El pasado miércoles el Ministerio para la Transición Ecología, que dirige Sara Aagesen desde el 25 de noviembre, lanzó a consulta pública la orden que regula el nuevo mecanismo o mercado de capacidad, por el cual, las instalaciones eléctricas, entre otras, recibirán una retribución a cambio de estar disponibles en momentos de estrés del sistema. Se da la circunstancia de que este mecanismo, que se aplica ya en una decena de países europeos y tiene la consideración de ayuda de Estado, debe recibir el visto bueno desde el punto de vista de la competencia de la vicepresidencia de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, que lidera su predecesora en el cargo, Teresa Ribera.
La vicepresidenta de Transición Limpia de la Comisión Europea deberá analizar las ayudas de Estado que implica la orden del nuevo mecanismo de capacidad propuesto por España
El pasado miércoles el Ministerio para la Transición Ecología, que dirige Sara Aagesen desde el 25 de noviembre, lanzó a consulta pública la orden que regula el nuevo mecanismo o mercado de capacidad, por el cual, las instalaciones eléctricas, entre otras, recibirán una retribución a cambio de estar disponibles en momentos de estrés del sistema. Se da la circunstancia de que este mecanismo, que se aplica ya en una decena de países europeos y tiene la consideración de ayuda de Estado, debe recibir el visto bueno desde el punto de vista de la competencia de la vicepresidencia de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, que lidera su predecesora en el cargo, Teresa Ribera.
Según señalan fuentes próximas a Transición Ecológica, la propuesta de orden “es fruto de un intenso trabajo de este ministerio con la Comisión Europea”, cuya propuesta normativa está en proceso de prenotificación. Este trabajo “se ha traducido en la consulta pública de seis semanas abierta el pasado miércoles sobre los aspectos de diseño del mecanismo, así como los requisitos de acceso o el método de concurrencia competitiva”, añaden. Para acceder al servicio, la orden plantea un sistema de subastas (principal, transitoria y de ajuste) a sobre cerrado. Una vez que concluya el periodo de alegaciones, el ministerio, con los cambios correspondientes, solicitará formalmente su autorización como ayuda de Estado y en paralelo continuará la tramitación de la norma.
Para recibir las ayudas del mecanismo de capacidad, que ya aplican Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Polonia y Suecia, los países deben demostrar que lo necesitan porque en determinados momentos del año sus sistemas eléctricos tienen problemas de cobertura. Para ello se elaboran distintos análisis con el número de horas críticas en que no su puede cubrir la demanda por falta de energía.
La vicepresidencia europea que ocupa Ribera tiene potestad para analizar la medida desde dos vertientes: la de energía y la de competencia. Así, la autorización para aplicar el mecanismo específico fue potestad de la Dirección General de Energía, la cual estudió cuando la política española aún no ocupaba su nuevo cargo en Bruselas. Según fuentes del sector, esta dirección ya aprobó hace unos meses un plan de implementación del mecanismo al entender que España cumple los índices de riesgo. Lo que demuestra que Ribera, frente a quienes criticaban que le dejó la patata caliente a su sucesora, ya trabajó en él antes de ocupar la vicepresidencia europea el pasado noviembre.
A partir de ahora, cuando termine el proceso de alegaciones de la propuesta de orden de Aagesen, será la Dirección General de Competencia, que también depende de Ribera, la que analice (y, en su caso, apruebe) la ayuda de Estado que le notificará formalmente del ministerio español de Transición.
Un mecanismo necesario
Para demostrar la necesidad de contar con un mecanismo de capacidad se utiliza como indicador de cobertura de la demanda el número de horas esperadas con energía no suministrada (LOLE, por sus siglas en inglés), indica la orden en marcha. Esta añade que dicho indicador “pone de manifiesto la existencia de unos valores de 6,26 horas en 2025; 4,76 horas en 2027 y 2,34 horas en 2030″, valores superiores al estándar de fiabilidad previsto en el Reglamento europeo 2019/943 relativo al mercado interior de la electricidad, que establecía un estándar de fiabilidad de 0,94 horas, muy por debajo del que tiene el sistema español.
En este sentido, en noviembre de 2023, Red Eléctrica de España publicó también un análisis nacional de cobertura (NRAA, por sus siglas en inglés), de conformidad con dicho Reglamento, en el que se analizaban las necesidades en diferentes horizontes temporales (hasta 2030), lo que hacía necesario contar con un mecanismo de capacidad para cubrir la demanda estimada en dichos horizontes. Otras herramientas conducen al mismo resultados, según la propuesta de orden.
El Ministerio de Transición considera que las razones que explican las situaciones estrés del sistema son varias. Entre otras, la falta de viabilidad de nuevas inversiones en nuevas tecnologías firmes y flexibles, como el almacenamiento, que sigue encontrando barreras a unas inversiones “imprescindibles para la seguridad de suministro y la integración de las renovables”. Algo que muchos países europeos han solucionado con mercados de capacidad, subraya.
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