Los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) trabajarán dos horas y media menos a la semana. El Boletín Oficial del Estado de este miércoles recoge una resolución aprobada por el Ministerio de Función Pública que reduce la jornada laboral de estos empleados a 35 horas a la semana, tal como se comprometió el departamento de Óscar López con CC OO, UGT y CSIF. El acuerdo, sellado el 27 de marzo, beneficia a unos 250.000 trabajadores de organismos de carácter estatal. Según especifica la resolución aprobada por el Ejecutivo, entra en aplicación mañana (el día siguiente a la difusión en el BOE), pero da un mes de plazo a las entidades públicas concernidas “para realizar las adaptaciones necesarias en los calendarios correspondientes”.
El ‘Boletín Oficial del Estado’ recoge el compromiso alcanzado con CSIF, UGT y CC OO. Las entidades públicas tendrán un mes para adaptar los calendarios laborales
Los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) trabajarán dos horas y media menos a la semana. ElBoletín Oficial del Estado de este miércoles recoge una resolución aprobada por el Ministerio de Función Pública que reduce la jornada laboral de estos empleados a 35 horas a la semana, tal como se comprometió el departamento de Óscar López con CC OO, UGT y CSIF. El acuerdo, sellado el 27 de marzo, beneficia a unos 250.000 trabajadores de organismos de carácter estatal. Según especifica la resolución aprobada por el Ejecutivo, entra en aplicación mañana (el día siguiente a la difusión en el BOE), pero da un mes de plazo a las entidades públicas concernidas “para realizar las adaptaciones necesarias en los calendarios correspondientes”.
La mayoría de trabajadores autonómicos y municipales ya cuentan con la jornada de 35 horas, lo que suponía, en opinión de los sindicatos, un agravio comparativo para los empleados de la Administración central. El compromiso con las 35 horas en la AGE ya quedó por escrito en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en 2022, que suscribieron CC OO y UGT. El tema estuvo bloqueado hasta noviembre, cuando se recuperó el compromiso con las 35 horas en el acuerdo salarial en el que también participó CSIF. “La jornada general prevista en la nueva redacción de estas instrucciones no será de aplicación a las entidades locales ni otras administraciones”, especifica la resolución, que contrapone con la interpretación de los sindicatos por la cual ciertas corporaciones municipales podrían ver reducida su jornada por este acuerdo.
El texto acordado por el Gobierno y los sindicatos establece que el Ejecutivo se compromete a implantar “una jornada general de trabajo de 35 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.533 horas anuales”. Esta jornada se aplicará a todos los trabajadores dependientes de la Administración central. Inicialmente, la propuesta del Ejecutivo dejaba fuera a algunos colectivos, como los empleados de prisiones o los de la sanidad y la educación de Ceuta y Melilla. El texto acordado los incluye finalmente, aunque el despliegue en estas áreas deberá negociarse de forma específica.
Asimismo, el pacto de las centrales y Función Pública establece que los departamentos en los que se reducirá la jornada “adoptarán las adaptaciones organizativas necesarias para asegurar la continuidad y calidad del servicio público, especialmente en aquellos ámbitos en los que existan servicios de atención directa a la ciudadanía o sistemas de trabajo sujetos a turnicidad”. Es decir, hay un compromiso para que este nuevo esquema organizativo no perjudique la atención ciudadana.
“La AGE orientará sus instrumentos de planificación de recursos humanos y las ofertas de empleo público hacia el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios públicos”, agrega el acuerdo, que insiste: “Se impulsarán las actuaciones necesarias de planificación, organización y dimensionamiento de las plantillas que permitan compatibilizar la implantación de la jornada de 35 horas con el mantenimiento y mejora de la calidad de los servicios públicos”.
¿Qué dice la resolución aprobada?
La resolución publicada en el BOE aplica en la AGE, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y las organismos autónomos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la AGE, según indica el texto, que a la vez subraya que no aplica “al personal militar de las Fuerzas Armadas, ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. El texto es un calco de otro publicado en el BOE en marzo de 2019, el último que regulaba los horarios de estas administraciones, con unas pocas variaciones para atender al compromiso con las 35 horas.
El horario de mañana, por norma general, ya no será de 9.00 a 14.30, como indicaba la orden reguladora de 2019, sino de 9.00 a 14.00. Esto suma 25 horas. “El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se realizará en horario flexible, entre las 7.00 y las 9.00 de lunes a viernes y entre las 14.00 y las 18.00 de lunes a jueves, así como entre las 14.30 y las 15.30 horas los viernes”, agrega la resolución. El horario fijo de mañana y tarde pasa a ser de 9.00 a 16.30 horas (antes era hasta las 18.00) y el de tarde de 15.00 a 20.00 (antes era hasta las 19.30).
Asimismo, la jornada intensiva de verano no cambia: se mantiene en seis horas y media entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, “a desarrollar entre las 8.00 y las 15.00 de lunes a viernes” en horario de mañana. En horario de tarde, transcurrirá por norma general entre las 14.30 y las 21.30 horas. Por otro lado, los empleados públicos en régimen de especial dedicación, con mayores responsabilidades y, normalmente, mejores salarios, empezarán a trabajar 37 horas y media, en vez de las 40 que les aplican actualmente.
Además, la resolución amplía la flexibilidad horaria para facilitar la conciliación de los funcionarios. La resolución de 2019, como la publicada este miércoles, establece que los empleados o empleadas públicos que tengan a su cargo “personas mayores, hijos o hijas menores de 12 años, personas sujetas a tutela o acogimiento menores de 12 años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo a familiares con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”, tendrán derecho a flexibilizar en una hora diaria el horario fijo de jornada que tengan establecido. A este derecho se añade el cuidado de personas dependientes convivientes, sin necesidad de relación familiar.
Reivindicación histórica
La jornada de 35 horas empezó a aplicar en las administraciones públicas españolas en los años noventa, pero su implantación se cortó en seco en 2012, en plena Gran Recesión. Entonces el Gobierno de Mariano Rajoy prohibió esta posibilidad en todas las administraciones y estableció, por norma general, las 37 horas y media. Esta limitación se suprimió en 2018, cuando la situación económica se había encauzado, y varias administraciones volvieron a recuperar el esquema de 35 horas.
La mayoría de los trabajadores públicos de administraciones autonómicas ya cuentan con una jornada de 35 horas. Esta reparto del tiempo de trabajo aún no se ha sellado en las normativas regionales de Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares y la Comunidad Foral de Navarra, seis de las 17 comunidades autónomas. En el resto ya rigen las 35 horas.
Es un panorama parecido al de los grandes ayuntamientos, según un recuento reciente de este periódico: 21 de 56 grandes ciudades españolas consultadas (todas las cabeceras de provincia, las dos ciudades autónomas y otras cuatro muy pobladas) aún no han establecido la jornada de 35 horas para sus empleados municipales. Así, cuatro de cada diez consistorios consultados aún no las han instaurado. Entre ellos están el consistorio de Valencia, el de Palma o el de Vitoria, entre otros.
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