Después de la disputa pública vivida dentro del Gobierno de coalición alemán formado entre conservadores y socialdemócratas y un fin de semana de intensas reuniones, el canciller alemán, Friedrich Merz, presentó este lunes un paquete de medidas para ayudar a los ciudadanos a hacer frente a la crisis energética generada por la guerra de Irán e intentó zanjar así las especulaciones sobre una crisis interna del Ejecutivo. El paquete incluye una rebaja temporal al impuesto que grava las gasolinas y la posibilidad de que las empresas entreguen a los trabajadores un bono extra de hasta 1.000 euros libres de impuestos.
El Gobierno de coalición cifra en 1.600 millones de euros el impacto de la medida, que ha generado divisiones entre el ala conservadora y la socialdemócrata
Después de la disputa pública vivida dentro del Gobierno de coalición alemán formado entre conservadores y socialdemócratas y un fin de semana de intensas reuniones, el canciller alemán, Friedrich Merz, presentó este lunes un paquete de medidas para ayudar a los ciudadanos a hacer frente a la crisis energética generada por la guerra de Irán e intentó zanjar así las especulaciones sobre una crisis interna del Ejecutivo. El paquete incluye una rebaja temporal al impuesto que grava las gasolinas y la posibilidad de que las empresas entreguen a los trabajadores un bono extra de hasta 1.000 euros libres de impuestos.
“Todos compartimos la preocupación de los ciudadanos de nuestro país por el hecho de que nos encontramos en una situación económica muy difícil, pero también en una situación política difícil”, explicó el líder de la Unión Cristiano Demócrata (CDU), que apuntó que esto tiene repercusiones en Alemania.
En este contexto, el Gobierno alemán ha acordado, en primer lugar, “ayudas inmediatas ante el aumento de los precios de la energía” y, al mismo tiempo, ha abordado dos grandes proyectos de reforma. Por un lado, del seguro médico obligatorio —unas medidas que espera presentar ya a final de mes para hacer frente al déficit sanitario— y por otro, una reforma fiscal para los grupos de ingresos bajos y medios a partir del 1 de enero de 2027, “cuyos detalles se están elaborando ahora de forma intensiva”, según indicó Merz.
En la rueda de prensa, el canciller estuvo acompañado del líder de la Unión Social Cristiana (CSU, partido hermano de la CDU en Baviera), Markus Söder, y los dos presidentes del Partido Socialdemócrata (SPD), Bärbel Bas y Lars Klingbeil, que deliberaron hasta bien entrada la noche en la Villa Borsig —la casa de huéspedes del Ministerio de Exteriores, en el norte de Berlín— sobre la crisis de los precios de la energía y los proyectos de reforma previstos.
Los cuatro acordaron que el impuesto energético sobre el combustible se reducirá durante dos meses en unos 17 céntimos brutos por litro. La coalición cifra el volumen de la ayuda en 1.600 millones de euros. Además, los trabajadores podrán recibir de sus empleadores una prima libre de impuestos de hasta 1.000 euros. Se trata de un bono extraordinario para aliviar el impacto de la crisis en los trabajadores y que estaría libre de tributación. Con ello, el Gobierno retoma una medida que ya se aplicó durante la crisis energética tras el inicio de la guerra en Ucrania. Entonces se permitió una prima de hasta 3.000 euros.
Anteriormente se habían debatido otras ideas como el pago de una ayuda para desplazamientos. Sin embargo, ponerla en práctica probablemente habría llevado meses. También se barajó un aumento de la deducción por desplazamiento. Pero los trabajadores no se habrían beneficiado de ello hasta el próximo año, al presentar la declaración de la renta. De la reducción temporal del impuesto sobre la energía también se benefician empresas como transportistas o agricultores.
El Gobierno alemán llevaba días enzarzado en una disputa pública sobre la mejor manera de ayudar a los ciudadanos. La ministra de Economía, Katherina Reiche (CDU), había criticado duramente las propuestas del SPD para aliviar a los consumidores. Reiche reprochó al SPD que presentara propuestas “que son caras, poco eficaces y constitucionalmente cuestionables”. Entre otras cosas, rechazó claramente la petición del ministro de Finanzas y vicecanciller, Lars Klingbeil, de introducir un “impuesto sobre los beneficios extraordinarios” de las grandes petroleras y calificó esta medida de constitucionalmente cuestionable. Merz tuvo que salir a pedir moderación a su compañera de partido.
Klingbeil, por su parte, subrayó este lunes que, en el debate de los últimos días, su intención era enviar una señal política sobre la evolución de los precios en las gasolineras y señaló: “Que haya debates es algo normal en una democracia”.
Sin embargo, apenas se hizo el anuncio, surgieron fuertes críticas en el país. La prestigiosa economista Monika Schnitzer, presidenta del Consejo de Expertos Económicos que asesora al Gobierno alemán, habló de la “peor de todas las opciones debatidas hasta ahora”. “Se trata de una ayuda indiscriminada, también para personas que pueden hacer frente al precio más alto”, declaró al diario económico alemán Handelsblatt. En su opinión, esto reduce el incentivo para reducir el consumo de combustible y hace creer a la gente que el Estado les protege de todas las crisis. “Una ayuda específica para los verdaderamente necesitados habría sido la mejor decisión”, concluyó.
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