El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes, tras el Consejo de Ministros extraordinario, una batería de medidas para paliar los efectos económicos que ha provocado la ofensiva militar conjunta que llevan a cabo desde hace un mes Estados Unidos e Israel contra Irán. Para tratar de garantizar la aprobación de las disposiciones dirigidas a contener el auge de los precios de la energía que está provocando la guerra en Oriente Medio, el Ejecutivo ha decidido concentrarlas en un único real decreto, que engloba distintas intervenciones fiscales, al margen de aquellas relacionadas con la vivienda, que irán en otro, tras la presión de Sumar para incluir una prórroga de alquileres. Este es el contenido de los dos reales decretos, que en total reúnen 80 medidas, y que van a movilizar 5.000 millones de euros. La mayoría de estas medidas serán aplicables hasta el 30 de junio, con independencia de que la duración o intensidad del conflicto varíe y tanto su alcance como el periodo de vigencia deban alargarse más allá de esa fecha.
El Ejecutivo ha concentrado en dos reales decretos 80 medidas para contener los efectos económicos de la guerra en Irán. Afectan desde el marco fiscal al laboral
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes, tras el Consejo de Ministros extraordinario, una batería de medidas para paliar los efectos económicos que ha provocado la ofensiva militar conjunta que llevan a cabo desde hace un mes Estados Unidos e Israel contra Irán. Para tratar de garantizar la aprobación de las disposiciones dirigidas a contener el auge de los precios de la energía que está provocando la guerra en Oriente Medio, el Ejecutivo ha decidido concentrarlas en un único real decreto, que engloba distintas intervenciones fiscales, al margen de aquellas relacionadas con la vivienda, que irán en otro, tras la presión de Sumar para incluir una prórroga de alquileres. Este es el contenido de los dos reales decretos, que en total reúnen 80 medidas, y que van a movilizar 5.000 millones de euros. La mayoría de estas medidas serán aplicables hasta el 30 de junio, con independencia de que la duración o intensidad del conflicto varíe y tanto su alcance como el periodo de vigencia deban alargarse más allá de esa fecha.
Rebajas fiscales en la electricidad. Para tratar de abaratar la factura energética de hogares y empresas, el Gobierno ha acordado una bajada del IVA de los impuestos de la electricidad en un 60%. Para ello, ha acordado recortar el IVA del 21% al 10%, y reducir al 0,5% el impuesto especial sobre la electricidad (IEE).
Suspensión del impuesto energético. A estas rebajas fiscales se suma la suspensión temporal del impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica (IVPEE). Las empresas que generan electricidad en España pagan un 7% de gravamen sobre el valor de la electricidad que producen. Por tanto, aunque se trata de un impuesto que no pagan directamente los consumidores, suele acabar reflejándose en el precio final de la luz, porque las eléctricas lo incorporan a sus costes. Se busca, por tanto, generar energía de forma más barata.
Abaratar los carburantes y el gas. En el caso de los carburantes, el IVA también se reduce del 21% al 10%. Esta medida pretende reducir el coste tanto del diésel como de la gasolina, que desde el comienzo de la guerra se habían encarecido un 27,4% y un 14,9%, respectivamente.
También decreta una reducción al 10% en el mismo impuesto para el gas natural, los pellets y la leña. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el uso doméstico de la biomasa —donde se incluyen pellets, astillas y leña como combustibles sólidos para calefacción— está presente en dos millones y medio de hogares en España; la mayoría de ellos en zonas rurales.
Ayuda directa de 20 céntimos por litro de carburante para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. En línea con el planteamiento anterior, se contempla un apoyo específico para los sectores más afectados por el incremento del precio del gasóleo en forma de una ayuda económica directa que alivie la factura energética.
Rebaja del impuesto especial de hidrocarburos. Junto con el retoque del IVA, también se ha acordado una rebaja del impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo permitido en la UE. Pese a que no se ha detallado la cuantía exacta en la que quedará, atendiendo a los datos oficiales de la Comisión Europea, los tipos mínimos que deben imponer los Estados miembros son de 0,359 euros por litro para la gasolina sin plomo; y de 0,330 euros en el caso del diésel.
Se congela el precio máximo del butano y el propano. La bombona de butano tradicional alcanzó hace unos días los 16,35 euros de valor, por lo que no podrá superar esta barrera. En el caso del propano, pese a que la medición del precio se realiza de manera distinta, una estimación aproximada a los valores más elevados que se han alcanzado en los últimos días sitúa el precio al borde de los 12 euros, por lo que ese será su tope.
Bono social eléctrico. El Gobierno ha aprobado reforzar el bono social eléctrico, los descuentos extraordinarios en la factura de la luz de los que venían beneficiándose los consumidores vulnerables, hasta diciembre de 2026. Así, este colectivo seguirá accediendo a rebajas durante los próximos ocho meses y medio: del 42,5% para aquellos considerados vulnerables; y del 57,5% para los vulnerables severos. Junto con este refuerzo, el Ejecutivo ha acordado la prohibición de interrumpir suministros esenciales en este tipo de hogares.
Bonificación a la industria electrointensiva. Las industrias que consumen electricidad de forma intensiva para su actividad también serán beneficiarias de una bonificación del 80%. Según cálculos del Gobierno, esto les permitirá un ahorro de unos 200 millones de euros. En la práctica, supone que aquellas fábricas electrointensivas en su funcionamiento (como siderúrgicas, cementeras, azulejeras o químicas) solo paguen el 20% de ciertos costes eléctricos regulados. Se trata de compañías que compiten a nivel internacional, por lo que se busca así que no pierdan competitividad en el mercado.
Flexibilidad para adaptar contratos. Otra de las medidas aprobadas tiene por objeto dotar de una mayor flexibilidad por ley en los contratos de suministro energético para empresas y autónomos. Esto es, se establecerán mecanismos para que resulte más sencillo llevar a cabo modificaciones, ajustes o cambios, por ejemplo, en los contratos de la luz que tengan firmados.
Control de las medidas. El Ejecutivo dota a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de nuevas capacidades para llevar a cabo una mayor supervisión de las actuaciones, y, llegado el caso, para decretar sanciones en situaciones de abuso.
Deducciones en el IRPF. El Plan Integral contiene medidas estructurales para impulsar la electrificación de la economía y la soberanía energética, con deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, nuevas ayudas para la climatización de edificios o el impulso de las inversiones en renovables.
Protección laboral. En materia sociolaboral, el Gobierno ha considerado que aún es pronto para activar toda la batería de prestaciones y condiciones ventajosas para los ERTE (suspensiones temporales de empleo) que aprobó en crisis anteriores. No obstante, el Ministerio de Trabajo sí ha negociado la aprobación de dos medidas encuadradas dentro del marco del mercado de trabajo. Ambas han quedado recogidas en el decreto inicial que tenía previsto aprobar inicialmente el Consejo de Ministros y no en el segundo texto, destinado a incluir las actuaciones de protección en materia de vivienda.
Prohibición de despidos. La primera de las medidas laborales es la prohibición del despido objetivo por causas relacionadas con la crisis energética. Esta medida ideada por Trabajo fue aprobada por primera vez en el peor momento de la crisis de la covid y consiste en prohibir a las empresas que reciban ayudas públicas la realización de despidos por causas objetivas relacionadas con los efectos económicos provocados por la guerra. Posteriormente, el Gobierno recuperó esta prohibición en el paquete de medidas anticrisis por la invasión rusa de Ucrania y la fue prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2025. También incluyó esta prohibición en el último decreto de escudo social en febrero pasado que el Congreso tumbó y no consolidó, por lo que interrumpió su vigencia hasta que sea ahora aprobada nuevamente.
Adelanto de los planes de movilidad. El Gobierno ha decidido adelantar la plena entrada en vigor de los planes de movilidad sostenible en las empresas. Así, estos planes, recogidos en la Ley 9/2025 entraron en vigor el pasado 5 de diciembre, pero la norma daba un plazo de hasta 24 meses para aplicarlos en las empresas. Pero Trabajo ha negociado con la parte socialista del Gobierno adelantar esta exigencia a un año. Por tanto, tras la aprobación del decreto diseñado este viernes en el Consejo de Ministros, todas las empresas de más de 200 trabajadores o 100 empleados por turno deberán contar de manera obligada, desde el 5 de diciembre de 2026, con un plan de movilidad sostenible para facilitar los desplazamientos de sus plantillas a los centros de trabajo.
Limitar márgenes empresariales. Otra exigencia de los ministros de Sumar que se incluirá en el principal decreto de medidas consiste en una limitación de los márgenes empresariales, para evitar que las grandes firmas eleven los precios de forma injustificada aprovechando la crisis.
Congelación de los alquileres. Fuera del real decreto que concentra todas las medidas anteriormente citadas, el Ejecutivo, tras la insistencia de Sumar (que ha llegado a retrasar la celebración del Consejo de Ministros si no se atendía esta reclamación), se ha aprobado otro centrado únicamente en la vivienda. La medida estrella es la congelación durante dos años de los alquileres que estaban por concluir a lo largo de 2026, unos 600.000 según cálculos de Sumar. Así, en el momento de la renovación de los arrendamientos, el precio deberá quedarse como estaba (con la correspondiente actualización anual, que no puede superar la variación del IPC), no permitiendo que los propietarios lo eleven en la cantidad que estimen oportuno tras haberse cumplido el tiempo mínimo de estancia.
Hacer frente al gran “apagón” inmobiliario, como ha sido denominado este fenómeno, ha sido el caballo de batalla de Sumar en toda la legislatura, y tras tensar la cuerda en las últimas horas, ha logrado que forme parte de este paquete general anticrisis. Sin embargo, el más que probable rechazo de Junts, además del de los demás partidos del arco conservador, sitúa a este segundo real decreto sobre el alambre en la votación en el Congreso, que debe producirse en el plazo máximo de un mes desde la publicación del decreto en el BOE.
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