Nuevo choque en el seno del Gobierno de coalición. El Consejo de Ministros de este martes tiene previsto aprobar la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, uno de los hitos del Plan de Recuperación con los que tiene que cumplir España ante la Comisión Europea antes de que termine el año. En este contexto de urgencia, Sumar ha trasladado al PSOE una propuesta que contempla penalizaciones a las empresas que hayan recibido ayudas públicas y se deslocalicen a países extracomunitarios. El objetivo, apuntan fuentes del socio minoritario del Ejecutivo, es evitar regar con dinero público a compañías que abandonan España porque les sale más barato producir en otras jurisdicciones en las que, por ejemplo, los costes laborales son menores. Sin embargo, lamentan estas fuentes, a pocas horas de que el plan se debata en el Consejo de Ministros, en Moncloa no parecen haber recogido el guante.
El Consejo de Ministros aprobará este martes la Ley de Industria y Autonomía Estratégica. El socio minoritario del Gobierno plantea que las empresas que se vayan a otra jurisdicción extracomunitaria devuelvan las ayudas de Estado recibidas
Nuevo choque en el seno del Gobierno de coalición. El Consejo de Ministros de este martes tiene previsto aprobar la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, uno de los hitos del Plan de Recuperación con los que tiene que cumplir España ante la Comisión Europea antes de que termine el año. En este contexto de urgencia, Sumar ha trasladado al PSOE una propuesta que contempla penalizaciones a las empresas que hayan recibido ayudas públicas y se deslocalicen a países extracomunitarios. El objetivo, apuntan fuentes del socio minoritario del Ejecutivo, es evitar regar con dinero público a compañías que abandonan España porque les sale más barato producir en otras jurisdicciones en las que, por ejemplo, los costes laborales son menores. Sin embargo, lamentan estas fuentes, a pocas horas de que el plan se debata en el Consejo de Ministros, en Moncloa no parecen haber recogido el guante.
Según trasladan desde Sumar, la formación está presionando al PSOE “para que incorpore a este proyecto la obligación de que las empresas devuelvan el dinero de las ayudas recibidas por parte del Estado cuando haya deslocalizaciones”, por ejemplo, las vinculadas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o al Mecanismo RED. Asimismo, Sumar plantea que a estas empresas se les prohíba, en los casos de deslocalización, “acceder a medidas de flexibilidad laboral”, como los despidos colectivos, la modificación sustancial de condiciones de trabajo o la inaplicación de condiciones de trabajo previstas en convenio colectivo.
En el PSOE, creen desde Sumar, rechazan todas estas propuestas por miedo a que las empresas que estudian ir a España vean en la normativa una barrera a la movilidad. Sin embargo, añaden estas fuentes, “creemos que es vital incluir este tipo de penalizaciones porque hay mucha empresa que obtiene recursos públicos y que luego se va, lo que implica una pérdida de empleo y de beneficio económico en el territorio”. En la memoria, añaden desde la formación que encabeza Yolanda Díaz, está la multinacional francesa de vidrio Saint-Gobain, que anunció hace unos meses su decisión de cerrar la división Sekurit de su factoría de Avilés (Asturias), dedicada a la fabricación de parabrisas para coches y que daba empleo aproximadamente a 160 trabajadores.
A la espera de cómo marchen las últimas negociaciones, el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde este martes al proyecto de ley, cuya versión inicial fue presentada a finales de 2022 por la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto. Desde el departamento liderado por el actual titular del ramo, Jordi Hereu, han seguido los trámites para la aprobación, destacan que se trata de una normativa “histórica” y recalcan que ha sido elaborada en colaboración con los agentes sociales. El texto, han dicho en varias ocasiones desde Industria, marcará un hito al convertirse en la primera ley sectorial del siglo XXI, reemplazando la legislación vigente desde 1992. Durante los últimos días, detallan desde Sumar, se ha arrancado al PSOE “incluir el principio de condicionalidad en la política industrial, rebajar los límites para la devolución de las ayudas recibidas e impulsar la centralidad de la transición ecológica en la política industrial”. Aunque la negociación se encuentra en una fase avanzada, “Sumar lamenta que aún no exista acuerdo a falta de un día para su debate en el Consejo de Ministros”.
La normativa prevé institucionalizar los proyectos industriales estratégicos, que serán aquellos que cumplan al menos uno de los tres requisitos siguientes: que se trate de un volumen de inversión relevante por parte de una empresa o un conjunto de empresas que formen parte de un Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica); que se trate de un proyecto en una actividad que ofrezca una ventaja competitiva para el país o que sirva para solucionar un problema de desindustrialización. También propone la implantación de los Perte como un elemento estructural y no como una herramienta puntual de apoyo a la industria, como lo es ahora.
La ley incluye también la creación de la “Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica”, unas directrices generales que señalan hacia donde deberá de dirigirse la política industrial durante seis años. Dentro de ella, habrá dos planes estatales de tres años cada uno, que serían programas concretos con medidas, recursos y procedimientos específicos de apoyo a la industria. Además, se crea un nuevo consejo estatal de política industrial, un órgano consultivo y de asesoramiento para la coordinación entre los distintos ministerios.
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