Cambios en el equipo económico del Gobierno. Una semana después del nombramiento de Carla Díaz Álvarez de Toledo como presidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para los próximos cinco años, el Consejo de Ministros ha designado a Pablo Sánchez-Blanco Mancera nuevo director general del Tesoro y Política Financiera, el organismo responsable de la gestión de la deuda pública y de buena parte de la regulación financiera. Sánchez-Blanco trabajará junto a la secretaria general del Tesoro y Financiación Internacional, Paula Conthe, en el diseño y ejecución de la estrategia de financiación del Estado.
El Consejo de Ministros lo nombra director general de Tesoro y Política Financiera en sustitución de Carla Díaz, nueva presidenta del FROB
Financiación
El Consejo de Ministros lo nombra director general de Tesoro y Política Financiera en sustitución de Carla Díaz, nueva presidenta del FROB
Cambios en el equipo económico del Gobierno. Una semana después del nombramiento de Carla Díaz Álvarez de Toledo como presidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para los próximos cinco años, el Consejo de Ministros ha designado a Pablo Sánchez-Blanco Mancera nuevo director general del Tesoro y Política Financiera, el organismo responsable de la gestión de la deuda pública y de buena parte de la regulación financiera. Sánchez-Blanco trabajará junto a la secretaria general del Tesoro y Financiación Internacional, Paula Conthe, en el diseño y ejecución de la estrategia de financiación del Estado.
Sánchez-Blanco, un técnico con más de dos décadas de experiencia en supervisión bancaria y regulación financiera, ocupaba desde mayo de 2023 un puesto de experto en la Subdirección General de Legislación Financiera del propio Tesoro. Desde allí ha participado en la elaboración de normas sobre entidades financieras y protección de los usuarios de servicios financieros. También ha representado a España en el grupo de expertos del G20 y la OCDE sobre protección financiera del consumidor y participó en la negociación técnica del paquete bancario europeo durante la presidencia española de la Unión Europea.
La mayor parte de su carrera profesional se ha desarrollado en el Banco de España. Entre mayo de 2020 y abril de 2023 fue jefe de la División de Conducta del Departamento de Conducta de Entidades, donde coordinó programas de supervisión dirigidos a la alta dirección de las entidades y diversos proyectos transversales, incluido el equipo de análisis de datos del departamento.
Anteriormente, entre 2014 y 2020, estuvo al frente de la Unidad de Inspección del mismo departamento. En esa etapa participó en el diseño e implantación del marco de supervisión de conducta del Banco de España e impulsó la incorporación de herramientas de análisis basadas en técnicas de aprendizaje automático. También representó a la institución en distintos foros internacionales y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).
Entre 2001 y 2014 fue inspector de entidades de crédito en la Dirección General de Supervisión del Banco de España, donde trabajó en la validación de modelos internos de riesgo, gobierno corporativo y remuneraciones, además de participar en inspecciones presenciales a entidades financieras. Antes desempeñó funciones técnicas en la unidad de Gestión de Activos Exteriores del supervisor y trabajó en CaixaBank, Ibercaja y Argentaria Portugal.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta además con formación especializada en mercados financieros y derivados por la UNED y un diploma de alta especialización en blockchain por la Universidad Complutense de Madrid. También es auditor de cuentas inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
Con su llegada al Tesoro, el Ministerio de Economía culmina el relevo de dos de los principales puestos de la arquitectura financiera del Estado tras el desembarco de Díaz al frente del FROB. En paralelo, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció la semana pasada que retomará tras el verano la tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un organismo llamado a canalizar las reclamaciones de los usuarios frente a las entidades financieras sin necesidad de acudir a los tribunales. El proyecto lleva cuatro años pendiente de aprobación.
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