Si tres directores de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria): su directora general y los responsables de los departamentos de Inspección y Recaudación, anuncian simultáneamente que dejan sus cargos, los ciudadanos merecemos conocer las razones que están detrás de su salida del organismo, y no un relato.
La salida simultánea de la directora general
y otros dos altos cargos no puede despacharse con un comunicado
Si tres directores de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria): su directora general y los responsables de los departamentos de Inspección y Recaudación, anuncian simultáneamente que dejan sus cargos, los ciudadanos merecemos conocer las razones que están detrás de su salida del organismo, y no un relato.
El comunicado del Ministerio de Hacienda es insuficiente para explicar el triple relevo en la dirección de la Agencia Tributaria. Alegar que la directora general “pidió hace ya meses un relevo”, no es una razón, sino una coincidencia circunstancial, que omite las razones de la dimisión presentada, y ni se refiere a las causas de las otras dos bajas, lo que nos exige, como mínimo, reclamar una explicación institucional más completa.
Por otra parte, nos suscita dudas el momento elegido para el relevo. La argumentación de que “se consensuó posponer cualquier cambio a la finalización de la actual campaña de renta” no encaja con las funciones que desempeñan los tres cargos señalados, que no intervienen en la gestión ordinaria de dicho proceso.
Tampoco cuadra el mensaje trasladado de que el relevo “llega en un momento en que se consideran cumplidos o ultimados los elementos clave del plan estratégico 2024-2027” de la AEAT, pues su adenda de 2026 fue aprobada el pasado 11 de junio, y precisamente uno de sus pilares fundamentales, el relativo a los recursos humanos, está pendiente.
En concreto, está pendiente de negociarse y aprobarse la estructura de puestos de trabajo, la distribución y dotación de efectivos en las unidades administrativas, la carrera administrativa alineada con la reforma de la función pública, el modelo de evaluación del desempeño y los itinerarios formativos ajustados a las competencias de cada puesto, la revisión de los procesos selectivos, el fomento del teletrabajo, la recuperación de los despachos para reducir los ruidos y la falta de concentración en los espacios abiertos, o los mecanismos de integridad institucional.
Y hay disponibilidad presupuestaria si se quiere: en 2024 el coste presupuestario anual de la AEAT bajó, por primera vez, de la cota del 0,6% de los ingresos tributarios netos que gestiona.
Como muestra de la falta de interés real para abordar los asuntos pendientes, están los Informes de la Inspección de los Servicios del plan estratégico, en cuya última edición publicada de julio de 2025 no analizó ninguna de las líneas estratégicas de ordenación de los recursos humanos.
De hecho, desde Gestha advertimos que la situación abre un escenario de incertidumbre que puede retrasar reformas imprescindibles para el futuro de la Agencia Tributaria, lo cual puede agravar el deterioro organizativo de la institución y aumentar el desánimo de una plantilla que necesita afrontar con garantías los desafíos presentes y futuros del organismo esencial para el sostenimiento del Estado del bienestar.
Así, cabe preguntarse qué causas hay detrás de esta crisis de calado. Desde hace tiempo varios directivos de la Agencia Tributaria venían mostrando su incomodidad ante la creciente exposición de la institución a batallas políticas, que han ido condicionando la actividad laboral, con informaciones imprecisas, en ocasiones, como los efectos de la residencia en Portugal del hermano del presidente del Gobierno, la filtración de información fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, los contactos para lograr aplazar las deudas tributarias de empresas del entorno de Víctor de Aldama, o la reciente decisión de la Agencia Tributaria de personarse en la pieza separada de las joyas halladas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Precisamente este último caso ha situado a la Agencia Tributaria en el centro del debate político y mediático, aunque no se ve relación que permita concluir que haya motivado los relevos producidos.
Y es que, sin perjuicio de que estos episodios hayan contribuido al deterioro de la imagen de la AEAT, existe otro debate de fondo con importantes implicaciones institucionales en el contexto en el que se produce este relevo.
Me refiero al proceso abierto de las reuniones bilaterales para acordar el futuro modelo de financiación autonómica, a la cesión de la gestión compartida del IRPF y al eventual funcionamiento de las agencias tributarias en red.
No debe olvidarse que el acuerdo entre el PSC y ERC para facilitar la investidura de Salvador Illa incluyó el refuerzo de las capacidades de la Agencia Tributaria de Cataluña para asumir las funciones de gestión, recaudación e inspección de los tributos generados en ese territorio. Al margen de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la Generalitat con plazos dilatados y proyectos experimentales, esta polémica se ha visto reforzada por mensajes para una integración voluntaria de parte del personal de la AEAT destinado en Cataluña, una circunstancia que ha generado una inquietud interna y sobre la que la dirección de la Agencia no se ha pronunciado.
En paralelo, existen muchas incertidumbres de cómo se concreta un modelo de Agencias Tributarias en red. Y preocupa que se transfiriera la capacidad de gestionar las deducciones autonómicas del IRPF como un paso intermedio para que las CCAA tengan la capacidad de gestionar y recaudar un impuesto tan relevante como el IRPF, hacia el objetivo final de asumir la gestión de todos los tributos obtenidos en el territorio.
Ese discurso sin matices lleva a un resultado final de fragmentación de la Agencia Tributaria estatal, y posterior desaparición por integración en los servicios tributarios autonómicos.
Esos debates ideológicos deben incluir los efectos de la dispersión de competencias de elementos nucleares del sistema fiscal español y las consecuencias negativas en la coordinación, la eficacia administrativa y la igualdad de los contribuyentes ante la aplicación del sistema tributario.
Es cierto que las reformas legislativas de transferencia de competencias tributarias pasarán por la aprobación de las Cortes Generales, que requieren una mayoría absoluta para modificar leyes orgánicas, y qué no decir si se requiere un cambio de la Constitución si se pretende cambiar la capacidad originaria de establecer tributos y del conjunto de normas que forman el bloque de constitucionalidad. Pero también es evidente que este debate suscita una profunda preocupación entre numerosos empleados de la Agencia Tributaria estatal, al afectar directamente a su desempeño, intereses y aspiraciones.
En este sentido, Gestha viene defendiendo la necesidad de preservar un modelo de Administración tributaria que garantice la unidad funcional del sistema tributario español y evite procesos que puedan desembocar en la fragmentación de la AEAT. Por eso es imprescindible conocer las razones que han motivado este relevo. No solo por transparencia, sino porque lo que está en juego es la dirección de una institución esencial del Estado con incidencia directa sobre el conjunto de los contribuyentes.
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