Las empresas promotoras y los fondos de inversión inmobiliarios se están encontrando un negocio de construcción de vivienda en alquiler asequible para las Administraciones que irá en aumento. En las últimas semanas se han anunciado licitaciones y concursos para más de 10.000 viviendas en las principales comunidades autónomas, así como en entidades estatales como Sareb y Sepes. En los próximos días se esperan los pliegos de 2.000 casas para menores de 35 años en la Comunidad de Madrid. Ahora llega el turno de que el sector privado valide ese posible negocio mostrando su potencial interés.
El modelo del País Vasco
En el País Vasco, donde se realiza el 23% de toda la vivienda pública construida en España (según datos del propio Gobierno vasco), cuentan con un programa de ayudas para promotoras y constructoras que busca igualmente el fomento del alquiler asequible, en el que incentivan a la iniciativa privada para que, en lugar de construir vivienda para venta, lo haga con el compromiso de destinarla al alquiler protegido (con calificación permanente) durante, al menos, 50 años. Por cada vivienda, la empresa recibe 50.000. Dentro de este programa ya se están construyendo hasta 1.000 viviendas.
Valencia, Madrid y las entidades públicas Sareb y Sepes, entre los últimos en lanzar planes de colaboración con empresas
Las empresas promotoras y los fondos de inversión inmobiliarios se están encontrando un negocio de construcción de vivienda en alquiler asequible para las Administraciones que irá en aumento. En las últimas semanas se han anunciado licitaciones y concursos para más de 10.000 viviendas en las principales comunidades autónomas, así como en entidades estatales como Sareb y Sepes. En los próximos días se esperan los pliegos de 2.000 casas para menores de 35 años en la Comunidad de Madrid. Ahora llega el turno de que el sector privado valide ese posible negocio mostrando su potencial interés.
Una de las fórmulas que las Administraciones han encontrado para poner vivienda a precio asequible (un término que indica alquileres por debajo de mercado) ha sido el de la colaboración público-privada. Habitualmente, el modelo consiste en que la Administración cede suelo por entre 50 y 75 años a las empresas para que construyan edificios residenciales y gestionen el arrendamiento. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, fue pionera con este tipo de programas a los que llamó Plan Vive y en los que han participado empresas como Culmia, Aedas, Avintia, Salas, DeA Capital, Grupo Ferrocarril, Pryconsa o Vía Ágora.
Este tipo de programas son una gota que ponen las Administraciones en la necesidad de vivienda en las grandes urbes (que presiona los precios al alza), que la patronal de los promotores APCE y la consultora Colliers cifran en un déficit de 2,7 millones de casas en 15 años por el crecimiento demográfico y la creación de hogares.
Entre los futuros programas, el Ejecutivo madrileño presidido por Isabel Díaz Ayuso, presumiblemente en enero, pondrá encima de la mesa los pliegos para las 2.000 primeras casas del programa llamado Vive Solución Joven de alquiler a precio asequible para personas de hasta 35 años, confirman desde el Gobierno regional. Se repartirán en parcelas ubicadas en Valdebebas y Los Ahijones, en la capital, y en los municipios de Alcorcón, Colmenar Viejo, Ciempozuelos, Torrejón de la Calzada, Navalcarnero, Móstoles, Tres Cantos y Alcobendas. Con estos pisos, Madrid pretende alcanzar en esta legislatura 10.500 nuevos hogares en colaboración con las empresas y que moverá una inversión privada de 1.250 millones.
La licitación de mayor volumen actualmente la protagoniza Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), entidad controlada en más de un 50% por el Ministerio de Asuntos Económicos a través del FROB. A mediados de octubre, la entidad presidida por Javier Torres sacó a licitación la primera fase, para 3.770 casas, del conocido como Proyecto Viena, que en conjunto prevé construir 12.500 hogares de alquiler asequible.
Ahora, las empresas están estudiando las localizaciones propuestas por Sareb, con el asesoramiento de PwC, para valorar si tiene interés la primera propuesta de este tipo realizada por el conocido como banco malo. Para construir estos inmuebles, la sociedad pública se alía con empresas que deberán invertir alrededor de 460 millones de euros. En este caso, las compañías ganadoras cobrarán las rentas por 80 años, en edificios levantados en suelo en manos de la entidad que están ubicados en 10 comunidades autónomas y 24 provincias, principalmente las que más pesan en el portfolio de Sareb (que recibió los activos en 2012 de las cajas de ahorros con problemas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008).
Otra empresa estatal, Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo) avanza en varios proyectos, entre ellos el de la urbanización del Parque Central de Ingenieros en Valencia, para 438 casas, dentro de un plan de vivienda asequible del Ministerio de Vivienda que movilizará 17.500 casas por todo el país. Sepes también tiene un papel relevante en la futura Operación Campamento de Madrid.
La pasada semana le correspondió a la Generalitat valenciana presidida por Carlos Mazón avanzar en un programa de construcción de 1.500 viviendas en colaboración con el sector privado. En este caso, mediante el sistema de permutas, en el que la comunidad autónoma entrega suelo a promotoras a cambio de un porcentaje de las casas construidas. El primer paso lo realizó la semana pasada en localidades como Albal (Valencia) y Elche (Alicante), a los que se sumarán nuevas licitaciones en 12 municipios entre los que se encuentran Alicante, Gandía, Sant Joan o Valencia.
A finales de noviembre, el Gobierno de Aragón publicó, a su vez, los pliegos de 550 viviendas en diversas parcelas que se suman a otras 520 a punto de adjudicarse en un programa de 1.500 unidades. También recientemente el Govern balear lanzó la primera fase del programa llamado Construir para alquilar, de 1.800 viviendas baratas en Palma, Calvià, Andratx, Santanyí, Sóller y Felanitx, con el mismo modelo de cesión de suelo público a la iniciativa privada. El plan anunciado englobará un total de 4.000 casas.
En noviembre, el Govern de Salvador Illa en Cataluña otorgó a Culmia, a través de la sociedad pública Incasòl, la construcción de 400 casas en su primer plan de vivienda asequible, en las parcelas de la antigua fábrica de motocicletas de Montesa en Esplugues de Llobregat (Barcelona). El objetivo del Gobierno de Cataluña es ampliar el parque público en 50.000 viviendas en 2030, para llegar en 20 años a que el 15% del total del parque tenga la consideración de asequible. “Generar estas 50.000 viviendas públicas para 2030 implica un ritmo de producción que es un reto colosal”, inciden desde la Administración catalana. En este sentido, además de aumentar el potencial de la promoción directa de vivienda, el Govern impulsa políticas de colaboración público-privadas como la de Montesa. Por eso, a través de Incasòl, ha iniciado el programa de promoción delegada de viviendas.
En Andalucía, recientemente se puso la primera piedra de un proyecto en Málaga para 530 viviendas en colaboración con el sector privado, en este caso con los fondos europeos Next Generation, porque se trata de edificios energéticamente sostenibles. Precisamente, desde el sector promotor se considera que los planes que nacen con las ayudas comunitarias son los más atractivos y los que, en principio, no quedarán desiertos.
El modelo del País Vasco
En el País Vasco, donde se realiza el 23% de toda la vivienda pública construida en España (según datos del propio Gobierno vasco), cuentan con un programa de ayudas para promotoras y constructoras que busca igualmente el fomento del alquiler asequible, en el que incentivan a la iniciativa privada para que, en lugar de construir vivienda para venta, lo haga con el compromiso de destinarla al alquiler protegido (con calificación permanente) durante, al menos, 50 años. Por cada vivienda, la empresa recibe 50.000. Dentro de este programa ya se están construyendo hasta 1.000 viviendas.
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