El Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelar que Santa Bárbara solicitó en la batalla judicial que emprendió contra Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). El alto tribunal se opone a suspender las ayudas públicas de 3.002 millones de euros que el Gobierno concedió a esta unión temporal de empresas (UTE) para prefinanciar los dos programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar, cuyos contratos ascienden a 7.240 millones de euros en conjunto.
Santa Bárbara solicitó la medida cautelar en el marco del recurso contra estos programas por valor de 7.240 millones, a los que también aspiraba
Santa Bárbara solicitó la medida cautelar en el marco del recurso contra estos programas por valor de 7.240 millones
El Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelar que Santa Bárbara solicitó en la batalla judicial contra Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Esto significa que el alto tribunal se opone a suspender las ayudas públicas de 3.000 millones de euros que el Gobierno concedió a la unión temporal por ambas empresas para prefinanciar los dos programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar, cuyos contratos ascienden a un valor de 7.240 millones de euros en conjunto.
Santa Bárbara, propiedad de General Dynamics European Land Systems, solicitó la nulidad de los préstamos y de todos aquellos preceptos relacionados con dicha concesión, así como la suspensión de todos los procedimientos y actos administrativos subsiguientes dictados en ejecución de los anteriores, al entender que el procedimiento no se realizó de forma correcta. Según indicó en su recurso, “no ha sido ni tan siquiera invitada al procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia que tramita el MINDEF [Ministerio de Defensa] para la adjudicación de los citados programas especializados de modernización (PEM)”.
En este contexto, la compañía solicitó la suspensión cautelar de los préstamos mientras se resuelve el fondo del asunto. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que no se dan los requisitos para aplicar una medida cautelar. Entre otros argumentos, la Supremo señala que que los perjuicios alegados “no pasan de ser una mera alegación carente de prueba que lo avale”. En este sentido, indica que no ha acreditado que la ejecución del Real Decreto por el que se aprobó las ayduas “le pueda ocasionar perjuicios inminentes, ni menos aun que éstos sean de difícil o imposible reparación”.
La resolución del Supremo, que se ha dado a conocer este lunes, supone un nuevo varapalo para Santa Bárbara en su batalla contra Indra por el dominio de la industria militar terrestre nacional. La semana pasada, el Ministerio de Defensa rechazó el recurso de alzada que presentó la filial de la estadounidense General Dynamics contra la asignación de estos dos contratos en el marco de los Programas Especiales de Modernización, que el Ejecutivo lanzó para disparar el gasto militar hasta el equivalente al 2% del PIB.
Los contratos de estos obuses autopropulsados sobre ruedas y cadenas eran los programas más jugosos dentro de los PEM en el ámbito militar terrestre, para el que Santa Bárbara propuso su modelo Némesis, el cual presentó el año pasado junto a su socio KNDS en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef). Sin embargo, el Gobierno decidió otorgar a Indra y EM&E estos contratos por cuestiones de “seguridad nacional” y la supuesta “falta de competencia” en este ámbito, tal y como señaló en una respuesta al grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados.
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