Varapalo para Santa Bárbara. El Ministerio de Defensa ha desestimado el recurso de alzada que la filial española de la estadounidense General Dynamics presentó contra los contratos de la nueva artillería sobre ruedas y cadenas para el Ejército de Tierra, que el Gobierno adjudicó a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) el año pasado. Según adelantan fuentes de Defensa, “en la resolución se acuerda la desestimación íntegra de todas las pretensiones planteadas”. Los contratos de artillería ascienden a un total de 7.240 millones y se enmarcan dentro de los Programas Especiales de Modernización (PEM) que el Gobierno lanzó el año pasado para aumentar el gasto militar hasta el equivalente al 2% del PIB.
La cartera dirigida por Margarita Robles reafirma la validez de las adjudicaciones y rechaza la entrega del expediente a la filial de General Dynamics
Varapalo para Santa Bárbara. El Ministerio de Defensa ha desestimado el recurso de alzada que la filial española de la estadounidense General Dynamics presentó contra los contratos de la nueva artillería sobre ruedas y cadenas para el Ejército de Tierra, que el Gobierno adjudicó a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) el año pasado. Según adelantan fuentes de Defensa, “en la resolución se acuerda la desestimación íntegra de todas las pretensiones planteadas”. Los contratos de artillería ascienden a un total de 7.240 millones y se enmarcan dentro de los Programas Especiales de Modernización (PEM) que el Gobierno lanzó el año pasado para aumentar el gasto militar hasta el equivalente al 2% del PIB.
Defensa señala que el proceso de adjudicación a la unión temporal de empresas (UTE) formada por ambas compañías se “ha desarrollado con pleno respeto a la legalidad vigente” y asegura que en esta decisión, como en otras relativas a la contratación vinculada a la defensa nacional, “las decisiones de adjudicación deben atender a la protección de los intereses esenciales de seguridad, a la garantía del suministro, a la autonomía estratégica y a la disponibilidad operativa de las capacidades militares, aspectos todos ellos debidamente valorados por la administración conforme al marco jurídico aplicable en España y la Unión Europea”.
Santa Bárbara presentó este recurso en febrero contra ambos contratos porque considera que se la marginó de un proyecto para el que contaba con un producto como el Némesis, el cual presentó junto a su socio KNDS en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef) celebrada en mayo de 2025 en Madrid. General Dynamics defiende que ellos cuentan con las capacidades necesarias para hacer frente a estos contratos, al contrario que Indra y EM&E, las cuales no tenían un producto propio. Fuentes del mercado, sin embargo, apuntan que el Némesis no ha sido adquirido por ningún país.
Indra, por su parte, firmó hace menos de un mes una alianza con la surcoreana Hanwha para utilizar su plataforma K9 en el contrato de la artillería sobre cadenas, que asciende a 4.554 millones. Según el acuerdo, Indra hará una versión españolizada de este obús autopropulsado, la cual podrá incluso exportar con permiso de la compañía coreana. A Indra, sin embargo, aún le falta cerrar las negociaciones para ver con qué socio hará la artillería sobre ruedas. A su vez, Defensa niega el acceso al expediente de contratación que solicitó “reiteradamente” Santa Bárbara “al no concurrir los presupuestos legales que justifiquen dicho acceso, en línea con las resoluciones del Tribunal Supremo”.
Cabe destacar que este recurso de alzada es una vía administrativa que va en paralelo al recurso contencioso-administrativo que Santa Bárbara presentó ante el Supremo contra la ayudas públicas por valor de 3.002 millones de euros que el Ministerio de Industria otorgó a la UTE, en forma de préstamos al 0% de interés. Dicho recurso judicial fue contra el conjunto del Real Decreto, por lo que afectó también a las ayudas que recibirán otros PEM, que nada tienen que ver con la artillería y en los que están también Telefónica y Oesía.
La resolución de Defensa pone fin a la vía administrativa de Santa Bárbara contra los contratos de artillería, dejando vía libre a la compañía para presentar un recurso ante la Audiencia Nacional, que sería el órgano competente en este caso. La propia Santa Bárbara avisó a finales de febrero que interpondría un recurso contencioso-administrativo ante el citado tribunal en caso de que Defensa fallara en su contra. Dicha amenaza de la compañía se produjo al conocerse que Defensa desestimaba las cautelares que había pedido contra los contratos. “Con esta resolución se refuerza la seguridad jurídica del proceso y se avala la actuación de la administración en un ámbito de especial relevancia para la defensa y la industria nacional”, sentencia la cartera de Robles.
Perder estos contratos supone un duro golpe para Santa Bárbara, que hasta hace poco había sido la compañía de referencia en el ámbito industrial militar terrestre en España. Sin embargo, el Gobierno decidió que el campeón nacional de defensa que tire del resto del sector en el ámbito terrestre tenía que ser Indra, la cual fue una de las grandes beneficiadas en la asignación de los PEM el año pasado, junto a Navantia y Airbus, los otros referentes en el ámbito marítimo y de aire. De los PEM, Santa Bárbara solo se quedó con la actualización de los blindados Pizarro, un contrato mucho menor que los de artillería. “No vale destruir lo existente para crear el futuro. Estamos alineados con la política del Gobierno de promover la autonomía estratégica de España, somos parte de esa autonomía y queremos que cuenten con nosotros para esos proyectos”, afirmó Alejandro Page, director general de Santa Bárbara, en enero.
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