El Ministerio de Vivienda ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la declaración como zona de mercado tensionado para el alquiler de siete nuevos municipios: Santiago de Compostela en Galicia; Gijón, Avilés, Llanes, Gozón y Cabrales en Asturias; y Basauri en Euskadi. Según los datos divulgados por el Gobierno central, en España hay ya 317 municipios de cinco autonomías (Cataluña, Euskadi, Navarra, Galicia y Asturias) que se han acogido a esta figura que limita los precios en áreas donde los incrementos de renta en los años anteriores hayan sido desproporcionados. En los territorios donde rige este mecanismo habitan 9,3 millones de personas, calcula el ministerio.
Vivienda calcula que 9,3 millones de personas viven ya en zonas tensionadas tras la incorporación de la capital gallega y otros núcleos del norte de España
El Ministerio de Vivienda ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la declaración como zona de mercado tensionado para el alquiler de siete nuevos municipios: Santiago de Compostela en Galicia; Gijón, Avilés, Llanes, Gozón y Cabrales en Asturias; y Basauri en Euskadi. Según los datos divulgados por el Gobierno central, en España hay ya 317 municipios de cinco autonomías (Cataluña, Euskadi, Navarra, Galicia y Asturias) que se han acogido a esta figura que limita los precios en áreas donde los incrementos de renta en los años anteriores hayan sido desproporcionados. En los territorios donde rige este mecanismo habitan 9,3 millones de personas, calcula el ministerio.
Entre los nuevos ayuntamientos que se incorporan a la lista está Santiago de Compostela. La capital gallega se convierte así en la segunda ciudad de esta comunidad después de A Coruña que utiliza este mecanismo incluido en la ley de vivienda. Ninguna de las dos está gobernada por el PP, ya que el partido que en Galicia lidera Alfonso Rueda se ha mostrado crítico con la medida. Pero a la vez es el único Ejecutivo autónomo del PP que ha permitido desarrollar los controles de precios en su territorio, ya que la ley solo permite esa declaración a instancias de la Administración autonómica. La urbe coruñesa tiene alcaldesa del PSOE y la compostelana, del BNG.
La regidora de Santiago, la nacionalista Goretti Sanmartín, considera que se trata de una herramienta “muy importante” para afrontar uno de los principales problemas de la ciudad. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, candidato socialista a la alcaldía de la capital gallega, también ha celebrado la declaración como una “respuesta útil”. La llegada de turistas a la capital gallega se ha multiplicado en los últimos años y no solo ha complicado la búsqueda de vivienda para los residentes en esta urbe, sino también para los estudiantes de la mayor universidad gallega. Hay universitarios que se tienen que alojar durante el curso en municipios limítrofes por la falta o carestía de los pisos.
Blanco sostiene que la medida conseguirá contener los precios, favorecerá “un mercado más equilibrado” y aumentará los “contratos estables”. La Xunta, sin embargo, considera que es un instrumento que “tiene los efectos contrarios a los que desea el propio Ayuntamiento”. El Gobierno autonómico del PP asegura que la declaración de zonas tensionadas retira viviendas del mercado y da un dato sobre A Coruña para sostener su argumento: en julio de 2025 se formalizaron 727 contratos de alquiler y, en mayo de este año, ya con los controles de precios en marcha, 320. Un contraargumento a esto desde Administraciones de izquierdas es que la menor firma de contratos también se debe a una mayor estabilización de los alquileres ya existentes. Es decir, que al no encontrar el incetivo de subir el precio, muchos caseros prefieren quedarse con los inquilinos que ya tienen.
La declaración de Santiago, seis núcleos en Asturias (donde la figura de área tensionada no se aplicará a municipios completos, sino por barrios) y la localidad vizcaína de Basauri se ha pubicado este miércoles en el BOE y entrará en vigor el jueves. Desde ese día, todos los nuevos contratos del alquiler en las nuevas zonas han de estar referenciados al precio del contrato anterior, sin que puedan exceder del mismo (salvo con algunas excepciones, si se alega una mejora en las condiciones de la vivienda). En el caso de que el inmueble pertenezca a un gran propietario (más de 10 viviendas, aunque las comunidades pueden rebajarlo a cinco) . Las Administraciones deberán además ejecutar un plan con medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler con el objetivo de que en el plazo de tres años “la situación del mercado del alquiler haya sido revertida”, apunta el Gobierno.
El Ministerio de Vivienda esgrime que la aplicación de las zonas tensionadas “ayuda a contener los precios mientras se desarrollan medidas estructurales como el incremento de la oferta de vivienda asequible”. Para el departamento que dirige Isabel Rodríguez, la medida es “eficaz” y pone como ejemplo lo ocurrido en tres comunidades.
En Cataluña, que lleva dos años con estas limitaciones, los precios del mercado del alquiler han caído un 4,7% en la ciudad de Barcelona y un 1,3% en todas las zonas de mercado tensionado declaradas. En ese período, añade el ministerio, el parque de alquiler habitual ha crecido en 20.994 contratos. En los 14 municipios de Gipuzkoa que cuentan con esta figura, los nuevos alquileres bajaron un 3,5% y el número de contratos activos aumentó un 3,2%, según ha difundido el Gobierno vasco esta misma semana. En Navarra, la disminución de los precios en estas localidades supera el 8%, también según los registros de la Administración autonómica.
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