Si el Gobierno, y sólo el Gobierno, no rectifica, el 1 de noviembre de 2027 se clausurará el primer reactor de la central nuclear de Almaraz, en contra de la oposición política y ciudadana explicitada en acuerdos parlamentarios y manifestaciones públicas, incluidos sindicatos y los alcaldes socialistas de la zona, iniciando con ello la clausura de los siete reactores nucleares existentes en España, siguiendo un calendario escalonado que llega hasta 2035 con el cierre de Trillo. El Gobierno hizo suyo el calendario de cierre firmado, en marzo de 2019, por las empresas dueñas de las centrales y Enresa, empresa pública encargada del desmantelamiento, al incluirlo en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) aprobado en marzo de 2021.
Somos el único país del mundo que clausura plantas de este tipo cuando el resto de Europa las abre o prorroga
Si el Gobierno, y sólo el Gobierno, no rectifica, el 1 de noviembre de 2027 se clausurará el primer reactor de la central nuclear de Almaraz, en contra de la oposición política y ciudadana explicitada en acuerdos parlamentarios y manifestaciones públicas, incluidos sindicatos y los alcaldes socialistas de la zona, iniciando con ello la clausura de los siete reactores nucleares existentes en España, siguiendo un calendario escalonado que llega hasta 2035 con el cierre de Trillo. El Gobierno hizo suyo el calendario de cierre firmado, en marzo de 2019, por las empresas dueñas de las centrales y Enresa, empresa pública encargada del desmantelamiento, al incluirlo en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) aprobado en marzo de 2021.
Y lo mantuvo en la actualización del Plan de septiembre de 2024, a pesar de los diferentes cambios que introdujo en él, como el objetivo de conseguir una independencia energética del 50% frente al actual 30%, reduciendo así importaciones de gas y de petróleo, lo que redundará en una menor emisión de CO2. Conseguir ese objetivo de independencia energética en 2030, manteniendo el cierre nuclear, exige un incremento de las energías renovables en el consumo final (transporte, etc.) y, sobre todo, en la generación eléctrica, pasando del 74% previsto al 81% tras la actualización. Hoy ya podemos afirmar que esos objetivos son imposibles de alcanzar.
Sugiero, pues, que, con lo aprendido tras el apagón, en los tiempos turbulentos que vivimos y de acuerdo con los nuevos objetivos marcados en la actualización del PNIEC, el Gobierno rectifique posponiendo, o eliminando, el calendario de cierre de la nuclear. Con ello, además de alinearnos con la política comunitaria, dejaremos de ser el único país del mundo que, en contra de una recomendación explícita del informe Draghi, cierra nucleares cuando el resto de Europa está abriéndolas o prorrogando su vida útil, de acuerdo con las conclusiones de la COP 28, que reconoció el papel esencial de la nuclear en la lucha contra el cambio climático. La sugerencia es todavía más importante cuando vivimos en medio de un desorden mundial donde cierres como el del estrecho de Ormuz u otros eventos similares con impacto sobre el suministro y el precio del gas o el petróleo que importamos no pueden estar excluidos.
La energía nuclear supone un 20% de nuestra generación eléctrica y así debe seguir si la intención es electrificar aún más la economía con renovables. Pero debemos hacerlo respetando las leyes de la física sobre la estabilización de la tensión en las redes, para lo que la nuclear es clave, al ser síncrona y continua. Porque nuclear y renovables no son alternativas, como a veces se presenta, sino que deben ser complementarias para estabilizar el sistema e incrementar la autonomía energética de España.
Entonces, ¿por qué las empresas dueñas pidieron cerrarlas y el Gobierno lo aceptó? La posición antinuclear del actual Ejecutivo se manifestó desde el principio: recién nombrada ministra en junio de 2018, Teresa Ribera ya declaró “su convicción clara” de que el cierre de las nucleares era “obvio” e implícito por ser unas energías “peligrosas” y “anticuadas”, poniéndolas al nivel del carbón. En ese momento, su objetivo declarado era dejar que cumplieran los 40 años de vida útil tecnológica antes de proceder al cierre, tal y como figuraba en el programa electoral del PSOE para 2016, que yo, todavía, coordiné.
Sin embargo, pronto empezó el Gobierno a tomar decisiones para incrementar la carga fiscal soportada por las centrales nucleares, empezando por la llamada “tasa Enresa”, que el mismo 2019 se incrementó en un 20%. A partir de ahí, según un estudio realizado por PwC, en los últimos cinco años la fiscalidad soportada por el parque nuclear se ha incrementado en más de un 50%, con varias cargas redundantes o sin finalidad justificada. Esto significa que un 40% de los costes totales del parque nuclear hoy está determinado por la carga fiscal que el Gobierno ha ido discrecionalmente aprobando o subiendo. La consecuencia es obvia: con esa sobrecarga tributaria, por encima de la media europea“…la nuclear se queda, a menudo, fuera del mercado cuando el precio mayorista se sitúa por debajo, lo que la coloca ante la disyuntiva de perder dinero o desconectarse temporalmente. Esta realidad, empujada desde un Gobierno antinuclear, es lo que explica la aparente paradoja de que las empresas estuvieran dispuestas a cerrar unas centrales que les generan, de forma artificial, pérdidas. Bastaría con equiparar la fiscalidad sobre las nucleares a la media europea –no digo la francesa– para que volvieran a ser rentables y las empresas a querer alargar su vida operativa.
Con intención, sin duda, de facilitar un cambio de actitud del Gobierno –dado que desde 2016 el mundo entero y la mayoría de los españoles han cambiado su visión sobre la nuclear– y dado que la UE estudia una rebaja impositiva general sobre la electricidad, las empresas solicitaron el 30 de octubre de 2025 que se alargara la vida de Almaraz hasta junio de 2030. Siguiendo el procedimiento, el Gobierno solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) su informe preceptivo sobre si las condiciones de seguridad se mantendrían con dicha prórroga. Esperamos que dicho informe sea positivo, ya que el CSN tiene a dos inspectores destinados de forma permanente en cada reactor y, recientemente, aprobó su informe periódico de seguridad de Almaraz, válido hasta 2030. Con la operación reforzada tras el apagón, es difícil pensar que desde el operador del sistema no se apoyara también dicho alargamiento. Con el informe del CSN, más la petición de las empresas, más la oposición al cierre de trabajadores, empresarios, vecinos e, incluso, del movimiento ecologista internacional WePlanet, el Gobierno estará legitimado para conceder dicho alargamiento, también con el apoyo mayoritario del Congreso. Esperemos que este servicio al interés general de España no quede enturbiado por la turbulenta dinámica política de enfrentamientos que vivimos. A veces el sentido común debe imponerse. Esta debe de ser una de esas ocasiones.
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