España innova, pero protege poco esa innovación. Esa es una de las principales conclusiones de la novena edición del Observatorio de Innovación en Gran Consumo en España, elaborado y presentado este martes por el Institut Cerdà, una fundación privada que asesora a empresas e instituciones públicas. El informe pone cifras a una debilidad estructural del sistema productivo español: la baja generación de patentes en sectores clave como la agricultura y la industria agroalimentaria, muy por debajo de los estándares europeos y, aún más, de los estadounidenses.
Por cada 1.000 millones de euros de facturación, las empresas españolas solo registran dos derechos de propiedad industrial
España innova, pero protege poco esa innovación. Esa es una de las principales conclusiones de la novena edición del Observatorio de Innovación en Gran Consumo en España, elaborado y presentado este martes por el Institut Cerdà, una fundación privada que asesora a empresas e instituciones públicas. El informe pone cifras a una debilidad estructural del sistema productivo español: la baja generación de patentes en sectores clave como la agricultura y la industria agroalimentaria, muy por debajo de los estándares europeos y, aún más, de los estadounidenses.
Los datos son elocuentes. Por cada 1.000 millones de euros de facturación en 2024, las empresas españolas del ámbito agroindustrial generaron apenas 2,2 patentes. En el conjunto de la Unión Europea, la cifra asciende a 6,7, mientras que en Estados Unidos se dispara hasta las 26,9. Traducido en términos relativos, España registra un 67% menos patentes que la media europea en estos sectores estratégicos para el gran consumo. El informe no incluye cifras comparables para el ámbito de la distribución —otro de los pilares del sector gran consumo, junto con los fabricantes de productos de consumo masivo— debido a la falta de datos homogéneos en el resto de países. Pero incluso centrándose solo en agricultura e industria, la brecha resulta significativa.
En términos absolutos, el retrato refuerza el diagnóstico. En 2024, España registró 171 patentes vinculadas al sector agrícola, frente a las 4.561 de la Unión Europea y las 9.921 de Estados Unidos. En industria, la diferencia es aún más acusada: 254 patentes nacionales, frente a 4.851 europeas y 26.263 estadounidenses. La brecha, advierten los autores del informe, se debe a la propia estructura del tejido empresarial y a la dificultad en el proceso para patentar.
El tejido productivo español está formado mayoritariamente por pymes, muchas de ellas familiares, con recursos financieros y humanos limitados. Patentar no solo es costoso —las tasas, la redacción técnica, la defensa legal y la extensión internacional pueden suponer decenas de miles de euros—, sino también un proceso largo y complejo. Para muchas empresas, especialmente en sectores de márgenes ajustados como el agroalimentario, el esfuerzo no siempre compensa.
“A menudo las compañías innovan, mejoran procesos o desarrollan nuevos productos, pero optan por no patentar por el coste que supone”, explica Miguel Hernández, director general del Institut Cerdà. Algunas empresas recurren al secreto industrial; otras priorizan llegar rápido al mercado antes que invertir ese dinero en una licencia.
Esta debilidad contrasta con la fortaleza del sistema científico nacional. La relación entre publicaciones científicas en I+D+i y patentes en la cadena agroalimentaria muestra un desequilibrio creciente. En 2018 ―año en el que se elabora el primer observatorio― se registraban unas 19 publicaciones científicas por cada patente. Hoy son 32. Es decir, la producción de conocimiento académico crece a mayor ritmo que su traducción en los derechos de propiedad.
El diagnóstico no apunta a una falta de investigación, sino a una desconexión entre el ámbito universitario y el productivo. Hernández insiste en que existen colaboraciones sólidas con centros tecnológicos y organismos de investigación aplicada, pero, según el observatorio, “falta un paso más” para que ese conocimiento se transforme de manera sistemática en innovación patentable.
La brecha en el registro de patentes también está ligada al bajo esfuerzo inversor en innovación del sector. En 2024, la inversión en I+D+i del conjunto de la cadena —agricultura, industria y distribución— se situó en torno al 1,30% del valor añadido bruto (VAB), muy por debajo de la media del conjunto de empresas españolas, que supera el 2%. En el caso del sector agrario, el esfuerzo inversor es aún menor, en torno al 0,36%, uno de los más bajos de toda la economía, mientras que la industria alimentaria alcanza aproximadamente el 1,9%, en línea con otros países europeos, pero sin mostrar una trayectoria ascendente.
Esta inversión muestra además signos de estancamiento cuando se introducen en la ecuación los efectos de la inflación. Es decir, las empresas del gran consumo no están dedicando proporcionalmente más recursos a generar conocimiento propio. A esta debilidad se suma la falta de financiación, identificada como uno de los principales frenos a la innovación. Según el observatorio, más del 30% de las empresas del gran consumo señalan la falta de fondos propios como una barrera relevante, y cerca de otro 30% apuntaban a la dificultad para acceder a financiación externa.
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