Glovo ha anunciado este miércoles a los sindicatos que pretende ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a un máximo de 750 repartidores de 60 ciudades de España, según fuentes conocedoras de la decisión. La empresa de reparto de comida plantea este despido colectivo menos de un año después de culminar su transición a un modelo asalariado, tras años de presión del Gobierno y de la justicia para que abandonase su esquema de falsos autónomos. En julio del año pasado la plantilla de repartidores asalariados rondaba los 14.000 repartidores.
La empresa culminó en verano del año pasado el giro a un esquema asalariado, tras abandonar el modelo de autónomos por la amenaza penal a su máximo dirigente
Glovo ha anunciado este miércoles a los sindicatos que pretende ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a un máximo de 750 repartidores de 60 ciudades de España, según fuentes conocedoras de la decisión. La empresa de reparto de comida plantea este despido colectivo menos de un año después de culminar su transición a un modelo asalariado, tras años de presión del Gobierno y de la justicia para que abandonase su esquema de falsos autónomos. En julio del año pasado la plantilla de repartidores asalariados rondaba los 14.000 repartidores.
La noticia no pilla por sorpresa al sector. CC OO ―el sindicato con más implantación en la empresa― denunció en febrero el desarrollo de un posible ERE encubierto, dada la sucesión de despidos que venían detectando en la compañía. Los responsables de CC OO advirtieron a la empresa de que si no cesaban estas “prácticas antisindicales” y si no se sentaban a negociar mejoras de las condiciones laborales, iniciarían un “calendario nacional” de movilizaciones “a nivel estatal”.
Más allá de los repartidores contratados directamente por Glovo, la empresa también opera con subcontratas. Fuentes del sector calculan que la compañía emplea a unos 21.000 repartidores en España, sumando subcontratas y contratados. Según fuentes conocedoras de la decisión de Glovo, el ERE se relaciona con una contracción de la disponibilidad de la plataforma en algunas ciudades medianas y pequeñas, a complicaciones operativas.
Glovo, el principal actor del reparto de comida en España, peleó durante años para evitar ser una empresa que tenga que pasar por un ERE para hacer grandes ajustes de plantilla. Mantuvo su esquema de repartidores autónomos pese al pronunciamiento del Tribunal Supremo en 2020, que reconocía la laboralidad de la relación de los riders y Glovo. Aunque la posición del alto tribunal dejaba poco margen a la interpretación, el Gobierno quiso reforzar la constatación de que los repartidores debían ser asalariados con un cambio normativo. Lo hizo mediante la ley rider, aprobada en 2021 con el respaldo de las patronales y de los sindicatos.
Antes de la aprobación de esta norma y también después, Inspección de Trabajo impuso multas millonarias a Glovo por su empeño en el uso de falsos autónomos. Pero la clave para el cambio laboral en la compañía llegó después, en enero de 2023. Entonces entró en aplicación una modificación del Código Penal que castigaba con penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a 12 meses a “los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”.
Poco después, Trabajo elaboró un informe que documentaba cientos de casos de repartidores autónomos de Glovo que, en opinión del ministerio, debían ser asalariados. Esa carga documental derivó en una denuncia que recayó en en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, que abrió una investigación. Un día antes de declarar en ese proceso, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores, el jefe de Glovo anunció que su compañía pasaba a un modelo laboral, sin autónomos.
El cambio en Glovo ha sido el anticipo del que ha dado otra gran repartidora de comida en España, Uber Eats. La empresa anunció en enero el fin de su modelo de autónomos, que combinaba con subcontratas. Comunicó que en adelante operaría solo con empresas intermediarias, sin contratación directa, pero siempre con asalariados. Uber Eats dio este paso después de que Trabajo dijese en diciembre que activaría la vía penal contra la empresa si no contrataba de forma inmediata a sus repartidores autónomos.
Entonces, Trabajo también indicó que la investigación de Inspección al modelo de Uber Eats quedaría finiquitada en enero, pero de momento no han trascendido resultados.
Glovo también ha ocupado titulares en las últimas semanas por sus problemas en Italia. Las autoridades del país transalpino, por petición de la Fiscalía de Milán, han puesto bajo supervisión judicial a Foodinho SRL, la filial italiana de Glovo, a la que acusa de explotar a los repartidores. Esta medida implica el nombramiento de un administrador judicial que supervisa y controla la sociedad mientras se investigan los hechos. El control judicial busca poner fin a una situación de ilegalidad y corregirla.
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