José Manuel Baltar, presidente de la patronal de la sanidad privada Aspe desde el pasado 23 de abril, ha aprovechado su primera comparecencia pública ante los medios de comunicación para presentar la hoja de ruta de una actividad que concentra, según sus cálculos, el 31% de camas hospitalarias en España. “Es necesario fortalecer el papel de la sanidad privada como actor esencial dentro del ecosistema sanitario nacional”, recalcó. ASPE representa en la actualidad a 850 asociados y 1.300 centros sanitarios, entre hospitales y clínicas, centros especializados y laboratorios.
José Manuel Baltar, nuevo presidente de la patronal ASPE, reclama colaboración público-privada frente a “la limitación ideológica”
José Manuel Baltar, nuevo presidente de la patronal ASPE, reclama colaboración público-privada frente a “la limitación ideológica”
José Manuel Baltar, presidente de la patronal de la sanidad privada Aspe desde el pasado 23 de abril, ha aprovechado su primera comparecencia pública ante los medios de comunicación para presentar la hoja de ruta de una actividad que concentra, según sus cálculos, el 31% de camas hospitalarias en España. “Es necesario fortalecer el papel de la sanidad privada como actor esencial dentro del ecosistema sanitario nacional”, recalcó. ASPE representa en la actualidad a 850 asociados y 1.300 centros sanitarios, entre hospitales y clínicas, centros especializados y laboratorios.
Durante su intervención, Baltar hizo constantes llamamientos a la colaboración público-privada, especialmente a la hora de acabar con las listas de espera: “Es uno de los mayores males de nuestro sistema”. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad, correspondientes al cierre de 2025, así lo avalan: 853.509 personas esperan turno en algunas de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas para ser intervenidas, 7.000 más que doce meses antes. “Defendemos los modelos de convenio, concierto y concesión existentes y abogamos por profundizar en ellos cuando las administraciones públicas así lo consideren. Por ello pondremos a disposición de las administraciones soluciones técnicas y organizativas que permitan aprovechar plenamente la capacidad asistencial instalada en la sanidad privada”, apuntó.
Antes de ocupar la presidencia de ASPE, Baltar fue consejero de Sanidad en Canarias, por lo que conoce en profundidad cómo funciona la Administración y el distinto trato al sector privado según el partido político que gobierne. “La colaboración público-privada debe entenderse como un ejercicio de inteligencia institucional frente a la limitación ideológica. La sanidad privada no compite con la sanidad pública, la complementa y la refuerza. Su adaptabilidad amplía su capacidad de respuesta allí donde el paciente necesita soluciones”, indicó.
En el otro lado, el Ministerio de Sanidad, con los miembros de Sumar Mónica García y Javier Padilla al frente, ha establecido, según la patronal, un cordón sanitario al sector privado, perfectamente identificado en la Ley de Gestión Pública, en plena tramitación parlamentaria. La norma veta la privatización y prohíbe de forma expresa la fórmula por la que una empresa construye la infraestructura a cambio de prestar el servicio sanitario. Solo establece tres excepciones: cuando no sea posible la prestación pública, cuando se garantice la sostenibilidad financiera y la eficiencia y cuando se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
La norma, sin embargo, tiene pocas posibilidades de salir adelante por lo apretado de los plazos para conseguir culminar toda la tramitación, toda vez que habrá elecciones generales el año que viene, aunque todavía no se conoce si antes o después de las municipales y autonómicas, previstas para el mes de mayo.
El otro cuello de botella es la escasez de apoyos en ambas cámaras, lo que ha tumbado normas como la reducción de la jornada laboral a 35 horas o ha obligado a trocear decretos, como el de la medida anticrisis, para tratar de sacarlo adelante. “Cabe esperar que no salga adelante”, recalcó Baltar, que calificó de error la posición del Ejecutivo: “No creemos que ante una situación de demanda como la que vive España, recortar la oferta asistencial sea una solución. Más bien es un atraso. Anteponer ideología a la resolución de los problemas de los pacientes es un error”.
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