Ignacio Hernando (Madrid, 33 años) es consejero de Fomento de Castilla-La Mancha desde 2019 y antes fue portavoz del Gobierno y secretario general de las Juventudes Socialistas en esa comunidad autónoma, en cuya capital, Toledo, reside en una vivienda de alquiler. Hernando, a quien el presidente autonómico Emiliano García-Page fichó con 24 años, habla de la vivienda como una emergencia nacional equiparable a cuestiones en las que fue posible un pacto de Estado, como el terrorismo o la violencia de género. “No podemos entender que haya una dificultad tan grave como la que está sufriendo la gente y queramos tirarnos los trastos a la cabeza”, sentencia.
El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha cree que es prioritario construir más, simplificar la gestión urbanística y critica las trincheras políticas que impiden lograr acuerdos
Ignacio Hernando (Madrid, 33 años) es consejero de Fomento de Castilla-La Mancha desde 2019 y antes fue portavoz del Gobierno y secretario general de las Juventudes Socialistas en esa comunidad autónoma, en cuya capital, Toledo, reside en una vivienda de alquiler. Hernando, a quien el presidente autonómico Emiliano García-Page fichó con 24 años, habla de la vivienda como una emergencia nacional equiparable a cuestiones en las que fue posible un pacto de Estado, como el terrorismo o la violencia de género. “No podemos entender que haya una dificultad tan grave como la que está sufriendo la gente y queramos tirarnos los trastos a la cabeza”, sentencia.
Pregunta. Castilla-La Mancha tiene un importante ámbito rural. ¿Qué medidas se han adoptado en esas áreas menos pobladas?
Respuesta. En el entorno rural tenemos que ofrecer soluciones para que la gente pueda seguir echando raíces en su tierra. Son muy importantes las ayudas de 10.800 euros para poder superar lo que es común a todos los jóvenes, que es conseguir la entrada para la casa. Esas ayudas en el entorno rural están funcionando muy bien.
P. Uno de los problemas de estas zonas son las viviendas deterioradas o en ruinas. ¿Qué peso tiene la rehabilitación?
R. Hemos hecho mucha rehabilitación y no solo en áreas despobladas. Los pueblos necesitan dejar de seguir creciendo a lo ancho y recuperar el núcleo. A través de unas ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que se llaman PREE 5000 para municipios de menos de 5.000 habitantes, hemos conseguido rehabilitar viviendas completas. Nosotros inventamos la figura del agente rehabilitador, que es lo que nos ha permitido poder cumplir con el 100% de los fondos europeos en materia de vivienda y con los que vamos a rehabilitar 7.000 viviendas.
P. ¿Tiene datos que corroboran que estas ayudas están funcionando?
R. Sobre todo el número de solicitudes que estamos recibiendo. Nos dieron cinco millones de euros para empezar y a base de ir pidiendo ampliaciones de crédito llevamos ya 60 millones comprometidos. Somos la primera comunidad en estos fondos, seguidos de Cataluña con 45 millones y Castilla y León con 22 millones.
P. ¿Cree que lo que comenta es suficiente para resolver la crisis de la vivienda en la región?
R. El gran objetivo es aumentar la oferta. Tenemos un gravísimo problema de falta de oferta. Ojalá todo el problema se pudiera resolver solamente rehabilitando nuestras casas de los pueblos. Llevamos 15 años sin construir ni una sola vivienda porque hay mucho miedo de las entidades financieras a volver a crear algún tipo de castillo de naipes y, por lo tanto, hay que generar mucha certidumbre para poder ofrecer mucha más oferta sin dogmas de fe.
Ya no valen medidas preventivas, ya no vale la homeopatía, tenemos que ir a cirugía de urgencia en el mercado español de la vivienda, aumentando la oferta de una manera que podamos dar respuesta a lo que está siendo una emergencia nacional.
P. ¿Lo que usted propone entonces es construir más?
R. Aquí no hay una sola varita mágica, pero lo que resuelve el mayor porcentaje del problema es una mayor oferta. Construir, construir y construir. O facilitar el que se construya. Nuestro planteamiento en la última Conferencia de Presidentes consiste en una batería de medidas de simplificación urbanística y medidas administrativas que nos permitan acortar en el tiempo la solución. Lo que decimos es que no haya dogmas de fe, que no haya trincheras. Si ese es el planteamiento, entonces nosotros seguiremos planteando lo que creemos que es mejor para la ciudad y lo que nos está dando soluciones.
P. ¿Y qué les está dando soluciones?
R. Tenemos una hoja de ruta pactada con el sector, el Plan 10.000. De las 10.000 viviendas nuevas que nos hemos planteado como objetivo hace año y medio, llevamos ya más de 4.000 viviendas iniciadas. No podemos entender que haya una dificultad tan grave como la que está sufriendo la gente y que queramos tirarnos los trastos a la cabeza. Yo no tengo todas las soluciones y, es más, tampoco tengo todo el dinero y todo el presupuesto para poder ponerlas en marcha. Miro con admiración y quizá con algo de envidia cuando veo que el Ministerio y la nueva Generalitat de Cataluña llegan a un acuerdo para inyectar 4.400 millones de euros en política de vivienda. Eso me lleva a pensar que al menos en el conjunto de España el Gobierno tiene que inyectar 25.000 millones.
P. En ese plan de 10.000 nuevas viviendas, ¿apuesta por la venta o por el alquiler?
R. Son de ambas modalidades. En realidad, tiene que ser un abanico de soluciones. Por ejemplo, en la ciudad de Toledo, donde tenemos una población flotante importante, hay una mayor demanda para el alquiler. Pero también nos sigue pareciendo muy interesante que haya oferta de viviendas en propiedad porque eso, además, afianza la población y permite a la gente poder echar raíces.
P. Ha hablado de trincheras, ¿ustedes aplicarán los topes a los alquileres de la ley estatal de vivienda?
R. Si funciona se va a aplicar, pero tendrá que ser porque también se está aplicando otra batería de medidas. Si podemos plantear un aumento de la oferta brutal y seguimos manteniendo ayudas al alquiler y la adquisición y con todo y con eso se detecta que se está utilizando esa nueva oferta para especular, entonces ahí sí cabe corregir.
La limitación del alquiler en Barcelona ha supuesto una bajada del 5% en los precios, pero a costa de un 17% menos de oferta. Donde no se ha aplicado la limitación, la caída de la oferta ha sido tan solo del 1,6%.
P. ¿Entonces solo valorarán los topes como último recurso?
R. El conjunto del Estado tiene que aplicar todas las medidas posibles. Y si se demuestra científicamente que el tope del alquiler ayuda a que bajen los precios sin afectar a la oferta, se tendrá que poner en marcha. A día de hoy, no existe ninguna evidencia académica ni científica que nos demuestre que poner topes al alquiler baje el precio sin afectar a la oferta. Aquí el problema está en que a este argumento y a estos datos de la izquierda razonable, contrastada y científica se le achaca estar en contra de la ley de vivienda votada por el PSOE, Esquerra y EH Bildu.
P. ¿Algún ayuntamiento ha mostrado interés?
R. Sí, han mostrado interés el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Cuenca y en el de Azuqueca de Henares. Intentaríamos analizar si científicamente lo que plantean es razonable o no y si no es razonable intentar convencerles de que eviten cometer un error, y si es razonable pues tramitárselo y apoyárselo. Esto no va de dogmas de fe. Yo lo que planteo es que antes de tomar una decisión estudiemos las cosas.
P. ¿Por qué la vivienda se ha convertido en un arma política?
R. La gente no es estúpida, la gente en España es muy lista y sabe distinguir perfectamente quién forma parte de la solución y quién forma parte del problema. Se trata de aportar soluciones. Nosotros le planteamos al Gobierno de España una proposición de ley para evitar la inseguridad jurídica de los que tienen una vivienda que antes era de sus padres y han fallecido o era de un familiar y la tienen los primos.
Planteemos también este debate porque hay quienes desde esa izquierda dogmática no se paran a pensar en esa bolsa de víctimas que sufren los efectos colaterales de la ocupación ilegal. Que no estamos solamente hablando de los grandes tenedores, que aquí también hay mucha gente que no tenemos la costumbre de invertir en el Ibex-35, los españoles no compramos criptomonedas.
P. ¿Cree que es posible un pacto de Estado?
R. Creo que la emergencia nacional que está sufriendo la gente es del suficiente calibre como para poder equipararse con otros problemas que hemos sufrido en el pasado. Los pactos de Estado han tenido que ver con las pensiones, con la violencia contra las mujeres y con acabar con quienes querían hundir la convivencia en España a través del terrorismo y del miedo.
Vamos a recuperar un poco ese espíritu, el consenso de saber que en la política sigue estando la respuesta. Yo creo que la tensión es menos entre siglas y más entre nombres y apellidos. El PP no puede fiarlo todo a un enfrentamiento entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, sino que tiene que dar respuestas a sus ciudadanos y ciudadanas. Y se trata de establecer interlocutores que estén dispuestos a llegar a un acuerdo. El PP y el PSOE están condenados a entenderse.
Feed MRSS-S Noticias