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  Economía  El Gobierno entierra el registro horario pese a las promesas de aprobarlo antes de las elecciones
Economía

El Gobierno entierra el registro horario pese a las promesas de aprobarlo antes de las elecciones

18 de noviembre de 2026
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El 10 de septiembre del año pasado, el Congreso rechazó la promesa estrella del pacto de gobierno de PSOE y Sumar, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Tras la votación, en conversación con los periodistas, Yolanda Díaz ponía el foco en otro horizonte: salvaría la parte del proyecto que podía aprobar por decreto, el refuerzo del registro horario. Entonces, en su ministerio incluso trasladaban que ese control digital de la jornada de trabajo (auditado por Inspección) podía reducir más la jornada efectiva que la propia contracción por ley. 14 meses después, a dos reuniones del Consejo de Ministros de que acabe la legislatura, todo apunta a que esta política no prosperará.

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 La Moncloa admite que no está previsto y Yolanda Díaz critica con dureza al PSOE por incluir esta política en su programa en lugar de aprobarla en el Consejo de Ministros  

El 10 de septiembre del año pasado, el Congreso rechazó la promesa estrella del pacto de gobierno de PSOE y Sumar, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Tras la votación, en conversación con los periodistas, Yolanda Díaz ponía el foco en otro horizonte: salvaría la parte del proyecto que podía aprobar por decreto, el refuerzo del registro horario. Entonces, en su ministerio incluso trasladaban que ese control digital de la jornada de trabajo (auditado por Inspección) podía reducir más la jornada efectiva que la propia contracción por ley. 14 meses después, a dos reuniones del Consejo de Ministros de que acabe la legislatura, todo apunta a que esta política no prosperará.

Fuentes de Moncloa sostienen que “no está previsto” que la medida sea aprobada antes del 29-N. El PSOE, explican, lo ha incluido en su programa electoral, pero para la próxima legislatura, ahora no está encima de la mesa de la parte socialista del Gobierno, que es la que dirige la política económica, llevar esta cuestión a los dos consejos que quedan, aunque Yolanda Díaz ha dejado claro que seguirá presionando para intentarlo.

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El asunto se ha agitado en las últimas horas, a raíz de la publicación del programa electoral del PSOE. Los socialistas prometen “implantar un registro horario digital fiable, que recoja las jornadas laborales reales, haciendo efectivo el derecho al descanso y la desconexión digital y reforzar la Inspección de Trabajo para perseguir los incumplimientos”. El lunes por la mañana, Díaz compartió en Bluesky ese extracto con el siguiente mensaje: “Si quieren aprobar el registro horario el decreto está listo y podemos hacerlo ya”.

Después abundó en el mismo mensaje en una entrevista en La Sexta —en la que acusó a los socialistas de “boicotear” la medida— y ha ido más allá este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sentada junto a tres ministros socialistas. “No doy crédito a que el PSOE lleve en su programa el registro horario, como le dije esta mañana al ministro de Hacienda. Lleva un año listo para ser aprobado, si quieren este mismo viernes”, ha dicho Díaz. Tras esta intervención, fuentes de Moncloa consultadas por EL PAÍS trasladan que “no está previsto” que esta política llegue al Consejo de Ministros antes de las elecciones, y que es un proyecto para después, si logran reeditar la mayoría progresista.

El enfrentamiento de Díaz con el PSOE por este asunto viene de hace meses. Uno de los episodios más importantes se dio en marzo, cuando el Consejo de Estado emitió un dictamen muy desfavorable al decreto. En opinión de Trabajo, esa valoración se sustentaba, principalmente, en el análisis del proyecto que emitió Economía, circunstancia que entonces criticó Yolanda Díaz: “A pesar de los intentos del Ministerio de Economía, vamos a seguir adelante con el nuevo registro horario”, dijo la vicepresidenta segunda. Esos días también afirmó: “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”.

El órgano consultivo criticó la falta de adecuación por sectores de la medida, la carga extra para pymes y que el proyecto invada terreno legislativo, pese a tratarse de un reglamento. Además de Economía, Función Pública y Protección de Datos también criticaban distintos elementos del proyecto

El tono se fue moderando en los meses siguientes, e incluso se anunció un acuerdo en julio entre Economía y Trabajo en el que se comprometían a aprobar esta política en septiembre. Era una respuesta del Gobierno al ultimátum que emitieron los sindicatos, que avisaron de que no pactarían más con el Ejecutivo si no fructificaba el nuevo registro horario. Cuerpo y Díaz incumplieron ese compromiso, pero entonces la titular de Trabajo no criticó al PSOE. No lo hizo hasta este lunes, una vez anunciada la retirada de su candidatura a liderar la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, a dos reuniones del Gabinete del 29 de noviembre, Díaz insiste en hay margen para aprobar este reglamento.

El registro horario es exigible a las empresas desde 2019, introducido por el entonces gobierno en solitario del PSOE. Trabajo plantea que sea obligatoriamente digital (ahora se puede realizar en papel) y accesible de forma directa por Inspección, de manera que los inspectores puedan vigilar en tiempo real el cumplimiento de esta materia.

Trabajo venía advirtiendo que haría algunos cambios técnicos en el texto para atender a las críticas del Consejo de Estado, que no modificarían el espíritu de la norma pactada con los sindicatos. Entre otros aspectos, Economía y Trabajo diferían sobre el periodo de adaptación que concederá la norma, con Díaz a favor de seis meses y Carlos Cuerpo de un año.

La patronal rechaza frontalmente esta medida y considera (como el Consejo de Estado) que el decreto invade terreno legislativo, y que se debería discutir en el Parlamento. De ahí que haya anunciado que, de ser aprobado así en el Consejo de Ministros, judicializará el asunto. Y eso que el proyecto está muy lejos del que originalmente pretendía aprobar el ministerio: planteaba un aumento de las sanciones a las empresas, con castigos por empleado en vez de por compañía. Ese planteamiento se acabó descartando por necesitar respaldo legislativo.

Los asalariados españoles hacen de media 6,43 millones de horas extraordinarias semanales, según cálculos del gabinete económico de CC OO a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa. Pero, a pesar de que lo exige la ley, los empresarios no compensan cuatro de cada diez de estas horas (2,54 millones), algo que sí hacen con el resto (3,89 millones).

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