Algunas de las rebajas fiscales aplicadas a la energía para amortiguar el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo comienzan a decaer este lunes, 1 de junio, lo que supondrá un nuevo encarecimiento de las facturas de electricidad (casi 10 euros al mes) y gas (unos cinco euros) para hogares y empresas. La desactivación forma parte del calendario previsto por el Gobierno dentro del plan de respuesta aprobado en marzo y llega después de la moderación registrada en los precios energéticos y en la inflación durante abril y mayo.
Los descuentos a los carburantes se mantienen al menos hasta el 30 de junio
Algunas de las rebajas fiscales aplicadas a la energía para amortiguar el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo comienzan a decaer este lunes, 1 de junio, lo que supondrá un nuevo encarecimiento de las facturas de electricidad (casi 10 euros al mes) y gas (unos cinco euros) para hogares y empresas. La desactivación forma parte del calendario previsto por el Gobierno dentro del plan de respuesta aprobado en marzo y llega después de la moderación registrada en los precios energéticos y en la inflación durante abril y mayo.
De este modo, el IVA aplicable a la electricidad y al gas natural, así como a briquetas, pellets y leña, volverá a situarse en el habitual 21%, frente al tipo reducido del 10% vigente hasta ahora. Además, en el caso de la electricidad, el impuesto especial recuperará su tipo habitual del 5,11%, tras permanecer reducido al 0,5% durante los últimos meses.
El impacto de la retirada de las rebajas fiscales será especialmente visible en la factura de la luz, donde coinciden dos aumentos impositivos. Según cálculos de la plataforma Roams, un hogar medio acogido al mercado libre con una tarifa fija pasará de pagar 61,29 euros al mes a 70,44 euros, lo que supone un incremento de 9,15 euros mensuales, equivalente a una subida cercana al 15%. En las tarifas con discriminación horaria, la factura aumentará desde los 58,81 euros actuales hasta los 67,59 euros al mes, es decir, unos 8,7 euros mensuales más.
En el mercado regulado, la tarifa PVPC también experimentará encarecimientos. El coste medio mensual, de nuevo según las estimaciones de la plataforma, pasará de 50,27 euros a 57,84 euros, lo que representa un aumento de 7,5 euros al mes y una subida cercana al 15%. En términos generales, el efecto de la recuperación de los impuestos habituales situará el incremento de la factura eléctrica en torno a los 10 euros mensuales para buena parte de los consumidores.
En el caso del gas, el impacto será más moderado al limitarse la subida a la recuperación del IVA ordinario del 21%, sin modificaciones adicionales en otros gravámenes. En el mercado libre, una tarifa fija pasará de costar 60,99 euros mensuales a 62,04 euros, lo que supone un incremento de poco más de un euro al mes. Por su parte, en el mercado regulado, la Tarifa de Último Recurso (TUR) aumentará desde los 35,15 euros hasta los 38,66 euros mensuales, un alza de 3,5 euros que ronda el 10%.
No obstante, algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno seguirán vigentes durante las próximas semanas, como mínimo hasta el 30 de junio. Es el caso de las relacionadas con el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que continuarán hasta el 30 de junio. También permanecerán en vigor hasta al menos esa fecha las medidas fiscales sobre los carburantes, entre ellas los tipos reducidos del impuesto sobre hidrocarburos, el IVA reducido sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, así como la devolución parcial del gasóleo profesional.
Asimismo, continuarán las ayudas sectoriales dirigidas a agricultores y transportistas y los descuentos reforzados del bono social eléctrico para consumidores vulnerables y vulnerables severos. El Ejecutivo ha señalado que seguirá monitorizando la evolución de los precios energéticos y mantendrá el diálogo con los sectores afectados para evaluar la necesidad de prolongar algunas medidas, modificarlas o introducir nuevas actuaciones una vez finalice el actual periodo de vigencia.
La caída de los precios de la electricidad y del gas natural registrada en abril por el Instituto Nacional de Estadística ha puesto en marcha la cláusula de desactivación parcial que ideó el Gobierno cuando puso en marcha su plan de respuesta. Según el Gobierno, el plan ha contribuido a contener la inflación y a proteger el poder adquisitivo de los hogares durante el periodo de mayor tensión en los mercados energéticos, por lo que se estudia extenderlo más allá del 30 de junio si la situación así lo requiere.
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