Las asociaciones de ingenierías privadas Tecniberia y Cíes han puesto el grito en el cielo ante lo que consideran un primer paso para que la pública Ineco se convierta en medio propio de comunidades autónomas y reciba encargos directos más allá de los que realiza para la Administración central. Las alarmas han saltado después de que el Consejo de Gobierno de Canarias aprobara el pasado día 2 la suscripción de una acción de la citada sociedad mercantil estatal Ineco.
El Gobierno de Canarias aprobó el pasado día 2 la suscripción de una acción, con lo que podría considerar a la ingeniería pública como medio propio
Las asociaciones de ingenierías privadas Tecniberia y Cíes han puesto el grito en el cielo ante lo que consideran un primer paso para que la pública Ineco se convierta en medio propio de comunidades autónomas y reciba encargos directos más allá de los que realiza para la Administración central. Las alarmas han saltado después de que el Consejo de Gobierno de Canarias aprobara el pasado día 2 la suscripción de una acción de la citada sociedad mercantil estatal Ineco.
Ambas asociaciones señalan que el objetivo es convertir a esta última en medio propio del Ejecutivo canario para poder avanzar en la planificación e implantación de los proyectos ferroviarios en las islas de Gran Canaria y Tenerife. El Consejo de Gobierno señaló que “Canarias se incorporará al capital social de Ineco mediante la adquisición de una acción, con un valor nominal de 125,01 euros y un valor de adquisición de 1.450,27 euros, en el marco de la ampliación de capital aprobada por la propia sociedad. Esta operación dota a Canarias de los mismos derechos políticos y económicos que el resto de las acciones actualmente en circulación”.
Está previsto que el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, sea el representante de Canarias en la junta general y en el consejo de ddministración de Ineco.
La ingeniería Ineco depende del Ministerio de Transportes y tiene su capital repartido entre Enaire (45,85%), Adif (20,69%), Adif Alta Velocidad (20,68%) y Renfe (12,78%). Desde el sector privado se teme que el aterrizaje del gobierno canario en el accionariado “sea solo la avanzadilla y que otras Administraciones Públicas podrían entrar en el capital de la ingeniería pública en el futuro, adjudicándole contratos fuera de la excepcionalidad prevista en la legislación y sin concursos abiertos y transparentes que pueden realizar perfectamente y con mayor eficiencia las ingenierías privadas”.
El propio Ejecutivo canario señala que su entrada en Ineco ha respondido “al interés en reforzar la cooperación institucional con una entidad pública de amplia experiencia y solvencia técnica en el ámbito de las infraestructuras y los sistemas de transporte terrestre, especialmente en el contexto de los trabajos de estudio de los futuros sistemas ferroviarios en las islas de Gran Canaria y Tenerife”. Y adelanta que “el Gobierno de Canarias podrá realizar con Ineco trabajos específicos para el desarrollo de proyectos de ingeniería y consultoría, para que tanto el Ejecutivo como los Cabildos puedan disponer del apoyo técnico que necesitan para afrontar proyectos complejos y estratégicos”. El acuerdo de entrada en el capital manifiesta expresamente “la conformidad del Gobierno de Canarias para que Ineco sea declarada medio propio personificado y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, una vez se materialice la suscripción y el desembolso total de la acción, lo que permitirá agilizar encargos y reforzar la capacidad técnica de la Administración autonómica en proyectos estratégicos de movilidad”, se apuntó en un comunicado público el pasado 2 de febrero.
Tecniberia y Cíes se han puesto ya al servicio de la Administración canaria para que sean sus empresas asociadas las que elaboren los proyectos previstos en el plan de ferrocarriles en las islas. En una acción concertada, los dos colectivos subrayan que la actuación de Ineco está regulada por ley, circunscribiéndose “a los casos de suministros de bienes y servicios en situaciones excepcionales, recurriendo a capacidades propias (medios propios) en lugar de ir al mercado a través de concursos abiertos y transparentes que aseguran los procedimientos de concurrencia competitiva”. Esa excepcionalidad, recuerdan, se debe a “razones de seguridad nacional, de urgencia y de mayor eficiencia por considerar que no existen proveedores alternativos en el sector privado”.
El enfrentamiento de estas asociaciones, también de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), con el Ministerio de Transportes viene de muy lejos en lo que respecta a la actuación de Ineco por lo que antiguamente se conocía como encomiendas de gestión. Esta mañana, las asociaciones se quejan de que “la contratación a empresas públicas como Ineco provoca barreras de desarrollo a las empresas de capital privado, socava y drena una muy considerable carga de trabajo a las ingenierías privadas, dificultando su crecimiento y, consecuentemente, su robustez y rentabilidad”.
Tecniberia tiene bajo su paraguas a 90 firmas de ingeniería con unas ventas agregadas de 7.500 millones en 2024 y unos 70.000 trabajadores en plantilla, según datos de esta patronal. Cíes, por su parte, agrupa desde 2021 a ocho asociaciones territoriales de Galicia, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Extremadura, Andalucía y Canarias. Entre todas representan a 161 empresas con un total de 6.200 empleados y una facturación agregada de 600 millones de euros.
El gigante público Ineco, con una plantilla que supera los 6.000 empleados, ha cerrado 2025 en máximos históricos de la mano de la ejecución y supervisión de los fondos europeos para la Recuperación. Sus ingresos han llegado hasta los 507 millones (+6% respecto a 2024), superando por primera vez el listón de los 500 millones de euros, y el resultado después de impuestos ha sido de 22 millones, un millón más que en 2024. La dirección que encabeza Sergio Vázquez ha lanzado nuevo plan estratégico a tres años vista, 2026-2029, con los servicios de digitalización que presta a la Administración complementando a los proyectos de infraestructuras.
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