Miles de inquilinos han solicitado en las últimas semanas la prórroga de su contrato de alquiler. Algunos, porque creían que su propietario no se lo renovaría. Otros, como los del número 37 de la calle de Riereta de Barcelona, porque ya han recibido un burofax de su casero para que abandonen su piso. Los sindicatos en defensa del colectivo han intensificado en las últimas 72 horas su presión sobre el PP y Junts per Catalunya para convencerles de que convaliden este martes en el Congreso el decreto ley que busca evitar que dos millones de inquilinos deban renegociar sus contratos cuando el contexto internacional empieza a perfilar otra ola de escalada de precios. Sin embargo, Junts ya anunció este lunes que no dará su brazo a torcer y tumbará la norma.
Vecinos de varias fincas de Barcelona recurren a la moratoria para evitar que sus pisos pasen a Airbnb
Miles de inquilinos han solicitado en las últimas semanas la prórroga de su contrato de alquiler. Algunos, porque creían que su propietario no se lo renovaría. Otros, como los del número 37 de la calle de Riereta de Barcelona, porque ya han recibido un burofax de su casero para que abandonen su piso. Los sindicatos en defensa del colectivo han intensificado en las últimas 72 horas su presión sobre el PP y Junts per Catalunya para convencerles de que convaliden este martes en el Congreso el decreto ley que busca evitar que dos millones de inquilinos deban renegociar sus contratos cuando el contexto internacional empieza a perfilar otra ola de escalada de precios. Sin embargo, Junts ya anunció este lunes que no dará su brazo a torcer y tumbará la norma.
Mohammed ha recibido un burofax del propietario de su finca para que desaloje el piso el próximo 15 de mayo. Inmediatamente, pidió la prórroga que contempla el decreto ley aprobado por el Gobierno y que todo apunta a que decaerá este martes. “Yo he pagado siempre. Vivo aquí con mi mujer y mis tres hijos y ahora buscar otro piso es muy complicado”, afirma delante de su casa de la calle Riereta, en pleno barrio del Raval de Barcelona. No es el único vecino que lo ha hecho. En su finca, cuenta, hay otros 11 que también lo han pedido. Tiene alguna esperanza, la socimi que tiene la propiedad del inmueble ha accedido a alargar el contrato a otra vecina. “No lo han comunicado, pero lo hemos visto a través de la web con la que nos comunicamos con ellos”, sostiene Diana Virgós, otra residente en el edificio.
El inmueble del Raval cuenta con unas 50 viviendas. Como en otros tantos edificios de Barcelona, Vivenio ―una socimi propiedad de dos fondos de pensiones, el holandés Pylades Investments Holding y el australiano Aware Super― ha intentado ir vaciándolo de forma silenciosa. “En algunos casos, la empresa quería cobrar el agua caliente como si fuera un extra. En otros, se negaba a reparar desperfectos, como las ventanas. Hemos tenido un problema de ratones que hemos sufrido. Y ahora nos amenazan con que los ascensores dejen de funcionar. Por supuesto, luego llegó el goteo de burofaxes”, resume Virgós. Un vecino, por ejemplo, decidió que no tenía energía para plantar cara a la empresa y decidió empaquetar sus cosas e irse en diciembre. Otros sí se han plantado, sobre todo cuando se han dado cuenta de que algunas viviendas se están destinando al alquiler temporal de forma muy discreta a través de plataformas como Airbnb.
Lo descubrieron al hacer un “puerta a puerta” para organizarse y vieron que allí había unos moradores que jamás habían visto. Luego bucearon por internet y dieron con un anuncio por el que se ofertaba un piso por 2.122 euros para 32 noches, cuando el máximo fijado por los baremos del Ministerio de Vivienda no llega a 1.200 euros mensuales. Con esa fórmula, los anunciantes se cubren las espaldas ante el alquiler turístico, pero igualmente vulneran la ley catalana, que fija que los topes también se aplican a los arrendamientos de temporada. Este diario ha intentado ponerse en contacto con la socimi por teléfono y correo electrónico, sin que haya sido posible obtener respuesta.
Ese puerta a puerta les ha llevado a otros edificios de la misma sociedad en el Eixample barcelonés, o en otras ciudades el área metropolitana como Sant Cugat del Vallès y Sant Adrià de Besòs, donde han constatado que se repite el mismo patrón. La empresa deniega la renovación del contrato alegando ”criterios estratégicos y de negocio establecidos por Vivenio». Lo que no entienden es cómo la socimi está haciendo lo mismo con una finca de la calle de Sant Pere de Sant Adrià de Besòs de 72 viviendas de protección oficial a la que le quedan todavía 70 años para que pase al mercado libre. “Hay diez o doce vecinos a los que se les termina el contrato y no se les renueva a la vez que ya hay entre cinco o seis pisos vacíos”, explica Francisco Gómez, vecino del inmueble.
En total, unos 30 vecinos de los cuatro edificios han mandado su burofax para poder acogerse a la moratoria de alquiler. Solo una ha recibido una respuesta afirmativa, aunque nadie se lo haya comunicado oficialmente. “Hacemos un llamamiento a todos los inquilinos que crean que no se les renovará su contrato para acogerse a la prórroga y para que se dirijan a los partidos que van a dar la espalda a más de dos millones de hogares que están pendientes porque se termina su contrato”, sostuvo el portavoz del Sindicato de Inquilinas, Enric Aragonès.
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