Recta final para el diseño de las infraestructuras energéticas de la próxima década. El Gobierno se dispone a dar luz verde antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a la planificación de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, un plan estratégico clave para el desarrollo económico del país que movilizará una cifra récord superior a los 17.000 millones de euros. Como paso previo decisivo en sede parlamentaria, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, comparecerá el próximo jueves 12 de noviembre a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para exponer los detalles de este despliegue, según el orden del día presentado este viernes.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica defenderá la planificación de redes hasta 2030 el 12 de noviembre en la Diputación Permanente tras presentarla a todas las CCAA y superar todos los trámites necesarios, incluida la evaluación de impacto ambiental
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica defenderá la planificación de redes hasta 2030 el 12 de noviembre en la Diputación Permanente tras presentarla a todas las CCAA y superar todos los trámites necesarios, incluida la evaluación de impacto ambiental
Recta final para el diseño de las infraestructuras energéticas de la próxima década. El Gobierno se dispone a dar luz verde antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a la planificación de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, un plan estratégico clave para el desarrollo económico del país que movilizará una cifra récord superior a los 17.000 millones de euros. Como paso previo decisivo en sede parlamentaria, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, comparecerá el próximo jueves 12 de noviembre a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para exponer los detalles de este despliegue, según el orden del día presentado este viernes.
La aprobación inminente se produce tras haber culminado un complejo recorrido administrativo y técnico. Según señalan fuentes al tanto de la situación, el Ejecutivo ya cuenta con la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) favorable que requería el documento definitivo. Asimismo, el ministerio ha cerrado las preceptivas rondas de interlocución y presentación con todas las comunidades autónomas, despejando el último tramo institucional para su adopción formal por el Consejo de Ministros antes de la disolución de las responsabilidades legislativas ordinarias. En general, la acogida por parte de los territorios ha sido positiva, pero comunidades como Aragón o Madrid han mostrado ciertos reparos en los últimos meses.
Cumplir este calendario era uno de los compromisos prioritarios fijados por el gabinete antes de los comicios del 29-N. La propia Aagesen ya definió este plan como “la mayor inversión en redes de la historia” de España, tras elevarse en un 30% respecto a los 13.600 millones previstos inicialmente en la propuesta de audiencia pública y situarse un 144% por encima de la planificación aún vigente. Este incremento económico fue el resultado de incorporar y analizar 2.566 alegaciones procedentes de agentes sectoriales y administraciones territoriales.
No obstante, en el sector eléctrico y también en la Administración hubo dudas sobre si había tiempo suficiente para aprobar dicha planificación una vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fijó la fecha de las elecciones generales. Sobre todo, existía la duda jurídica de si la Diputación Permanente servía para el trámite de someter este plan de inversión estratégico en redes al parlamento, algo que finalmente ha quedado despejado de forma positiva.
El calendario no solo responde a la voluntad política del Ejecutivo, sino también a una insistente demanda del tejido corporativo. Fuentes empresariales confirman que las grandes eléctricas —entre ellas Iberdrola, Endesa, Naturgy o EDP— urgían a cerrar la planificación antes de la cita con las urnas. En el sector existía el fundado temor de que un eventual cambio de signo político o la prolongada interinidad de una nueva administración pudiera dilatar la aprobación durante meses o incluso modificar los planes de inversión, que supondrán un coste en los peajes de la factura eléctrica. Un parón en la red troncal de transporte habría provocado un efecto dominó de graves retrasos sobre los planes de inversión en las redes de distribución y baja tensión, cuya ejecución corresponde a las distribuidoras para dar suministro directo a hogares, pymes y nuevos desarrollos urbanísticos.
A diferencia de planificaciones precedentes, volcadas casi en exclusiva en evacuar generación renovable, el gran vector del nuevo esquema es la demanda, que acapara el 41% de las propuestas atendidas, por delante de la generación (40%) y el almacenamiento (19%). El incremento del apetito por electrificar nuevos centros de datos, cadenas industriales, electrolizadores y movilidad sostenible ha disparado las necesidades técnicas: el documento final contempla 300 posiciones de conexión a la red de distribución (un 52% más) y 162 para consumo industrial directo (+12%). Asimismo, se han reforzado un 75% los nodos de conexión para ejes ferroviarios y descarbonización de puertos.
El despliegue físico resultante proyecta 193 subestaciones eléctricas (+17%), el tendido de 6.706 kilómetros de nuevas líneas (+11%) y la repotenciación de otros 8.164 kilómetros de cableado existente. Con el blindaje ambiental y autonómico resuelto, el Ejecutivo busca garantizar un marco de certidumbre regulatoria e inversora indispensable para evitar cuellos de botella en la transición energética nacional.
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