En septiembre de 2024 la Policía Nacional recuperó 17 millones de euros en criptomonedas, una de las mayores incautaciones jamás logradas en Europa. Los agentes detuvieron al presunto cabecilla de la trama y custodiaron las carteras digitales y sus claves en una cámara acorazada. Cuando fueron a acceder a ellas, el botín había desaparecido. ¿El responsable del robo? Un funcionario. Un secretario judicial hurtó las claves, las ocultó bajo el marco de una puerta en una pequeña bola de papel y se hizo con el trofeo. Buscar dónde esconden las claves de sus billeteras cripto los delincuentes se ha convertido en una tarea tan habitual para la Policía Nacional y la Guardia Civil como localizar fajos de billetes, joyas u obras de arte. Los criptoactivos cobran cada vez más protagonismo en la lucha contra el malo.
Las ‘stablecoins’, las reinas del blanqueo
Si hace años las macroestafas y las falsas inversiones dominaban los delitos con criptomonedas, ahora los casos de blanqueo de capitales son los más frecuentes en las investigaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y no hay dudas sobre cuáles son los activos más usados: las stablecoins, criptomonedas que mantienen su valor estable al estar ligadas a una divisa tradicional, como el euro o el dólar.
En el pasado, bitcoin y ethereum, los dos principales criptoactivos del mercado, fueron los más utilizados por hackers y estafadores. Pero ahora, los ciberdelincuentes prefieren criptomonedas más complejas como Monero o Zcash, que otorgan más privacidad. Los blanqueadores, en cambio, buscan otros activos menos volátiles. “Un blanqueador no puede jugarse el dinero de una organizacion criminal. Necesita monedas estables, que puedan moverse y convertirse facilmente”, inciden desde la UDEF. Stablecoins como USDT, emitida por la empresa Tether, con sede en El Salvador, y USDC de Circle, la compañía estadounidense que ha obtenido la licencia para operar en Europa son las más utilizadas.
El último informe de Chainalysis sobre crímenes cripto en 2026 señala que durante los últimos años las stablecoins han dominado el panorama de las transacciones ilícitas. “Ahora representan el 84% de todo el volumen de las transacciones ilícitas. Esto refleja tendencias más amplias del ecosistema, donde las stablecoins ocupan un porcentaje considerable y creciente de toda la actividad en criptomonedas debido a sus beneficios prácticos: facilidad de transferencia transfronteriza, menor volatilidad y una utilidad más amplia”, reconoce el estudio.
Trazar un mapa con las transacciones de los activos digitales es una práctica tan habitual en las investigaciones como buscar obras de arte o joyas, pero el gran reto pasa por intervenir los fondos
En septiembre de 2024 la Policía Nacional recuperó 17 millones de euros en criptomonedas, una de las mayores incautaciones jamás logradas en Europa. Los agentes detuvieron al presunto cabecilla de la trama y custodiaron las carteras digitales y sus claves en una cámara acorazada. Cuando fueron a acceder a ellas, el botín había desaparecido. ¿El responsable del robo? Un funcionario. Un secretario judicial hurtó las claves, las ocultó bajo el marco de una puerta en una pequeña bola de papel y se hizo con el trofeo. Buscar dónde esconden las claves de sus billeteras cripto los delincuentes se ha convertido en una tarea tan habitual para la Policía Nacional y la Guardia Civil como localizar fajos de billetes, joyas u obras de arte. Los criptoactivos cobran cada vez más protagonismo en la lucha contra el malo.
Hasta hace poco, los activos digitales aparecían de forma esporádica en las investigaciones contra el crimen; hoy, en cambio, son una constante. Grupos especializados en ciberdelincuencia, redes de fraude y organizaciones dedicadas al blanqueo de capitales utilizan los criptoactivos para mover dinero, ocultar su origen y dificultar su rastreo. “Ya sea para el tráfico de drogas o de seres humanos o cualquier otra tipología delictiva. Las organizaciones criminales ya ven las criptos como una manera de mover sus fondos. Las han incluido en su cartera de servicios”, reconocen fuentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Las investigaciones de delitos con cripto comienzan como cualquier otra: indicios sospechosos de actividad ilegal. Las intervenciones telefónicas suelen dar pistas sobre la existencia de criptomonedas. A partir de ahí, el análisis de documentación, ordenadores o teléfonos puede aflorar indicios sobre la presencia de billeteras digitales y claves privadas para acceder a fondos de dudosa procedencia. En un registro policial, los indicios pueden encontrarse en los lugares más insospechados: la trasera de un cuadro y su bastidor, bajo una baldosa, dentro de una caja fuerte… son algunos de los emplazamientos que analizan los agentes. “Pero no es tan sencillo como con los demás activos financieros”, reconoce un agente de la UDEF. “Podemos saber si una persona tiene o no una cuenta bancaria en España porque existen fichas financieras. Pero no tenemos la misma información sobre las criptos”.
Si se descubren indicios de movimiento de criptomonedas arranca una nueva fase de la investigación que puede resumirse como follow the money (sigue el dinero). La frase de Garganta Profunda en Todos los hombres del presidente fue el desencadenante de la investigación de Watergate y ha sido durante décadas la regla de oro para destapar casos de corrupción, fraude o crimen organizado. En la era de las criptomonedas, el principio sigue siendo el mismo, pero ya no basta con buscar cuentas bancarias en paraísos fiscales, transferencias o maletines de efectivo. Los investigadores deben reconstruir el viaje de los criptoactivos en la blockchain, un dinero que deja huellas, pero ningún rostro.
Cada transacción, de hecho, queda registrada de forma permanente en la blockchain, aunque remitente y destinatario solo aparecen identificados por una dirección alfanumérica. Un seudónimo que garantiza su privacidad y que es la esencia del mundo cripto. “Puedes saber en todo momento dónde ha ido la cripto. La clave está en conocer quién está detrás de esa billetera”, explica Alberto Redondo, jefe del grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ). Cuando reconstruyen el recorrido de estos activos, los agentes buscan de dónde proceden los fondos, hacia dónde han ido, quién es el beneficiario y el origen del dinero… y si es lícito o no. Para hacerlo recurren a herramientas especializadas como TRM Labs o Chainalysis, capaces de analizar millones de transacciones y detectar vínculos entre billeteras.
Pero que las operaciones estén registradas con luz y taquígrafos no significa que sean fáciles de rastrear. Los delincuentes recurren con frecuencia a mezcladores de criptomonedas (conocidos como mixers), herramientas que combinan los activos de múltiples usuarios para maquillar el rastro de las transacciones, ocultando su origen y su destino. Unos instrumentos que están cada vez más en el foco de las autoridades: en diciembre del año pasado Europol desmanteló una plataforma de este tipo y confiscó más de 25 millones de euros en bitcoin. Así, los indicios muestran que los cibercriminales han cambiado de estrategia y mueven los activos entre distintas blockchain y los convierten en otras criptomonedas para dificultar su rastreo.
El reto de la incautación
Trazar el recorrido de los fondos no es lo más complicado. El mayor desafío es descubrir quién está detrás de una cuenta y recuperar los activos, lo que la UDEF define como el gran caballo de batalla. “Muchas veces podemos trazar todas las transacciones, pero no tenemos capacidad para bloquear los activos”, lamentan fuentes de la unidad. Si los fondos están depositados en una plataforma cripto, los investigadores pueden solicitar que se congelen y que proporcionen información sobre la identidad del dueño. Pero solo las más grandes y las que están en Europa, que ahora cuenta con una regulación común, suelen colaborar, aseguran los agentes.
Pero el mercado cripto no tiene fronteras y la cooperación internacional no siempre funciona: “Si las criptos están en una plataforma fuera de la UE hay que pedir una comisión rogatoria y solicitar que se inmovilicen los fondos”, explican los agentes. A veces la respuesta no llega, o llega tarde, algo que ocurre con cualquier activo. “Si una persona hace una transferencia bancaria a las Islas Caimán es difícil que nos digan quién está detrás de esa cuenta”, reconocen los agentes. En otros casos, la única forma de incautar las criptomonedas es encontrar una billetera fría, un dispositivo donde se almacenan las claves privadas que dan acceso al dinero sin necesidad de una conexión a internet. Y a veces es una cuestión de suerte.
Aunque en el curso de los años las autoridades han logrado desmantelar organizaciones criminales y recuperar millones de euros en criptomonedas, los activos que logran incautar son apenas una gota en el océano. Varios informes de Europol estiman que las autoridades logran arrebatar a las organizaciones criminales menos del 2% de sus beneficios anuales. El 98% restante sigue engordando sus estructuras delictivas. “Es el gran problema de la lucha contra el crimen organizado. Y el mundo cripto no es diferente. Intervenir los activos es muy complejo y siempre se necesita una pizca de suerte”, reconocen desde la UDEF.
Cuando sí logran recuperar o congelar las criptomonedas, el destino de estas depende de cada procedimiento judicial. “Si están en un exchange cripto, pueden quedar a disposición judicial y el juez decide si los fondos se devuelven al titular, si se resarce a las víctimas o si se convierten en divisas tradicionales, como el euro, y pasan a las cuentas de consignación judiciales de los bancos”, detalla Redondo. “Si se interviene una billetera digital, queda bajo custodia policial”, añade. Ahí entran en acción los llamados refugios digitales, búnkeres donde se almacenan claves privadas y ahora también la de los activos incautados.
Formación
Con la popularización de las criptos, las investigaciones policiales ligadas a estos activos se han vuelto cada vez más mediáticas y los delitos han ganado en sofisticación. En un primer momento predominaban los hackeos o casos de ransomware, un programa malicioso que bloquea archivos o dispositivos y exige el pago de un rescate económico para devolver el acceso. “Pero a partir de 2017 hubo un cambio, con más casos ligados a organizaciones criminales, tráfico de drogas y secuestros de personas con rescates”, explica Redondo.
La operación Kopko, una investigación de la Guardia Civil española y el organismo de investigación judicial de Costa Rica, fue uno de los casos que mejor recuerda el agente; era 2019 cuando lograron desarticular la organización criminal que secuestró a un empresario estadounidense y pidió un rescate de cinco millones de euros en bitcoin para liberarlo. El secuestro del fundador de la red social Tuenti también se volvió viral. En noviembre de 2021, tres varones y una mujer, disfrazados y encapuchados, entraron en el domicilio de Zaryn Dentzel en Madrid. Allí, maniataron al empresario e intentaron hacerse con las claves privadas de acceso a su monedero digital, que atesoraba una fortuna de más de 25 millones de euros. No lo lograron y se conformaron con sustraerle unas tarjetas bancarias y unos relojes de lujo.
Más tarde proliferaron las falsas plataformas de inversión y los esquemas piramidales. Como el caso Arbistar, una de las principales macroestafas piramidales con criptomonedas urdidas en España, entre mayo 2019 y septiembre de 2020: un fraude de unos 200 millones de euros y con 32.000 perjudicados. La trama aseguraba que había desarrollado un software que ejecutaba operaciones de inversión en criptos garantizando beneficios elevados, con ganancias que oscilaban entre el 8% y el 15% mensual. En realidad, estaban vendiendo humo porque aquel programa nunca existió.
Hoy, en cambio, el principal frente es otro. “Ahora es blanqueo puro y duro”, espeta Redondo. Un movimiento de escala global que se ha agravado en los últimos años: si en 2020 el blanqueo de capitales con criptos suponía unos 8.800 millones de euros, la cifra supera cinco años después los 72.000 millones, según datos de Chainalysis.
Las autoridades detectan la existencia de un patrón detrás de muchos casos, pero lamentan la falta de una estadística oficial sobre cuántos procedimientos incluyen criptomonedas o sobre el volumen de activos intervenidos. Aunque algo está cambiando. Fuentes del Ministerio del Interior señalan que están ultimando un informe con datos globales de activos incautados, proporcionados por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. “Cada vez vemos más casos, pero también porque nos fijamos más y sabemos dónde mirar”, señalan en la UDEF.
Esta nueva realidad ha obligado a las autoridades a reforzar la especialización de los equipos, con formación básica y otra más específica, para rastrear las transacciones en la blockchain, por ejemplo. El siguiente reto, sostienen, pasa por extender ese conocimiento al ámbito judicial y fiscal. “Otro desafío es que no existe una sensibilidad plena sobre estos temas. Todavía cuesta entender la trascendencia de estos nuevos sistemas de pago. Además, los mecanismos de cooperación internacional siguen siendo demasiado lentos para este tipo de investigaciones”, insiste Redondo. Y eso supone un problema cuando el dinero digital cruza fronteras en cuestión de segundos sin necesidad de maletín alguno.
Si hace años las macroestafas y las falsas inversiones dominaban los delitos con criptomonedas, ahora los casos de blanqueo de capitales son los más frecuentes en las investigaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y no hay dudas sobre cuáles son los activos más usados: las stablecoins, criptomonedas que mantienen su valor estable al estar ligadas a una divisa tradicional, como el euro o el dólar.
En el pasado, bitcoin y ethereum, los dos principales criptoactivos del mercado, fueron los más utilizados por hackers y estafadores. Pero ahora, los ciberdelincuentes prefieren criptomonedas más complejas como Monero o Zcash, que otorgan más privacidad. Los blanqueadores, en cambio, buscan otros activos menos volátiles. “Un blanqueador no puede jugarse el dinero de una organizacion criminal. Necesita monedas estables, que puedan moverse y convertirse facilmente”, inciden desde la UDEF. Stablecoins como USDT, emitida por la empresa Tether, con sede en El Salvador, y USDC de Circle, la compañía estadounidense que ha obtenido la licencia para operar en Europa son las más utilizadas.
El último informe de Chainalysis sobre crímenes cripto en 2026 señala que durante los últimos años las stablecoins han dominado el panorama de las transacciones ilícitas. “Ahora representan el 84% de todo el volumen de las transacciones ilícitas. Esto refleja tendencias más amplias del ecosistema, donde las stablecoins ocupan un porcentaje considerable y creciente de toda la actividad en criptomonedas debido a sus beneficios prácticos: facilidad de transferencia transfronteriza, menor volatilidad y una utilidad más amplia”, reconoce el estudio.
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