La crisis de la covid-19 puso de manifiesto algunas verdades incómodas. Entre las revelaciones, la pandemia mostró las fortalezas y debilidades de nuestros sistemas de supervivencia productivos y una de las más inquietantes fue la vulnerabilidad de Europa y la fragilidad de las cadenas de suministro.
Menos ruido y más acuerdo en torno a transformaciones vitales como esta harían mucho bien a España
La crisis de la covid-19 puso de manifiesto algunas verdades incómodas. Entre las revelaciones, la pandemia mostró las fortalezas y debilidades de nuestros sistemas de supervivencia productivos y una de las más inquietantes fue la vulnerabilidad de Europa y la fragilidad de las cadenas de suministro.
El mundo enfrenta riesgos crecientes en un contexto global incierto. Las ciberamenazas, la competencia por los minerales raros y las alteraciones logísticas debido a los conflictos se suman a un intervencionismo económico impuesto en Washington, que aboga por lo ultraproteccionista y abandona las reglas establecidas: la multilateralidad.
En el tablero: un EE UU que practica ensayos con la economía global, una UE con una productividad no precisamente en alza y una China que cada vez tiene una influencia mayor en la economía mundial.
Según los informes de Enrico Letta y Mario Draghi, Europa lleva dos décadas con un crecimiento económico en constante desaceleración. La diferencia del PIB real ajustado por paridad de poder adquisitivo con EE UU pasó de un 4% hace veinte años a -12% en 2023. Sólo 4 de las 50 mayores empresas tecnológicas del mundo son continentales. Por tanto, el desafío para los europeos es significativo. Es necesario liberar el potencial de crecimiento, especialmente en el sector industrial, para abordar el envejecimiento, fortalecer el modelo social y cerrar esta brecha. Esto es esencial para lograr autonomía estratégica, enfrentar desafíos globales y mejorar la resiliencia y competitividad. Todo esto también debe contribuir al avance en digitalización y a una economía más sostenible y descarbonizada.
El escenario global ha cambiado radicalmente en las tres últimas décadas. Aún así, España tiene una ley de industria, actualmente en vigor, cuyo origen se remonta al año 1992. Actualizar esta normativa y ajustarla a los desafíos presentes es una necesidad y una gran oportunidad, fundamentalmente porque puede ser un trampolín para hacer crecer y modernizar el tejido productivo español. Un nuevo marco de oportunidad para combatir, más allá de los discursos, la dependencia que tenemos de otros entornos, poniendo el fortalecimiento de la competitividad y la generación de buenos empleos en el centro de su desarrollo.
La nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 10 de diciembre. A mi entender, esta ley tiene que dirigirse al cumplimiento de tres objetivos: reforzar nuestra soberanía, proteger el empleo y fomentar una reindustrialización socialmente justa.
Mucho ha cambiado el mundo desde los años noventa. Desde luego, por aquel entonces, desconocíamos o veíamos de forma muy distinta términos como la digitalización, la globalización o la transición verde. Ha de ser reconocido el esfuerzo que el mundo de la empresa, autónomos y autónomas y trabajadores han realizado por adaptarse a un contexto tan internacionalizado y cambiante. Sobre la base de este esfuerzo, es un momento crucial para acometer una modernización y transformación digital mediante la adopción de tecnologías avanzadas y la digitalización de procesos.
La manera de dar soporte e impulso institucional a estos objetivos deberá traducirse en la tramitación de una ley sólida que abra una nueva era para nuestra industria sin posponer debates que son imprescindibles abordar, como el necesario avance hacia la neutralidad climática o la reducción de dependencia de recursos y tecnologías externas.
En este sentido, la nueva ley propone nuevos instrumentos como la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI) para garantizar el suministro de bienes esenciales en situaciones de crisis, asegurando la autonomía estratégica del país. Son especialmente necesarios los nuevos instrumentos de cogobernanza recogidos en el texto: el Consejo Estatal de Política Industrial para mejorar la coordinación de la propia Administración General del Estado, incorporando a todos los departamentos implicados; la Conferencia Sectorial de Industria y Pyme como espacio para la cooperación entre la AGE y las CC AA; y el Foro de Alto Nivel de la Industria Española que asesorará al Ministerio en el diseño de las políticas del Gobierno en materia de política industrial y autonomía estratégica y que tendrá representantes tanto de la Administración como de los agentes económicos y sociales del sector industrial.
Finalmente, cabe destacar en la nueva regulación, la lucha por afrontar el riesgo de la deslocalización industrial para facilitar de esta manera la permanencia de las empresas en España y desalentar el traslado de la producción fuera de nuestro país. Este planteamiento tiene un doble propósito: económico y social, protegiendo el empleo y apoyando a las pymes en estos procesos con medidas públicas que estén asociadas al mantenimiento de la actividad productiva, asegurando que las personas trabajadoras estén en el centro de las políticas industriales.
Otro de los grandes desafíos que tiene la transformación de la industria en España es proteger las zonas de nuestro país cuya producción industrial ha sustentado la vida social y económica de amplios territorios. Este reto también debe ser abordado con coraje institucional.
En el proceso de tramitación y aprobación de la nueva ley, la política tiene que ser una aliada de la industria y de la transformación estratégica. Sin pecar de ingenuidad a estas alturas y aún siendo muy conscientes de los acontecimientos que inundan por desgracia el debate político estos dias, debería ser posible desgajar algo estratégico para nuestro país, como lo es el sector industrial, de la batalla política diaria. Sería un ejercicio de responsabilidad por parte de todos construir un gran acuerdo social y político sobre el futuro de la industria en España. Cabría tomar nota de las voces que apuntan en este sentido, como las principales centrales sindicales y la propia patronal, que señalan (con propuestas de mejora, demandas de mayor concreción y sus lógicas cautelas) que la ley va en la dirección correcta.
Hay espacio en el debate político para la discrepancia, pero también debiera haberlo para el acuerdo. Siempre se alude a la necesidad de no perder el último tren, pero para eso es necesario antes tener un billete. Eso es lo que esta ley nos ofrece: la oportunidad de reforzar nuestra sincronía con las instituciones europeas y con nuestros socios comunitarios y, como consecuencia, de redoblar nuestro capital político. Un poco menos ruido y un poco más acuerdo en torno a transformaciones vitales como esta, harían mucho bien a España, al sector industrial, a las empresas, a las trabajadoras y trabajadores, y, por ende, al conjunto de la ciudadanía.
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