El Gobierno prepara su segundo asalto para intentar aprobar la subida fiscal al diésel que no logró sacar adelante hace dos semanas, cuando el Congreso dio luz verde parcialmente a la reforma tributaria que había diseñado el Ministerio de Hacienda tras una negociación agónica con sus socios. En los próximos días, con la intención de que sea antes de que termine el año, el Ejecutivo llevará a la Cámara baja la equiparación del gasóleo a la gasolina en términos impositivos, lo que supondría encarecer en unos 11 céntimos cada litro repostado y engordar los ingresos públicos en aproximadamente 1.500 millones de euros por año. La cifra, resultado de la propia subida y de los efectos posteriores que esta tendría en el IVA, permitiría al Gobierno cumplir con una de las exigencias que reclama Bruselas para incrementar la capacidad fiscal de España y sanear sus cuentas. Por eso, dada la importancia que tiene la medida, el Ejecutivo está negociando con los aliados parlamentarios para consensuar la fórmula idónea y no poner en peligro su aprobación.
El Gobierno estudia separar la equiparación tributaria del gasóleo a la gasolina de la prórroga del impuesto energético para asegurar el apoyo a la medida. También ultima un decreto para revalorizar las pensiones y de las bases de cotización
El Gobierno prepara su segundo asalto para intentar aprobar la subida fiscal al diésel que no logró sacar adelante hace dos semanas, cuando el Congreso dio luz verde parcialmente a la reforma tributaria que había diseñado el Ministerio de Hacienda tras una negociación agónica con sus socios. En los próximos días, con la intención de que sea antes de que termine el año, el Ejecutivo llevará a la Cámara baja la equiparación del gasóleo a la gasolina en términos impositivos, lo que supondría encarecer en unos 11 céntimos cada litro repostado y engordar los ingresos públicos en aproximadamente 1.500 millones de euros por año. La cifra, resultado de la propia subida y de los efectos posteriores que esta tendría en el IVA, permitiría al Gobierno cumplir con una de las exigencias que reclama Bruselas para incrementar la capacidad fiscal de España y sanear sus cuentas. Por eso, dada la importancia que tiene la medida, el Ejecutivo está negociando con los aliados parlamentarios para consensuar la fórmula idónea y no poner en peligro su aprobación.
En el departamento que dirige María Jesús Montero tienen varios frentes abiertos en la recta final del ejercicio. Por un lado, además del quebradero de cabeza que supone el diésel, trabajan en dar forma a la extensión del impuesto que afecta a las grandes eléctricas, gasistas y petroleras. Esta se pactó in extremis con los socios de izquierdas antes de la votación que tuvo lugar en el Congreso. Además de esto, ultiman una corrección técnica del tributo a la banca, cuya prolongación sí fue aprobada por el grueso de los grupos parlamentarios. Y dada la prórroga presupuestaria para el año 2025, están cerrando el real decreto que recoge, entre otros aspectos, la actualización de las pensiones y de las bases de cotización, que por lo general se incluyen cada ejercicio en las cuentas públicas.
En un principio se había planteado la posibilidad de incluir la equiparación del diésel a la gasolina en el decreto en el que el Gobierno está trabajando de forma paralela para concretar la prórroga del gravamen a las energéticas, que en todo caso incluirá importantes deducciones para favorecer la descarbonización en el sector. Sin embargo, ante las dudas que todavía rodean a esta extensión por el papel crucial de Junts y el PNV en la votación, que previsiblemente tendrá lugar antes del 31 de diciembre, en Hacienda estudian la idea de separar las dos iniciativas, según fuentes conocedores de los trabajos que se están llevando a cabo. Esto aseguraría los 1.500 millones adicionales vinculados a la medida, cruciales para la Comisión Europea.
La semana pasada, Bruselas dio su visto bueno al plan fiscal español para reconducir la deuda pública, pero reclamó palancas adicionales por un valor equivalente al 0,3% del PIB. Dos décimas estarían asociadas al alza de ingresos y otra a una rebaja del gasto. En total, son unos 4.500 millones de euros, de los que una tercera parte correspondería a la eliminación de una serie de beneficios fiscales, otra a una mayor eficiencia en el gasto público y una última a medidas adicionales de la reforma tributaria. Es decir, la citada subida del combustible.
El fin de la ventaja fiscal de la que goza el diésel —que no afectaría al gasóleo profesional— es una vieja demanda de Bruselas que el Gobierno ahora justifica por motivos medioambientales, cuestiones económicas aparte. A comienzos de noviembre, el PSOE pactó con el PNV y Junts llevar a cabo la equiparación, una propuesta que fue ratificada más adelante con la parte minoritaria de la coalición, Sumar, y con el resto de grupos de izquierda que permitieron la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, cuando el Congreso votó la reforma fiscal hace dos semanas, Podemos rechazó sorpresivamente la medida por estar enmarcada en una enmienda que incluía un pequeño cambio que afectaba a las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, conocidas como socimis. Ahora, la formación que lidera Ione Belarra se abre a darle su apoyo siempre y cuando se prorrogue el impuesto a las energéticas, lo que de alguna manera repartiría entre las grandes empresas y los hogares los esfuerzos económicos en descarbonización.
Desde el Ejecutivo ya han trasladado a los socios habituales su intención de impulsar la equiparación fiscal del gasóleo y están estudiando las fórmulas más adecuadas para lograrlo, algo que decidirán en función de la correlación de fuerzas del momento y del calendario, que ya empieza a apretar en la recta final del ejercicio. Aunque todavía no se sabe si la medida se incluirá o no en el decreto que afecta a las grandes energéticas, fuentes gubernamentales avanzan que “por separado” tienen más posibilidades de prosperar. Lo que sí recuerdan es que el gravamen para las eléctricas, gasistas y petroleras se articulará para mantener su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización, por lo que confían en obtener el apoyo del PNV y, sobre todo, de Junts, la formación más reticente con el tributo.
Ajustes técnicos
Ya sea en un real decreto o a través de otro tipo de orden, el Ministerio de Hacienda también tiene previsto aprobar antes de que termine el año una corrección de carácter técnico en el impuesto que recae sobre las entidades financieras y de crédito, cuya prórroga fue respaldada por todos los socios hace dos semanas. Es una cuestión puramente contable que afecta a las empresas, ya que con la redacción actual los bancos registran el pago en las cuentas de un año que no corresponde con el ejercicio fiscal en cuestión. Por ejemplo, el impuesto que afecta a los ingresos de 2024 se carga sobre las cuentas de 2025, un desajuste que ahora se quiere corregir para que coincidan ambos ejercicios. Más allá de este cambio, el impuesto mantendrá el carácter progresivo en función de la cifra de negocios de cada entidad, con un tipo impositivo que oscilará entre el 1% para las empresas más pequeñas y del 7% a partir de los 5.000 millones de euros de ingresos. Las previsiones de recaudación se mantendrá intacta, con un potencial que oscila entre los 1.000 y los 1.500 millones de euros.
En el Gobierno también trabajan en el tradicional decreto de prórroga que se aprueba siempre que hay extensión de las cuentas públicas para así asegurar la subida de las pensiones, que será del 2,8%, y de las bases máximas y mínimas de cotización en 2025. Las máximas subirán el 2,8% correspondiente al promedio anual que registró la inflación entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, más una cuantía fija de 1,2 puntos. Es decir, un 4%, el equivalente a 5.000 euros mensuales. Por su parte, las mínimas quedarán en papel mojado y se actualizarán más adelante con carácter retroactivo, en función de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
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