La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a escenificar este martes un pacto con los líderes sindicales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, sin rastro de presencia de las patronales. En esta ocasión, Gobierno y sindicatos han firmado, tal y como adelantó EL PAÍS, un acuerdo para reformar la Ley de prevención de riesgos laborales, que ha cumplido ya 30 años. Se trata de una actualización de la norma que hará más exigente la vigilancia y el cuidado de la salud de los trabajadores por parte de las empresas. Y, sobre todo, refuerza el aspecto preventivo de la ley: “intentamos evitar que se llegue a causar el daño”, ha enfatizado Díaz. Y ha añadido que, “de todo lo hecho en el diálogo social, esto es lo más importante”.
Trabajo aprobará parte de las medidas, como la que obligará a reforzar la vigilancia de la salud mental de los empleados, sin llevarlas al Parlamento
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a escenificar este martes un pacto con los líderes sindicales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, sin rastro de presencia de las patronales. En esta ocasión, Gobierno y sindicatos han firmado, tal y como adelantó EL PAÍS, un acuerdo para reformar la Ley de prevención de riesgos laborales, que ha cumplido ya 30 años. Se trata de una actualización de la norma que hará más exigente la vigilancia y el cuidado de la salud de los trabajadores por parte de las empresas.
El Ministerio de Trabajo asegura que “la actualización normativa busca reducir la siniestralidad laboral, que sigue causando unas 700 muertes al año, y mejorar la detección de enfermedades profesionales”. Una idea en la que ha incidido Díaz al presentar la medida: “Nadie puede morir ni enfermar en su puesto de trabajo”, ha clamado.
Trabajo resalta que la reforma incorporará de forma expresa la perspectiva de género, la edad y la diversidad generacional en la gestión preventiva. Y “se reforzará la protección frente a riesgos psicosociales, la desconexión digital y los efectos del cambio climático en el trabajo”. La ministra ha hecho hincapié en la importancia de la salud mental y ha pedido que se evite “normalizar la ansiedad en el puesto de trabajo”, por lo que ha calificado la nueva ley como “un SOS colectivo”.
Con la firma de este martes, Trabajo se anota un nuevo acuerdo en solitario con los sindicatos, un patrón que viene repitiéndose en toda la legislatura y que se suma a los últimos pactos bipartitos para reducir la jornada laboral a 37,5 horas; aprobar nuevos permisos laborales o subir nuevamente el salario mínimo interprofesional. La ausencia de la patronal debilita el respaldo potencial del texto normativo cuando llegue al Parlamento, ya que el PP y Junts, sobre todo, suelen exigir que las leyes sociolaborales lleguen ratificadas por las patronales para votar favorablemente.
No obstante, para esquivar este obstáculo, Trabajo planea recurrir a la estrategia legal que vienen poniendo en práctica los distintos departamentos del Gobierno: extraer de la nueva norma reformada todas las modificaciones que sea posible aprobar a través de un real decreto reglamentario, que no necesita aprobación de las Cortes.
Las nuevas medidas acordadas con los sindicatos y recogidas en esta ley que podrían salir adelante solo con la aprobación del Consejo de Ministros y que, por ello, tienen más fácil materializarse son un decreto específico sobre riesgos psicosociales, que obligaría a que en todas las empresas haya una evaluación al respecto. También el reforzamiento de la vigilancia a la que ya obliga el real decreto de coordinación de actividades empresariales (que se aplica cuando varias empresas actúan en un mismo centro de trabajo) y cambiar el reglamento de lugares de trabajo. La regulación propuesta para estas dos cuestiones ha sido las que más recelos ha despertado entre los empresarios a la hora de refrendar el texto.
Asimismo, el Ejecutivo podrá clarificar, a través de un decreto específico, la forma de proceder en los lugares de trabajo ante la exposición de los trabajadores a meteorología adversa. Y podrá también añadir varios pluses de exigencia en el reglamento de los servicios de prevención. La concreción de cada uno de estos decretos terminará de afinarse próximamente. En esta ocasión, Trabajo no quiere esperar a un eventual fracaso de la norma en el Congreso antes de poner en marcha todos estos decretos, que previsiblemente llevará al Consejo de Ministros al mismo tiempo que la propuesta de reforma de la ley.
La modificación del reglamento de los servicios de prevención recoge varias novedades de calado para las empresas. Amplía el contenido de la evaluación que deben realizar y les obliga a incorporar una visión de género de todos los puestos, adecuándolos a “sus características físicas y medidas antropométricas, si fuesen distintas, así como con sus características biológicas y con los factores ligados al género”, señala el texto al que ha tenido acceso este periódico.
El reglamento también reforzará la vigilancia sobre la salud mental de los empleados al obligar a tener en cuenta en la evaluación de riesgos “los factores de naturaleza psicosocial, incluidos aquellos que puedan guardar relación con las condiciones de trabajo y las características de la tarea, como la organización del tiempo de trabajo, entre otros”. Y también “la posibilidad de que el puesto pueda estar ocupado por una trabajadora embarazada o en situación de lactancia”.
Además, el reglamento por el que se rigen los servicios de prevención ajenos a la compañía recortará de 500 a 300 trabajadores el umbral que obliga a las empresas a tener un equipo propio de prevención en lugar de contratarlo externamente.
Aunque Trabajo se ha comprometido este martes a “modificar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de los Servicios de Prevención y el Estatuto de los Trabajadores”, tendrá más difícil sacar adelante los cambios que exijan la aprobación del Parlamento para cambiar dichas normas.
Entre las novedades que requerirían ese aval está, por ejemplo, la creación de una nueva figura: los agentes territoriales de prevención. Se trataría de personas designadas por sindicatos y patronales que vigilarían los riesgos laborales en los centros de trabajo con menos de diez trabajadores, donde las centrales denuncian que se concentran más accidentes laborales.
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