El Tribunal Constitucional de la República Checa desestimó el recurso de amparo presentado por Telefónica contra la sentencia que la obliga a pagar 35,14 millones de euros (849,66 millones de coronas checas) más intereses, lo que eleva la indemnización a un total de 102 millones de euros, que deberá abonar a dos accionistas minoritarios de la antigua Český Telecom, adquirida por la empresa española en 2005. La resolución del alto tribunal, publicada este miércoles en su base de datos pero fechada el 21 de julio, agota la vía judicial en el país centroeuropeo y confirma la validez de los fallos emitidos por las instancias inferiores.
El Tribunal Constitucional desestima la petición de la operadora española y valida la indemnización a dos fondos vinculados al inversor Pavel Tykač
El Tribunal Constitucional de la República Checa desestimó el recurso de amparo presentado por Telefónica contra la sentencia que la obliga a pagar 35,14 millones de euros (849,66 millones de coronas checas) más intereses a dos accionistas minoritarios de la antigua Český Telecom, adquirida por la empresa española en 2005. La resolución del alto tribunal, publicada este miércoles en su base de datos pero fechada el 21 de julio, agota la vía judicial en el país centroeuropeo y confirma la validez de los fallos emitidos por las instancias inferiores.
El fallo del órgano constitucional establece de forma definitiva que la compañía telefónica española deberá abonar 25,96 millones de euros (627,76 millones de coronas checas) a la sociedad Venten Management Limited y 9,18 millones de euros (221,9 millones de coronas checas) a la firma Lexburg Enterprises Limited. Ambas entidades están constituidas en Chipre y pertenecen al grupo empresarial del inversor checo Pavel Tykač.
A la cantidad principal fijada por los tribunales se le suman los intereses de demora y las costas procesales acumuladas a lo largo de dos décadas de litigio. Como consecuencia de estos recargos, la cifra total exigida por las empresas demandantes a Telefónica asciende a 102 millones de euros (2.481 millones de coronas checas), como admitía la propia multinacional española en sus últimas cuentas a cierre del primer semestre de 2026. La compañía ha declinado hacer comentarios sobre esta información.
El origen de la disputa legal se remonta al año 2005, periodo en el que el Gobierno de la República Checa ejecutó la privatización de la operadora estatal de telecomunicaciones Český Telecom. En esa operación, Telefónica adquirió una participación mayoritaria del 51,1% del capital social en manos del Estado por un importe de 502 coronas checas por acción (equivalentes a 16,73 euros al cambio de la época).
Tras tomar el control de la compañía estatal, las normas del mercado de valores checo obligaron a Telefónica a lanzar una oferta pública de adquisición (opa) por el capital restante en manos de inversores privados y minoritarios. Telefónica fijó la contraprestación de dicha opa en 456 coronas checas por título (15,20 euros), una cifra calculada sobre la base del promedio ponderado de la cotización bursátil de las acciones durante los seis meses anteriores a la transacción.
Las sociedades Venten Management Limited y Lexburg Enterprises Limited, titulares de paquetes accionariales minoritarios en Český Telecom, rechazaron la oferta al considerar que el precio fijado por la firma española perjudicaba a los inversores privados frente al precio superior abonado a las arcas estatales. En 2006 y 2009, ambas firmas interpusieron demandas judiciales contra Telefónica para reclamar el pago de la diferencia entre el precio abonado al Estado y el precio ofrecido en la OPA.
El recorrido judicial del caso abarca dos décadas de resoluciones en la Corte Municipal de Praga, el Tribunal Superior y el Tribunal Supremo. En 2016, la Corte Municipal de Praga emitió un primer fallo que ordenaba a Telefónica pagar 23 millones de euros (644 millones de coronas) a Venten Management y 8 millones de euros (227 millones de coronas) a Lexburg Enterprises, más intereses. En ese momento, la dirección de Telefónica presentó un recurso extraordinario solicitando la suspensión de los efectos de la sentencia.
En 2019, el Tribunal Supremo checo anuló la decisión dictada en 2016 y ordenó la devolución del expediente al Tribunal Superior de Praga para un nuevo análisis. Tras la revisión de las pruebas y de las valoraciones periciales, el Tribunal Superior dictó en mayo de 2025 una nueva sentencia que elevó la indemnización a favor de los demandantes a 2.381 millones de coronas checas incluyendo intereses acumulados (aproximadamente 96 millones de euros a tipo de cambio de junio de ese año).
Ante esa condena, Telefónica recurrió en casación ante el Tribunal Supremo alegando irregularidades en el procedimiento, la improcedencia del perito judicial designado y la aplicación retroactiva de criterios sobre la fijación de precios de privatización. El Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación, lo que llevó a la multinacional española a interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional argumentando que la inadmisión carecía de la motivación suficiente y vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva.
En el texto de la sentencia hecha pública este miércoles, los magistrados constitucionales rechazaron los argumentos de la compañía española y declararon el recurso “manifiestamente infundado”. El tribunal precisó que la brevedad en la argumentación empleada por el Tribunal Supremo no constituye por sí sola una violación de la Carta Magna checa y confirmó que la resolución impugnada mantiene su plena validez legal sin que exista posibilidad de presentar nuevos recursos en la jurisdicción nacional.
Telefónica inició su salida del mercado checo en el año 2013, cuando acordó la venta de su filial O2 Czech Republic al grupo inversor PPF, controlado por el fallecido empresario Petr Kellner, por un importe total de 2.467 millones de euros. A pesar de la desinversión de los activos operativos en la República Checa, la compañía española mantuvo la responsabilidad legal sobre las contingencias judiciales derivadas del proceso de privatización de 2005.
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