El Ministerio de Trabajo mantiene su intención de reformar la indemnización por despido improcedente para que se ajuste a lo que establece la Carta Social Europea, pese a la sentencia del Supremo de este miércoles que cierra la puerta a las compensaciones adicionales.
“El Gobierno hará efectivo el programa de coalición y su compromiso con la ciudadanía, que es reformar el despido”, dice el ministerio de Díaz. Economía viene rechazando el cambio
“El Gobierno hará efectivo el programa de coalición y su compromiso con la ciudadanía, que es reformar el despido”, dice el ministerio de Díaz. Economía viene rechazando el cambio
El Ministerio de Trabajo mantiene su intención de reformar la indemnización por despido improcedente para que se ajuste a lo que establece la Carta Social Europea, pese a la sentencia del Supremo de este miércoles que cierra la puerta a las compensaciones adicionales.
“Desde el respeto a las decisiones judiciales y a la espera de conocer el contenido definitivo de la sentencia, se recuerda que España ha ratificado la Carta Social Europea, cuyo cumplimiento garantiza íntegramente y adicionalmente el Gobierno, que hará efectivo el programa de coalición y su compromiso con la ciudadanía, que es reformar el despido”, informa fuentes del ministerio que dirige Yolanda Díaz.
Con esas declaraciones, Trabajo hace referencia a dos elementos en los que, en su opinión, descansa la justificación de abordar una reforma. El primero es la ratificación en 2021 de la Carta Social Europea, cuyo artículo 24 establece el “derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. El organismo encargado de interpretar este tratado, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), ha resuelto dos veces (primero ante una reclamación de UGT y luego ante otra de CC OO) que España viola ese artículo con su sistema tasado en días, que resulta en indemnizaciones escasas cuando la relación laboral ha sido corta y cuantiosas cuando ha sido larga.
El Supremo considera que la expresión derecho a una “indemnización adecuada” del artículo 24 “resulta literalmente inconcreta” y entiende que lo ahí expresado “no se trata de mandatos directamente aplicables, sino de declaraciones programáticas, de abierta interpretación, cuya virtualidad concreta exigiría una intervención legislativa”.
Y ahí, en esa intervención legislativa, prosigue la interpretación de Trabajo. El programa de Gobierno de PSOE y Sumar promete lo siguiente: “Establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”. Trabajo considera que las resoluciones del CEDS certifican que España no cumple la Carta, e insiste en esa lectura tras la sentencia del Supremo, así que insiste en que para cumplir el programa de Gobierno habría que reformar la normativa.
“Que el despido en España no cumple con la Carta Social Europea no es una opinión. Es una afirmación incontrovertible. No es un problema de si estamos de acuerdo, es un problema de cumplir con nuestras obligaciones internacionales”, dijo el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una entrevista reciente con este periódico.
Trabajo viene insistiendo en esta línea, y de ahí que anunciase en junio del año pasado que abrirá una mesa de diálogo al respecto con los agentes sociales. El Ministerio de Economía, por su parte, viene haciendo una interpretación diferente y cree que España ya cumple con la Carta Social Europea. A las dudas socialistas se une el previsible rechazo a una modificación de los partidos de derechas que sostienen al Gobierno, como PNV y Junts.
Los empresarios, al contrario que los sindicatos, no quieren abrir este melón, que quedó fuera del perímetro de la reforma laboral. En una entrevistaen julio de 2024, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, restó importancia a las decisiones del CEDS: “El Comité es consultivo y hay muchos temas consultivos que no se atienden”. También subrayó que otros países a los que el CEDS ha señalado por motivos parecidos no reformaron sus sistemas de indemnización.
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Sobre la firma
Redactor de Economía. Empezó su trayectoria en EL PAÍS en 2016 en Verne y se incorporó a Sociedad con el estallido del coronavirus, en 2020. Ha cubierto la erupción en La Palma y ha participado en la investigación de la pederastia en la Iglesia. Antes trabajó en la Cadena SER, en el diario AS y en medios locales de su ciudad, Alcalá de Henares.
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