Primer revés para el Gobierno. El Congreso de los Diputados ha tumbado en la tarde de este martes la senda de estabilidad que el Ejecutivo necesita para poner en marcha la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, después de tres años consecutivos de prórrogas. Sin embargo, aunque esperada desde hace semanas ante el rechazo que habían ido manifestando partidos como el PP y Junts, la derrota no cierra todavía el procedimiento. La ley obliga al Gobierno a volver a intentarlo y tendrá que llevar, en el máximo de un mes, una nueva propuesta ―aunque que también puede ser la misma― a las Cortes.
El Gobierno volverá a llevar en unos días a las Cortes los mismo objetivos de déficit, que dan una décima de margen a las comunidades
Primer revés para el Gobierno. El Congreso de los Diputados ha tumbado en la tarde de este martes la senda de estabilidad que el Ejecutivo necesita para poner en marcha la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, después de tres años consecutivos de prórrogas. Sin embargo, aunque esperada desde hace semanas ante el rechazo que habían ido manifestando partidos como el PP y Junts, la derrota no cierra todavía el procedimiento. La ley obliga al Gobierno a volver a intentarlo y tendrá que llevar, en el máximo de un mes, una nueva propuesta ―aunque que también puede ser la misma― a las Cortes.
¿Qué es lo que ha rechazado el Congreso?
El documento que se ha votado este martes fijaba un objetivo de déficit del 1,8% del PIB para el conjunto de las Administraciones públicas durante el año 2027. Este se distribuye entre un 1,5% para la Administración central, un 0,2% para la Seguridad Social, un 0,1% para las comunidades y equilibrio presupuestario para las entidades locales. En el caso de las autonomías, la propuesta del Gobierno supone un margen de 5.849 millones en tres años. “Dicho de otra forma, votar en contra de los objetivos implica que las comunidades deban realizar un ajuste de 5.849 millones”, explican fuentes de Hacienda.
La senda fiscal, además de tratarse de un marco clave para la planificación y la gestión pública, supone un paso previo necesario para la elaboración de los Presupuestos. Hacienda la aprobó la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con la oposición de las comunidades del PP, pero no ha logrado pasar el primer trámite de las Cortes.
¿Cuál es el siguiente paso del Gobierno?
La ley obliga a hacer una segunda votación. Y lejos de modificar ese reparto, el Ejecutivo ya ha dejado claro que su intención es volver a presentar exactamente la misma senda en el último pleno antes de agosto. Este previsiblemente se celebrará el día 23 de julio, en un nuevo intento por recabar los apoyos que ahora han faltado. Sin embargo, los grupos parlamentarios reacios a la oferta también han avanzado que, si nada cambia, volverán a mostrar la luz roja.
¿Qué pasa si se vuelve a rechazar?
Si el Congreso volviera a rechazar la senda en una segunda votación, algo que sucedió el pasado año, el Gobierno se adentraría en un terreno nunca antes explorado si insiste en presentar el proyecto presupuestario. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria regula qué ocurre tras un primer rechazo parlamentario y obliga al Ejecutivo a presentar una nueva propuesta, pero no contempla las consecuencias de una segunda derrota. Es decir, no existe un precedente sobre cómo debe continuar la tramitación presupuestaria, ya que el pasado ejercicio, cuando la senda fue rechazada por segunda vez, el Gobierno aparcó el proyecto.
¿Cuáles son las opciones?
La interpretación que sostiene ahora Hacienda es que, agotado ese procedimiento, entrarían en juego directamente los principios de estabilidad presupuestaria recogidos en la Constitución. Eso supondría exigir equilibrio presupuestario a las autonomías, que perderían la décima de déficit que el Gobierno les había reservado en la senda rechazada. El Ejecutivo, que lleva tres años sin llevar a las Cortes un proyecto de cuentas, defiende que la obligación constitucional de presentar un proyecto de Presupuestos no puede quedar bloqueada indefinidamente por la falta de aprobación de los objetivos fiscales, aunque esa tesis nunca ha sido puesta a prueba y previsiblemente abriría un intenso debate político y jurídico.
¿Hay algún precedente parecido?
No es la primera vez que Hacienda estudia cómo sortear un eventual bloqueo. En 2024, cuando también se enfrentó a la posibilidad de una doble negativa del Congreso, el Gobierno exploró una interpretación distinta apoyada en un informe de la Abogacía del Estado. Según la versión de Hacienda, ese documento defendía que, si las Cortes rechazaban dos veces la senda, el Ejecutivo podía continuar con la elaboración de los Presupuestos utilizando como referencia los objetivos fiscales comprometidos con Bruselas. Pero esa vía nunca llegó a utilizarse porque el Gobierno terminó renunciando a presentar unas nuevas cuentas públicas. Y además, su viabilidad es ahora más incierta tras la entrada en vigor del nuevo marco europeo de gobernanza fiscal, que sustituyó al antiguo Programa de Estabilidad sobre el que descansaba aquella interpretación.
¿Habrá proyecto de Presupuestos?
El desenlace de este proceso condicionará la principal apuesta económica del Ejecutivo para la recta final de la legislatura. El Gobierno ha reiterado su compromiso de presentar unos Presupuestos para 2027, algo que no ha hecho en toda la legislatura. El Ejecutivo insiste en que llevará un proyecto al Congreso aunque no tenga asegurados los apoyos para sacarlo adelante. En el ámbito político, sin embargo, muchos interpretan que un eventual rechazo supondría un punto de inflexión y alimentaría la presión para que Pedro Sánchez adelantara las elecciones generales, que en cualquier caso deben celebrarse el año que viene, cuando también hay comicios municipales y autonómicos.
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