Países Bajos ordena levantar el embargo de la sede del Instituto Cervantes de Utrecht

El Ministerio de Justicia de Países Bajos ha ordenado levantar el embargo que pesa sobre la sede del Instituto Cervantes de Utrecht porque “es contrario a las obligaciones del Gobierno neerlandés bajo las leyes internacionales”. La incautación sobre el inmueble, situado en el centro histórico de la ciudad, había sido autorizada el pasado 19 de marzo como medida cautelar por el Tribunal de Distrito de La Haya. La medida se enmarcó en la disputa entre España y varios inversores por el cambio en la retribución de las renovables, que recortó la prima que recibían estas instalaciones, y que desembocó en una serie de arbitrajes e intentos de ejecutar laudos mediante el embargo de bienes españoles.

En una carta firmada por Claudia van Bruggen, secretaria de Estado de Justicia, y publicada en el Boletín Oficial, se asegura haber llegado a la conclusión “de que el embargo impuesto en este asunto debe levantarse inmediatamente”. La nota está fechada este junio, y el argumento del Gobierno se centra en la obligación de defender los bienes de un Estado extranjero, de países terceros. El Ejecutivo neerlandés concluye a su vez que los bienes de un Estado extranjero están libres de embargo salvo que se demuestre que el inmueble en cuestión se destina a fines comerciales. O salvo que el Estado afectado haya dado su consentimiento expreso. Nada de todo ello sucede con el Instituto Cervantes de Utrecht, que es una institución pública perteneciente al Estado español. Si bien puede alquilar sus dependencias para eventos, los ingresos así obtenidos revierten en la labor educativa y cultural de promover el español del centro.

La nota ministerial cita además la jurisprudencia del Tribunal Supremo neerlandés acerca de la inmunidad de los bienes estatales, y señala que corresponde al acreedor demostrar que se cumplen las excepciones que facultarían un embargo. Algo que no ha ocurrido. Por otro lado, el Ejecutivo recuerda que la Comisión Europea considera que las indemnizaciones derivadas de algunos laudos arbitrales sobre las renovables conforman ayudas del Estado y su ejecución requiere la autorización previa de Bruselas. Y mientras esa luz verde no se haya dado, “rige la obligación de suspensión”. De modo que, permitir la ejecución de los laudos podría suponer conceder una ayuda estatal “incompatible con el derecho comunitario”.

España ha abordado siempre la vía judicial y diplomática en este asunto, y la postura de ministerio de Cultura es clara acerca de que el embargo debe ser levantado. La decisión de la secretaria de Estado de Justicia de Países Bajos respalda el argumento español que defiende que la ejecución de estos laudos derivados de los arbitrajes sobre las renovables, vulneran el principio de inmunidad y las normas comunitarias acerca de las ayudas prestadas por un Estado.

El embargo de activos y bienes es una de las estrategias defensivas que están llevando a cabo inversores y fondos oportunistas que han ganado la batalla a España por el recorte de las primas de las renovables. Los litigios han alcanzado varias jurisdicciones extranjeras además de Países Bajos, como Reino Unido, Australia, Bélgica o Estados Unidos. El objetivo es el cobro de indemnizaciones por un total de 1.700 millones de euros más intereses, otorgadas en casi una treintena de laudos arbitrales.