Más de un centenar de empresas ya han obtenido la licencia MiCA en Europa desde que la regulación entró en vigor hace poco más de un año. Pero muchas otras todavía están trabajando en ella. Solo en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene más de 20 solicitudes sobre la mesa, entre bancos y empresas cripto. Y para muchas entidades, el laberinto burocrático aún no ha acabado. Las que quieren emitir stablecoins vinculadas a una moneda oficial u operar con estos activos, facilitando operaciones de pago, tienen que pedir también la licencia de proveedor de servicio de pagos (bajo PSD2, la directiva sobre sistemas de pago) tal y como aclaró la Autoridad Bancaria Europea (EBA) este verano, y tenerla antes del 2 de marzo de 2026. Desde el principio el sector ha criticado tanto este requisito, al considerarlo “desproporcionado“, como el plazo previsto, demasiado corto para que las empresas lo puedan cumplir. Así, el pasado 13 de enero la industria envió una carta a los legisladores europeos para pedir que se extendiera este periodo hasta julio de 2027.
Las empresas que operan con ‘stablecoins’ tienen hasta marzo para lograr la autorización, pero el sector pide 18 meses más
Más de un centenar de empresas ya han obtenido la licencia MiCA en Europa desde que la regulación entró en vigor hace poco más de un año. Pero muchas otras todavía están trabajando en ella. Solo en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene más de 20 solicitudes sobre la mesa, entre bancos y empresas cripto. Y para muchas entidades, el laberinto burocrático aún no ha acabado. Las que quieren emitir stablecoins vinculadas a una moneda oficialu operar con estos activos, facilitando operaciones de pago, tienen que pedir también la licencia de proveedor de servicio de pagos (bajo PSD2, la directiva sobre sistemas de pago) tal y como aclaró la Autoridad Bancaria Europea (EBA) este verano, y tenerla antes del 2 de marzo de 2026. Desde el principio el sector ha criticado tanto este requisito, al considerarlo “desproporcionado“, como el plazo previsto, demasiado corto para que las empresas lo puedan cumplir. Así, el pasado 13 de enero la industria envió una carta a los legisladores europeos para pedir que se extendiera este periodo hasta julio de 2027.
Desde la entrada en vigor de MiCA se ha producido un solapamiento regulatorio en estos activos (llamados también e-money tokens): esta norma establece requisitos sobre su emisión y respaldo, pero estos activos también quedan sujetos a la normativa de dinero electrónico. Este debate se intensificó con el auge de las stablecoins y, tras una petición de la Comisión Europea, que pidió aclaraciones sobre el tratamiento regulatorio cuando los criptoactivos se utilizan para prestar servicios de pago, la EBA contestó con una non action letter introduciendo este nuevo requisito, que no sentó bien entre la industria.
En la carta, a la que ha tenido acceso CincoDías, la industria destaca que muchas de entidades siguen centradas en obtener la autorización MiCA antes de que expire el periodo transitorio, que en la mayoría de las jurisdicciones durará hasta el próximo julio. El proceso para obtener la licencia ha sido exigente y más largo de lo previsto, tal y como también señaló la CNMV hace algunos meses. La industria expone que obtener otra autorización en paralelo “ha sido prácticamente inviable para la mayoría” de las entidades. Por ello, piden a los legisladores que en las negociaciones de la nueva directiva PSD3 y de su reglamento—que buscan unificar la normativa de pagos y de dinero electrónico— se adopte un nuevo periodo transitorio a imagen y semejanza del que está previsto para MiCA. Fijan este plazo hasta julio de 2027 para que las empresas puedan prepararse con tiempo y seguir operando. Esto, según el sector, también aleviaría la carga de trabajo a los supervisores competentes, como el Banco de España.
Asimismo, exigen que se garantice en todas las jurisdicciones un procedimiento simplificado para los proveedores de servicios cripto autorizados bajo MiCA que necesitan aplicar a esta segunda autorización, algo que ya está recogido en el borrador de la directiva. En septiembre, el Banco de España aseguró a este periódico que, siguiendo las recomendaciones de la EBA y bajo el principio de colaboración administrativa, “se coordinará con la CNMV en lo que proceda. Además, a fin de facilitar la tramitación, ha habilitado un procedimiento de presolicitud”. La entidad no revela cuántas peticiones ha recibido hasta ahora, aunque reconoce que diversas empresas han mostrado interés en el proceso de autorización como entidad de pago. Fuentes financieras apuntan que, por ahora, solo ha recibido una.
Cinco asociaciones del sector, que representan los intereses de cientos de empresas de la industria, así como otras 12 entidades más, han firmado la carta, dirigida a los miembros del Parlamento que están trabajando en la directiva, a las diferentes delegaciones de los Estados miembros, a la presidencia chipriota y a la Comisión Europea. Una de las organizaciones promotoras de esta iniciativa es Adan. Adriana Torres, su responsable de asuntos europeos, ha explicado a este periódico que estas peticiones permitirían rebajar la carga económica y administrativa de las empresas que están sujetas a esta doble licencia. “Y lo que queremos es que una vez que se publique el paquete de normativas sobre servicios de pago, estas disposiciones se apliquen inmediatamente. Porque si no se adoptan hasta dos años después, esta flexibilidad que estamos buscando no tendría sentido”.
Fuentes de la EBA señalan que las negociaciones entre la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo sobre la directiva de pagos se encuentran en su fase final. No obstante, afirman que la fecha de aplicación de la futura directiva de pagos está prevista para el tercer trimestre de 2028. Y que los requisitos contenidos en su non-action letter sirven de guía en este periodo, hasta la aplicación del nuevo paquete regulatorio. Torres advierte de que una adopción tardía de estas peticiones podría provocar perturbaciones en el mercado ya que muchos participantes podrían verse obligados a dejar de prestar servicios relacionados con estos activos. “Los actores se tienen que preparar para esta licencia, desde un punto de vista administrativo y económico. Y hay muchas startups y empresas pequeñas en este sector», insiste. La industria también alerta de que, si no se adoptan estas medidas, se penalizaría a las stablecoins en euro a favor de otros activos más arriesgados.
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