca de 480 millones de dólares bajo protesta, alegando que la medida vulneraba el estándar de protección a la inversión extranjera y el trato justo y equitativo contemplado en el acuerdo bilateral entre España y Colombia.
El tribunal del Ciadi determinó que la actuación administrativa de Colombia fue desproporcionada. La suma final de 508 millones de euros (2,11 billones de pesos) incluye el capital principal exigido originalmente, más 150 millones de euros en concepto de intereses de demora y gastos legales devengados durante la última década. El Ministerio de Hacienda ha señalado que los recursos obtenidos por la venta de las acciones de Coltel ingresarán directamente al Tesoro Nacional, pero no cubren siquiera la mitad del costo total de la indemnización que la Nación debe girar a la multinacional española.
Fuentes del sector financiero indicaron que el balance neto de la salida del Estado de Coltel resulta deficitario para las arcas públicas. Mientras la venta de la participación minoritaria fortalece el presupuesto de inversión en conectividad rural, la deuda reconocida por el arbitraje internacional representa una carga fiscal inmediata que deberá gestionarse de forma independiente en las provisiones para contingencias judiciales. El Gobierno ha reiterado que el cumplimiento de los fallos internacionales es esencial para mantener la seguridad jurídica, aunque agotará los canales administrativos para la liquidación de la indemnización.
Consolidación de Millicom
Desde el punto de vista operativo, la consolidación de Millicom en Coltel busca acelerar el despliegue de redes 5G y fibra óptica, en un mercado que demanda altas inversiones de capital para mantener la competitividad. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) supervisa el proceso de integración para evitar concentraciones que afecten al usuario final. Analistas coinciden en que la salida definitiva del Estado como socio evita conflictos de interés en un sector donde el Gobierno actúa simultáneamente como regulador, otorgante de espectro y, hasta hoy, competidor.
La fecha de cumplimiento para el pago por parte de Millicom está fijada para el próximo 27 de abril. Con el cierre de esta transacción, se pone fin a tres décadas de participación mixta en el operador histórico de telecomunicaciones de Colombia, dejando la totalidad de la gestión de la conectividad nacional en manos del capital privado bajo supervisión estatal. El pago de la multa de 508 millones de euros a Telefónica se tramitará mediante un crédito presupuestario adicional en las próximas semanas.
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