Vuelve la inflación, si es que alguna vez se había ido. Compañera inseparable de las guerras, alcanzó valores de otro siglo con la invasión de Ucrania y, cuando parecía controlada, es detonada de nuevo con la de Persia. Hace las mismas falsas pausas que el conflicto, pero empieza a generar ya la inevitable metástasis más allá de la energía, y aunque los guardianes de la estabilidad de los precios han reaccionado ahora mejor que en 2022, nadie evitará un nuevo impasse en la economía. Que sea pasajero o dilatado dependerá de la firmeza de las decisiones de los bancos centrales, pero también del sacrificio compartido de quienes determinan el resto de los costes y los márgenes de la actividad, dejando de lado la enfermiza indexación de la economía.
La batalla de los bancos centrales precisa la ayuda de los gobiernos y quienes determinan los costes y los márgenes
Vuelve la inflación, si es que alguna vez se había ido. Compañera inseparable de las guerras, alcanzó valores de otro siglo con la invasión de Ucrania y, cuando parecía controlada, es detonada de nuevo con la de Persia. Hace las mismas falsas pausas que el conflicto, pero empieza a generar ya la inevitable metástasis más allá de la energía, y aunque los guardianes de la estabilidad de los precios han reaccionado ahora mejor que en 2022, nadie evitará un nuevo impasse en la economía. Que sea pasajero o dilatado dependerá de la firmeza de las decisiones de los bancos centrales, pero también del sacrificio compartido de quienes determinan el resto de los costes y los márgenes de la actividad, dejando de lado la enfermiza indexación de la economía.
El daño infligido por la primera y la segunda guerra de esta década a la economía mundial persistirá más allá del ruido de las armas. La inflación es un fenómeno acumulativo y como tal mina la capacidad de las rentas para siempre, porque los paliativos para contrarrestar sus efectos nunca corrigen todo el daño. A nadie que maneje las finanzas de su hogar se le hará creer que el encarecimiento descomunal de la alimentación es pasajero y que será absorbido, por muchos incrementos que tenga en su renta ni por hipotéticas deflaciones de los productos que componen la dieta. Hay que recordar que la inflación acumulada desde 2021 hasta ahora (agosto de 2026) supera el 26%, pero la de la alimentación salta por encima del 36%.
Otro tanto ocurre con los precios del ocio, restaurantes y hoteles, que acumulan en el mismo periodo un 33,6%, según Estadística, un impulso que tiene que ver mucho con la subida de los inputs del negocio, pero mucho más con las alzas no justificadas técnicamente y amparadas por las empresas que manejan la oferta en la exuberancia de la demanda. Y entre alimentos, restaurantes y hoteles copan nada menos que un tercio largo del peso del Índice de Precios de Consumo, y alcanza la mitad si le sumamos el transporte.
Esta rúbrica ha registrado subidas muy cercanas al 30% en los últimos cinco años por el precio de la energía, de la que España, y casi toda Europa, es muy dependiente. Su volubilidad permite muchas veces contracciones que neutralizan las subidas originales. Pero, eso sí: se trata de unos productos que, aunque funcionan con la elasticidad de una goma y se excluyen del núcleo duro de la inflación, inoculan lentamente al resto de bienes y servicios y mantienen elevada la inflación subyacente, la referencia que la autoridad monetaria vigila para conducir sus políticas, y que los agentes económicos deberían considerar para tomar las decisiones sobre rentas, costes, márgenes y precios, pero no lo hacen.
Ahora, tras seis meses de guerra en el Golfo Pérsico y con la sonda que alimenta de energía a buena parte del mundo obstruida, la inflación ha pegado un salto que amenaza con cronificarse en todo el mundo, como lo hizo en 2022 y 2023. En España ha vuelto al 4,3%, desconocida desde la andanada de la guerra de Ucrania, con la subyacente agarrada al 3%, que, en caso de no ceder en los próximos meses, activará todos los resortes de una economía peligrosa y torpemente indexada, que únicamente engordará la hidra inflacionista y prolongará el problema. Esa tasa subyacente, que es el mejor indicador para saber si la inflación se había ido o no, en España en los últimos cinco años solo ha estado una vez en el 2% (marzo de 2025), el nivel que el BCE consideraría bajo control. El resto, siempre por encima.
La indexación de la economía es un mal endémico de la economía made in Spain, estimulada por el Gobierno, por considerarla el mejor corrector de los desequilibrios de rentas, junto con los impuestos y los subsidios, sin tener en cuenta variables como la productividad, que debería ser respetada siempre para que la economía ganase musculatura. La indexación solo ha sido combatida, o solo condicionada, con la ley de defensa de la competitividad de 2015 para absorber la pérdida frente a Europa desde la entrada en el euro, para que sirviese de corrector real y sustitutivo del sucedáneo de las antiguas devaluaciones.
Pero tal ley, que no ha sido derogada pero tampoco honrada, de aplicarse, habría obligado a congelar todos los precios y costes de carácter público en los últimos cinco años. El índice de garantía de la competitividad, elaborado por el INE, ha marcado valores negativos en los últimos 29 meses y en 36 desde 2021, pero su aplicación práctica no existe, salvo en determinados contratos públicos a discreción del Ejecutivo.
Por convicción ideológica el Gobierno es un agente activo de la indexación en materia salarial, tanto con las alzas de los sueldos de los funcionarios como del salario mínimo o la revalorización de pensiones, con un efecto contagioso sobre el comportamiento de los sueldos privados. La ha practicado los últimos ocho años con vehemencia, independientemente de las tasas de inflación que se generasen en la actividad y en el consumo, y volverá a hacerlo otra vez para utilizarla para camelar voluntades en el ciclo electoral que se avecina. Además, hasta ahora, activar las rentas nominales ha devuelto unos réditos espectaculares para el Gobierno en recaudación de impuestos y cotizaciones, que han marcado récord tras récord desde 2021.
Y como es celoso de la indexación a conveniencia, recibe un generoso segundo dividendo en forma de ingreso fiscal negándose a deflactar tarifa y deducciones de todos los impuestos. Mientras en varios países europeos es obligada la deflactación, sea cual sea el nivel de los precios, en España es solo un anhelo de los contribuyentes. Pero el beneficio gubernamental de la inflación no queda ahí, ya que reduce la deuda pública relativa. Lo hemos escrito varias veces en el agua: la inflación es la mejor amiga del Gobierno.
En el caso de los salarios, los pactos han corrido detrás de los precios, los han estimulado y no han logrado mantener el poder de compra, ni siquiera aplicando unas cláusulas de revisión menguantes y poco efectivas. Este año, como ya pasó en 2022 y 2023, pretenden las centrales reabrir incluso el arcano de las revisiones salariales semestrales como las practicadas en los setenta y ochenta para corregir la pérdida de inflaciones de doble dígito, y que no eran otra cosa que motores de los costes, y, por tanto, levadura para los precios.
Una política salarial que combata la inflación debe asumir parte de la pérdida de renta para recuperarla vía productividad cuando se estabilicen los precios. Debe contribuir, como las decisiones de los empresarios en la determinación de márgenes y precios, a anclar expectativas bajistas de la inflación. Un ejercicio que debe ser cumplimentado para ser realmente efectivo y equitativo, con estabilidad en los impuestos (la subida que sobrevuela Europa sobre petróleo y gas sería inflación en vena) y control riguroso del gasto público.
Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal, advertía siempre que para domeñar la inflación era preciso anclar expectativas bajistas creíbles, y que solo se lograría con rigurosa restricción monetaria de los bancos centrales y con decisiones coherentes y en el mismo sentido de todos los agentes económicos, incluidos los gobiernos. Todos los gobiernos.
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