Después de que la invasión de Ucrania disparara los precios del gas en 2022, Europa redobló su apuesta por las energías renovables y las importaciones de EE UU de gas natural licuado. Pero, pese al amplio debate, los políticos europeos nunca resolvieron el principal quebradero de cabeza de aquella crisis: la necesidad de evitar que los altísimos costes de los combustibles fósiles se tradujeran en una electricidad prohibitivamente cara. La posibilidad de que se produzca un retroceso en los compromisos con la energía verde en medio de la actual crisis podría complicar la solución más lógica al problema.
Tácticas como el Mecanismo Ibérico tienen inconvenientes, y lo mejor es acelerar aún más el paso a las renovables
Después de que la invasión de Ucrania disparara los precios del gas en 2022, Europa redobló su apuesta por las energías renovables y las importaciones de EE UU de gas natural licuado. Pero, pese al amplio debate, los políticos europeos nunca resolvieron el principal quebradero de cabeza de aquella crisis: la necesidad de evitar que los altísimos costes de los combustibles fósiles se tradujeran en una electricidad prohibitivamente cara. La posibilidad de que se produzca un retroceso en los compromisos con la energía verde en medio de la actual crisis podría complicar la solución más lógica al problema.
Las centrales de gas suelen marcar el precio de la electricidad en Europa porque son el generador marginal, es decir, el último activo necesario para satisfacer la demanda de energía. Las formas de generación más baratas, como la eólica y la solar, son las primeras en usarse. Pero, una vez el gas entra en la mezcla, suele determinar el precio de equilibrio del mercado por megavatio hora (MWh), lo cual es un problema si ese precio se dispara repentinamente un 90%, como ha ocurrido desde finales de febrero. El gas natural fue el factor determinante del precio de la electricidad en los Estados de la UE el 63% del tiempo en 2022, pese a representar solo una cuota del 20% en la mezcla eléctrica. Ese año, los precios de la electricidad en Europa se han disparado hasta alrededor de 600 euros por MWh, en comparación con un nivel típico en la década anterior de menos de 50.
Los Gobiernos podrían debilitar por la fuerza el vínculo entre los precios del gas y de la electricidad. España lo hizo hace cuatro años a través del Mecanismo Ibérico, que estableció un límite temporal al precio que las centrales de gas podían fijar en el mercado eléctrico. El sistema compensaba a las centrales por la diferencia entre el precio del gas limitado y el precio de mercado, y luego recuperaba parte de estos costes mediante gravámenes sobre el consumo energético de los usuarios. Una propuesta europea independiente y más radical divide el mercado eléctrico en segmentos separados de energía verde y de combustibles fósiles, impidiendo que las centrales de gas fijen el precio de toda la electricidad. La reducción de los costes de las renovables puede entonces dar lugar a precios de la electricidad más bajos.
Pero ambos planes tienen sus inconvenientes. El ibérico supuso una bajada de los precios del gas, lo que, como era de esperar, incentivó un mayor uso del combustible fósil en lugar de reducirlo. La idea de dividir los mercados de energía limpia y sucia podría crear zonas en las que el suministro eléctrico no pueda satisfacer la demanda, dejando a las autoridades la tarea de decidir quién obtiene energía a menor coste y quién no. Mientras, los arbitrajistas podrían apresurarse a comprar energía en el mercado barato y venderla en el más caro.
La solución menos mala es simplemente acelerar aún más el paso a las renovables para limitar la proporción de gas en la combinación energética. En los últimos años, esto ha funcionado en España. Según el grupo de expertos Ember, el crecimiento de la energía eólica y solar en el país ha reducido la influencia de los costosos generadores de combustibles fósiles en los precios de la electricidad en un 75% desde 2019, a un ritmo más rápido que en países como Italia y Alemania. En el primer semestre de 2025, el precio mayorista de la electricidad en España fue un 32% inferior a la media de la UE.
Sin embargo, aunque la UE ha defendido la transición ecológica, ahora se enfrenta a una nueva ronda de inflación de la energía justo cuando sus políticos están preocupados por el bajo crecimiento y el rearme. El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) de la UE, que exige a las centrales eléctricas y a las industrias pesadas la compra de permisos para sus emisiones de CO2, contribuye con una media del 11% a las facturas finales de electricidad de estos operadores con un alto consumo energético. Las obligaciones impuestas por la UE para utilizar combustible de aviación sostenible (SAF) aumentan los costes de las aerolíneas. Algunos Estados dependientes del gas, como Italia, han indicado que podrían reactivar las centrales de carbón cerradas si la crisis del Golfo continúa. Polonia ha pedido a la Comisión que limite el RCDE para ayudar a reducir las facturas energéticas. Los líderes empresariales quieren una nueva ronda de permisos gratuitos del RCDE.
Quizás la UE se mantenga firme y deje sus políticas ecológicas sin cambios. Pero es fácil ver cómo sus políticos podrían adoptar un punto de vista diferente. Si es así, los posibles inversores en nuevos proyectos de renovables que perciban un panorama regulatorio cambiante podrían quedarse de brazos cruzados. Y eso podría significar que la solución menos mala al problema de la electricidad –una avalancha de proyectos de energía verde para eliminar la influencia nefasta del volátil gas sobre los precios– no se produzca tan rápidamente.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
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