La morosidad empieza a ahogar a las pymes y aviva el temor a futuros cierres de empresas

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que representa a un millón de pequeñas y medianas empresas, ha alertado esta mañana de un empeoramiento del plazo en el que las administraciones públicas y las grandes empresas están abonando sus facturas a sus proveedores. “En el actual escenario con unos precios energéticos disparados en España y una desaceleracion económica global, la suma de la morosidad puede empezar a comprometer la supervivencia y la viabilidad de miles de pequeñas compañías. Hay borrasca económica y cobrar las facturas en plazo es vital para las empresas más pequeñas”, ha recalcado Antoni Cañete, presidente de la Plataforma y presidente de Pimec, en la presentación del informe anual sobre plazos de pago en España.

La normativa establece que las administraciones tienen que abonar las facturas en un plazo máximo de 30 días y las empresas no pueden superar los 60 días. Ambos niveles se superaron con holgura en 2025 y mostraron peores métricas que en 2024, a partir de las respuestas de las 300 empresas consultadas para la elaboración del informe. Cañete hizo especial énfasis de la morosidad de las administraciones públicas. “El plazo medio de pago del sector público aumentó en tres días hasta los 70 días, mientras que el de las empresas también creció en tres días hasta los 67 días. Es el segundo ejercicio consecutivo en el que las administraciones pagan más tarde que las empresas, pese a que su plazo legal máximo es la mitad”.

En este contexto, Cañete ha reclamado una actuación urgente para que las administraciones públicas se comprometan en la lucha contra la morosidad. “En un contexto en el que la Administración está incrementado su recaudación, no hay motivo que justifique un empeoramiento en los plazos de pago. El sector público debería ser el primero en respetar los tiempos que exige a los demás, ejerciendo así un papel ejemplarizante frente al sector privado”.

En el caso de las empresas y cómo pagan a sus proveedores, el estudio pone el foco en las compañías con una facturación superior a 50 millones de euros, donde el 85% rebasa el plazo legal. “El 38% paga a más de 90 días, el 47% entre 60 y 90 días y solo el 15% lo hace a 60 días o menos”, ha precisado Cañete, que ha resaltado el deterioro evidente del comportamiento de pago en el sector privado. “En 2024, el porcentaje de compañías que cumplieron el límite legal fue del 24%”. Esa caída de nueve puntos en el porcentaje de empresas cumplidoras con los plazos de pago legales es interpretado como un recurso a la financiación. “Las grandes empresas se están financiando retrasando los pagos a pymes y autónomos”.