Inmigrantes y trabajadores sénior. Estos dos colectivos son los que España debe movilizar de manera urgente si quiere que su mercado de trabajo continúe empujando hacia arriba al PIB durante los próximos años. Esta es la conclusión principal del informe OECD Employment Outlook 2025 (Perspectivas de Empleo para 2025) que ha elaborado la OCDE, y que pone el foco sobre las consecuencias económicas del progresivo envejecimiento poblacional al que se enfrentan una gran parte de países. En el caso español, el reclutamiento de los trabajadores de mayor edad ahora desempleados, junto con una reducción drástica de las jubilaciones adelantadas, podría suponer una ganancia de 0,26 puntos porcentuales del PIB que sería suficiente para contrarrestar la caída estimada por la progresiva pérdida de mano de obra, según el estudio.
En su último informe, la organización señala que aumentar la inclusión laboral de estos colectivos podría aumentar en 0,26 puntos el PIB y contrarrestar el impacto del envejecimiento poblacional
Inmigrantes y trabajadores sénior. Estos dos colectivos son los que España debe movilizar de manera urgente si quiere que su mercado de trabajo continúe empujando hacia arriba al PIB durante los próximos años. Esta es la conclusión principal del informe OECD Employment Outlook 2025 (Perspectivas de Empleo para 2025) que ha elaborado la OCDE, y que pone el foco sobre las consecuencias económicas del progresivo envejecimiento poblacional al que se enfrentan una gran parte de países. En el caso español, el reclutamiento de los trabajadores de mayor edad ahora desempleados, junto con una reducción drástica de las jubilaciones adelantadas, podría suponer una ganancia de 0,26 puntos porcentuales del PIB que sería suficiente para contrarrestar la caída estimada por la progresiva pérdida de mano de obra, según el estudio.
España, junto a otros países como Italia y Portugal, se verá duramente afectada por el envejecimiento de su población ―que hoy presenta una esperanza de vida de 84 años―, y que generará un vacío en el mercado de trabajo que deberá solucionar. Para remediarlo, el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico considera imprescindible que el país “movilice completamente el potencial laboral no aprovechado”. Para ello pide recurrir a los trabajadores de mayor edad ahora desempleados ―hay unas 250.000 personas de entre 60 y 70 o más años en paro según la última EPA― así como al talento inmigrante.
A nivel general, el informe reafirma la idea de que el envejecimiento poblacional generará un aumento sostenido del gasto público en pensiones y en salud, especialmente en países como España, que presenta ratios de dependencia crecientes. En concreto, se proyecta un incremento medio anual del gasto público del 0,09% del PIB hasta 2060, lo que supondría un aumento total de unos 3 puntos porcentuales para esa fecha.
De cara a la actuación fiscal que debe tomar España ante este fenómeno, la OCDE sostiene que, pese a tener un margen de maniobra limitado, debe evitar que el peso del envejecimiento recaiga sobre las generaciones más jóvenes. Y para ello deben acometerse reformas estructurales de calado, que vayan dirigidas a generar un reequilibrio del sistema a partir de ingresos más progresivos (a través de impuestos) y menos dependientes del trabajo.
Pese a que el informe no hace un análisis país por país respecto a la inmigración, sí que incluye a España dentro de las economías donde un mayor aprovechamiento del talento inmigrante podría no solo aliviar la tensión demográfica, sino ayudar a cubrir algunas de las vacantes que se han acrecentado en los últimos años. Concretamente en sectores como el de los cuidados, la hostelería o la construcción. Para ayudar a canalizar todas estas nuevas capacidades, el organismo con sede en París aboga por diseñar políticas que faciliten el reconocimiento de cualificaciones extranjeras, un auténtico laberinto burocrático, y que favorezcan la integración laboral efectiva.
De hecho, el estudio señala que entre sus miembros solo hay cuatro países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España, donde los migrantes han sido los impulsores del aumento del empleo en los últimos años. Concretamente, indica que más del 25% del crecimiento del empleo entre 2023 y 2025 provino de trabajadores foráneos.
Prácticas persistentes
El texto, de más de 300 páginas, también señala a España (y no para bien en este caso) por la segmentación de su mercado laboral, en el que se dan las mayores tasas de entre todos los países en cuanto a la temporalidad que persigue a los jóvenes y a los trabajadores menos cualificados. Aunque reconoce que las últimas reformas laborales han servido para ir reduciendo este fenómeno, por ejemplo, acotando el abuso de los contratos temporales, la OCDE observa que aún persisten prácticas que dificultan la transición hacia empleos estables y de calidad. Una precariedad que no solo bloquea el desarrollo de los jóvenes, sino que también repercute sobre la productividad general del país.
A pesar del auge del empleo en los últimos años, otra variable con repercusión contrastada en su comportamiento tiene que ver con la caída desde 2019 de las horas trabajadas. Un fenómeno que se ha desatado especialmente tras la pandemia. El informe de la organización, que engloba a los países con economías más desarrolladas, coloca a España junto con Austria, Alemania e Irlanda como aquellos donde se ha experimentado una mayor reducción del volumen de tiempo de trabajo con posterioridad a la covid.
Otro de los tirones de oreja del texto tiene que ver con que España también aparece en un lugar destacado entre los países en los que se producen mayores desigualdades de género en el empleo. Pese a los últimos avances en conciliación, la brecha salarial y las diferencias en la participación laboral siguen siendo notorias, dice el documento, especialmente entre las mujeres con responsabilidades familiares. Para corregirlo, la OCDE sugiere intensificar políticas de conciliación, como “el acceso a servicios de cuidado infantil asequibles” y el “fomento de esquemas de trabajo flexible”. Además, también contempla evaluar “con mayor transparencia” las diferencias salariales mediante “informes periódicos y marcos de supervisión más estrictos”.
Tampoco sale bien parada España en el apartado referente al abandono escolar. Con un 15%, presenta una de las mayores tasas de ninis (personas que ni estudian ni trabajan) y se coloca entre los nueve países con peores cifras (entre los que se encuentran, por ejemplo, Italia, Grecia y México). Pese a que España fue uno de los países para los que la OCDE diseñó un plan de acción concreto en 2023, ahora el organismo vuelve a recomendar la mejora e implementación de la Formación Profesional Dual, mejorar la orientación académica y profesional, y reforzar el apoyo personalizado al alumnado en riesgo.
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