La Generalitat de Cataluña ha ratificado la adjudicación del contrato para el despliegue y gestión de su red de fibra óptica, denominada XCAT, a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por la firma catalana Sirt y Connecta. La operación, que cuenta con un presupuesto de 127 millones de euros, mantiene al gigante tecnológico chino Huawei como principal proveedor de equipamiento, pese a las recomendaciones de seguridad emitidas por la Comisión Europea y las impugnaciones presentadas por Telefónica y Cellnex.
La administración catalana rechaza los recursos de Telefónica y Cellnex y reafirma la idoneidad del fabricante chino pese al veto de la UE
La Generalitat de Cataluña ha ratificado la adjudicación del contrato para el despliegue y gestión de su red de fibra óptica, denominada XCAT, a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por la firma catalana Sirt y Connecta. La operación, que cuenta con un presupuesto de 127 millones de euros, mantiene al gigante tecnológico chino Huawei como principal proveedor de equipamiento, pese a las recomendaciones de seguridad emitidas por la Comisión Europea y las impugnaciones presentadas por Telefónica y Cellnex.
El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), organismo encargado de la licitación, notificó la resolución tras completar un proceso de reevaluación técnica ordenado por el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público. La mesa de contratación, dirigida por Demetri Rico, concluyó por unanimidad que la solvencia técnica de Sirt es suficiente para ejecutar el proyecto. Esta decisión desbloquea la formalización de un contrato que el sector considera estratégico para la soberanía digital de la administración catalana.
El contrato XCAT tiene como objetivo interconectar un total de 5.419 sedes públicas en el territorio catalán. La red dará servicio a infraestructuras críticas, incluyendo 120 sedes de las fuerzas de seguridad —entre ellas 78 comisarías de los Mossos d’Esquadra—, 100 sedes judiciales, 180 parques de bomberos y centros de emergencias, además de 812 hospitales y 2.381 centros educativos. El plan de la Generalitat prevé que esta red de fibra sustituya progresivamente los servicios que actualmente presta Telefónica, con el horizonte de alcanzar una independencia operativa total de las operadoras privadas en el año 2031.
La reevaluación de la solvencia de Sirt fue necesaria después de que Telefónica y Cellnex cuestionaran la capacidad de una empresa con una facturación de 77 millones de euros en 2024 para liderar un proyecto de 127 millones. La mesa de contratación analizó cuatro vías de acreditación técnica aportadas por la compañía. Entre estas figura el proyecto PEBA-NGA realizado para Adamo por valor de 49,6 millones de euros para el despliegue de fibra en zonas rurales. También se validaron los servicios mayoristas prestados a la misma operadora, con una red que facturó 151,5 millones de euros el pasado ejercicio.
El informe técnico del CTTI detalla que Sirt acreditó experiencia previa equivalente en tecnologías GPON y MPLS, así como en la gestión de servicios 24×7. Los técnicos valoraron positivamente el contrato de la firma con el Centro de Competencia de Deutsche Telekom por 44,1 millones de euros y un contrato previo con el propio CTTI para la administración de la infraestructura tecnológica de Nus de Comunicacions, valorado en 43,7 millones. El organismo concluyó que la documentación aportada cumple los requisitos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). según han informado a EL PAÍS fuente conocedoras del expendiente.
Respecto a los recursos interpuestos por los competidores, el CTTI calificó las alegaciones de Telefónica de “no sostenibles”. El organismo administrativo sostuvo que la operadora realizó una “interpretación unilateral y restrictiva” de la resolución previa del tribunal. Según el acta de la mesa de contratación, Telefónica intentó limitar los mecanismos legales que permiten a la administración solicitar aclaraciones adicionales a los licitadores para verificar su capacidad técnica. El CTTI defendió que el procedimiento se ha ajustado estrictamente a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
La elección de Huawei como proveedor de hardware sitúa a la administración catalana en una posición de divergencia respecto a las directrices de Bruselas. La Comisión Europea ha instado a los Estados miembros a excluir a proveedores considerados de “alto riesgo”, como Huawei y ZTE, de sus redes de telecomunicaciones. Esta recomendación se enmarca en el Toolbox de la UE para la ciberseguridad, que busca mitigar riesgos de espionaje o sabotaje derivados de la vinculación de estas empresas con el Gobierno de China.
La Generalitat ha defendido la legalidad de la adjudicación argumentando que las recomendaciones europeas se centran específicamente en las redes móviles 5G y no son vinculantes para redes fijas de fibra óptica como la XCAT. Fuentes del gobierno autonómico indicaron que la normativa actual de contratación no permite establecer vetos genéricos por origen nacional y que la exclusión de Huawei vulneraría los principios de libertad de acceso y no discriminación. Sin embargo, la Comisión Europea prepara actualmente una nueva Ley de Ciberseguridad que podría ampliar la prohibición a redes fijas, nube y servicios satelitales en un plazo de tres años.
La puntuación final del concurso otorgó a la UTE de Sirt y Connecta 97,51 puntos, superando a la alianza de Telefónica y Cellnex, que obtuvo 96,22 puntos. La propuesta de MasOrange y Parlem alcanzó los 90,72 puntos, mientras que la de Vodafone y SEMI se situó en 88,94. La oferta de Telefónica fue la única que seleccionó al fabricante finlandés Nokia como proveedor de equipos, mientras que las otras tres ofertas competidoras se basaron en tecnología de Huawei. Pese a que Telefónica presentó la oferta económica más competitiva, la ventaja técnica de Sirt en la valoración del CTTI fue determinante para el resultado.
El contexto de la adjudicación ha generado debate debido a la trayectoria profesional de los responsables del proceso. Demetri Rico, gerente del CTTI desde enero de 2025, ocupó cargos de alta dirección en Huawei en Europa hasta el año 2022. Asimismo, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mantuvo un encuentro con directivos de la multinacional china el pasado 27 de julio. Estos vínculos han sido señalados por fuentes del sector como un factor de controversia, aunque la Generalitat insiste en que el proceso ha contado con todas las garantías técnicas y administrativas.
La seguridad de las comunicaciones en Cataluña es un factor crítico dado que la red XCAT transportará datos sensibles de la policía y el sistema judicial. El paquete legislativo europeo en trámite estima que la exclusión total de proveedores chinos de las redes fijas y móviles podría suponer un coste de hasta 21.500 millones de euros para las operadoras del continente. No obstante, Bruselas prioriza la soberanía tecnológica frente al impacto económico. En España, el Gobierno central ha tomado medidas similares en otros ámbitos, como la anulación de un contrato previo con Huawei para la modernización de la Red IRIS, que conecta centros de investigación.
Tras la ratificación de la adjudicación, Telefónica y Cellnex disponen de la opción de elevar el caso al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público mediante un nuevo recurso o iniciar un procedimiento contencioso-administrativo. Si las compañías deciden acudir a la vía judicial, el inicio de las obras y la migración de los servicios públicos a la nueva red podrían sufrir nuevos retrasos. Por el momento, la Generalitat mantiene el calendario previsto para iniciar el despliegue de la infraestructura que debe conectar más de cinco mil sedes oficiales.
La resolución del CTTI confirma que los servicios prestados por Sirt a terceros son “totalmente equivalentes” al modelo de gestión centralizada que requiere la administración. El organismo público subrayó que la proporción de los servicios realizados y su relevancia para la solvencia solicitada han quedado acreditadas de forma suficiente. La mesa de contratación reiteró que la seguridad de la red está garantizada por los protocolos técnicos exigidos en los pliegos, independientemente del origen del fabricante de los equipos.
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