La Encuesta de Condiciones de Vida 2025 que acaba de publicar el INE muestra con claridad cómo la mejora de la macroeconomía no acaba de reflejarse en la vida de las familias. El Gobierno presume, con razón, de que España es la economía que más crece de la UE (2,9%), hay más personas trabajando que nunca (22,5 millones), la tasa de paro está por debajo del 10% y el salario mínimo interprofesional ha subido un 61% (2018-2025). Sin embargo, el porcentaje de la población que está en riesgo de pobreza o exclusión social se ha estancado en los últimos cuatro en alrededor del 26%, aunque en diez años ha bajado dos puntos, del 28,8% al 25,7%.
El pobre es una persona con baja formación, parado, con hijo dependiente, extranjero (ex UE) y vive en el sur
La Encuesta de Condiciones de Vida 2025 que acaba de publicar el INE muestra con claridad cómo la mejora de la macroeconomía no acaba de reflejarse en la vida de las familias. El Gobierno presume, con razón, de que España es la economía que más crece de la UE (2,9%), hay más personas trabajando que nunca (22,5 millones), la tasa de paro está por debajo del 10% y el salario mínimo interprofesional ha subido un 61% (2018-2025). Sin embargo, el porcentaje de la población que está en riesgo de pobreza o exclusión social se ha estancado en los últimos cuatro en alrededor del 26%, aunque en diez años ha bajado dos puntos, del 28,8% al 25,7%.
Esto supone que en España hay 12,7 millones de personas en situación crítica, según el INE, dato similar al del último del Informe Foessa/Cáritas, que señalaba que hay 4,3 millones en situación de pobreza severa y otros 9,5 millones en pobreza persistente. El colectivo en peor situación ha aumentado un 52% desde 2007, el año anterior a la gran recesión. Dos décadas están tardando en recuperarse algunos indicadores macro, pero el colectivo en riesgo ha aumentado. El Informe Foessa vincula el incremento de la pobreza y la disminución de la clase media a las dificultades para acceder a una vivienda digna, la precariedad laboral y la situación de los inmigrantes, aspectos en los que básicamente coincide la encuesta del INE.
La situación de las familias se mide en función de las respuestas a tres componentes clave: riesgo de pobreza (ingresos por debajo del 60% de la media nacional), carencia material y social severa (se define por 13 conceptos, como la capacidad para disfrutar de vacaciones, de afrontar gastos imprevistos o llegar a fin de mes) y baja intensidad de empleo (los que pueden trabajar, pero no lo logran ni el 20% del tiempo que pueden hacerlo).
Aquellas personas que están en una de las tres situaciones, pobreza, exclusión o empleo escaso, son las que refleja la Tasa Arope, At Risk of Poverty and Exclusion, que se refiere al porcentaje de la población que está en riesgo de pobreza o exclusión social. La Encuesta de Condiciones de Vida es una radiografía muy certera, ya que la muestra efectiva es de 72.000 personas. El IX Informe Foessa se realizó con 12.000 entrevistas personales en hogares de todo el territorio nacional y recogió información de 31.000 personas.
La concurrencia de situaciones lleva a dibujar un retrato de la pobreza en el que son determinantes la educación, el tipo de hogar, el lugar de nacimiento y, obviamente, el empleo. Las personas en situación de pobreza o exclusión social tienen como mucho educación (35,3%), pertenecen a hogares con un adulto y un hijo dependiente o más (50,6%), están en paro (55,4%) y han nacido fuera de la UE, es decir, son latinoamericanos, africanos o asiáticos
Adicionalmente, al lugar de nacimiento está el de residencia, que repite el patrón global: mayor pobreza en el sur que en el norte. Además, la desigualdad es muy elevada entre los extremos: País Vasco y Andalucía. El 34,7% de los andaluces está en riesgo de pobreza y exclusión, porcentaje que duplica con creces al de los vascos (14,7%). Junto con Andalucía, hay otras cinco regiones con más del 30% de su población en situación límite: Castilla-La Mancha (34%), Murcia (32,5%), Canarias (31,2%), Comunidad Valenciana (30,7%) y Extremadura (30,4%). Las comunidades en mejor situación son las vecinas del País Vasco (Navarra, Aragón y Cantabria), Baleares y Madrid.
Las comunidades más pobres son aquellas que tienen más dependencia de la agricultura y el turismo, sectores donde el empleo tiene una tasa de temporalidad más alta, las remuneraciones son más bajas y se requiere menos formación. Son trabajos que eluden los nacionales y prototípicos de los inmigrantes, en los que abunda la economía sumergida y, por tanto, es más factible emplear incluso a inmigrantes irregulares. Este cóctel explosivo retrata especialmente a regiones como Murcia y a algunas de las provincias de Andalucía, sobre todo las de los extremos, Huelva y Almería.
Esta es otra de las razones para que haya divorcio entre las estadísticas macro y la vida micro. Hay una parte de la población que no existe para la macro, pero que sí queda reflejada en la encuesta del INE o el Informe Foessa. Esto mismo sucede con las estadísticas de empleo. La Seguridad Social contabilizó a cierre del año pasado 21,8 millones de cotizantes, pero, según la Encuestas de Población Activa (EPA), el número de trabajadores ocupados era de 22,4 millones.
La diferencia entre una estadística y otra es de casi 620.000 personas. En ese número está lo más opuesto, desde trabajadores de la economía sumergida, que cobran en negro y cuyos empleadores no les dan de alta en la Seguridad Social, a los funcionarios activos que cotizan por el régimen de Clases Pasivas del Estado, un número opaco y decreciente, puesto que los que se han incorporado desde 2011 al funcionariado entran al régimen general de la Seguridad Social.
Esto conecta con la regularización de inmigrantes que quiere hacer el Gobierno y que, según sus cálculos, podría beneficiar a medio millón de inmigrantes que malviven en condiciones de semiesclavitud. Son personas con salario al capricho del empleador; que, como no cotizan (ni ellos ni el empresario), no tienen derecho a pensión y paro; que, como carecen de nómina, no pueden pedir un préstamo y difícilmente alquiler. Eso sí, consumen, aunque sea lo básico, y pagan el mismo IVA que los demás. Cuando este colectivo pase a la economía formal, seguramente la tasa de pobreza bajará y entonces igual la realidad macro y la micro se empiezan a aproximar.
Quizás todo esto explique porque el Gobierno y sus socios rojos han encontrado como aliados de la regularización a la Iglesia y la patronal CEOE; misericordia y necesidad. Sin embargo, se han topado con la oposición de toda la derecha, desde la más centrada (PP y Junts) a la más reaccionaria (Vox y Alianza Catalana); ¿los prefieren en régimen de esclavitud?
Ya es desgracia que los inmigrantes sean los protagonistas de la economía sumergida y que encima se les culpe de quitar oportunidades a los locales, de la delincuencia o del colapso de los servicios públicos. Lo peor de todo es que esta estrategia política, que estigmatiza a uno de cada cinco personas que viven en España, está dando resultado.
Feed MRSS-S Noticias
