El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha celebrado el aplazamiento del debate sobre la reducción de jornada en el Congreso, que este martes confirmaron fuentes del Ministerio de Trabajo. “Ha terminado la segunda temporada, veremos la tercera…”, ha indicado el líder patronal en tono jocoso al inicio de la Asamblea General 2025 que su organización ha celebrado este miércoles en Madrid. Una modulación que se ha oscurecido durante su discurso final, en el que ha acusado al Gobierno de “injerencias” en la negociación colectiva por su voluntad de recoger el recorte de jornada por ley, y de causar “inseguridad jurídica” a las empresas.
El presidente de la CEOE carga contra el Gobierno por sus “injerencias” en el diálogo social y alerta de que el coste del absentismo sobre las empresas subirá un 12,5% en 2025
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha celebrado el aplazamiento del debate sobre la reducción de jornada en el Congreso, que este martes confirmaron fuentes del Ministerio de Trabajo. “Ha terminado la segunda temporada, veremos la tercera…”, ha indicado el líder patronal en tono jocoso al inicio de la Asamblea General 2025 que su organización ha celebrado este miércoles en Madrid. Una modulación que se ha oscurecido durante su discurso final, en el que ha acusado al Gobierno de “injerencias” en la negociación colectiva, y de causar “inseguridad jurídica” a las empresas.
“Déjennos trabajar. La negociación colectiva ya funciona como un mecanismo de comprobada utilidad para fijar las jornadas y los salarios. Regularlo por ley supone una injerencia en toda regla”, ha denunciado Garamendi, quien ha recordado que el diálogo social entre empresarios y sindicatos que se da en España “es la envidia de toda la Unión Europea”. En esa línea, ha alertado de que toda esta situación está teniendo un impacto sobre la firma de los nuevos convenios “que ha caído un 7%” respecto al año pasado. “Ha puesto al país en el punto de mira de los inversores. Se pretende aprobar una norma con efectos económicos imprevisibles. Incertidumbre en vena”, ha añadido. Según los cálculos de la CEOE, la entrada en vigor de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales supondría para las empresas un gasto de 23.000 millones de euros.
Antes de su intervención final, una representante de Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución), ha felicitado a Garamendi, a Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana Foment del Traball (que ha influido sobre Junts para que se manifieste totalmente en contra de la medida, hasta el punto de plantear una enmienda a la totalidad), y a Miguel Garrido, de CEIM, por “el trabajo conjunto” que ha dado como resultado la paralización de la aprobación de la modificación legal. “No podemos bajar la guardia, volverán a las andadas en septiembre”, ha terminado su intervención. “Ha terminado la segunda temporada, veremos la tercera”, le ha respondido el mandatario.
En su intervención final Garamendi también ha cargado duramente contra la situación política que atraviesa el Gobierno por los supuestos casos de corrupción de sus dos últimos secretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y ha querido evitar el señalamiento de las empresas como “corruptoras”. “No nos podemos permitir como país ningún grado de corrupción en ningún ámbito, y aquellos que la practican deben pagar por ello. Tengo que decir alto y claro que no comparto que se diga que las empresas somos las corruptoras. El corruptor es el que tiene el poder y el que lo gestiona”, ha incidido.
Garamendi, que ha vuelto a señalar que le gustaría que las nóminas se pagaran en bruto, también ha abordado el problema que supone para las compañías el aumento continuado del absentismo, a partir del auge de las bajas laborales. El líder patronal ha recordado que este fenómeno supondrá un desembolso de 32.800 millones de euros este año, un 13,2% más que el pasado, de los que “16.000 millones los pagaremos nosotros”. “Hay herramientas necesarias, como aumentar el número de médicos, que venimos reclamándolo, o ampliar la colaboración de las mutuas”, ha sugerido. Garamendi ha reclamado abordar el problema “más allá de debates ideológicos”, para lo que ha propuesto un mejor análisis de los datos.
En el tramo final de su discurso, Garamendi ha celebrado el fallo del Supremo acerca de la indemnización por despido improcedente, en el que elimina la posibilidad de que la reparación económica aumente por vía judicial. “Alguna noticia buena teníamos que tener”, ha dicho.
Aprobación unánime
La Asamblea de CEOE también ha aprobado por unanimidad no solo el resultado de las cuentas de 2024, que cerraron con un superávit de 623.000 euros, muy por debajo de los 4,8 millones de euros de 2023, disparados por los ingresos obtenidos por el Instituto Superior de Estudios Empresariales (ISEE), sino también el presupuesto del actual ejercicio.
Para 2025, la patronal ha previsto unos ingresos de 23.180.000 euros, y una partida de gastos de 22.983.000 ―en el que se incorpora un aumento salarial del 3% para los 121 trabajadores de plantilla de la Confederación―, lo que prevé de nuevo un resultado positivo de 197.000 euros. “2024 ha sido un buen año, con un crecimiento y una contención de gastos que han arrojado un resultado final muy positivo”, ha señalado Julián Núñez, vicepresidente de CEOE.
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