Telefónica y Cellnex han cerrado la ampliación de su acuerdo estratégico para equipar un total de 3.800 emplazamientos de telefonía móvil con sistemas de baterías de respaldo contra los apagones antes de junio de 2027. La medida busca evitar interrupciones masivas en la red como la registrada tras el apagón del 28 de abril de 2025 y garantiza dos horas de autonomía eléctrica continua en el 100% de las torres incluidas en el contrato.
Las compañías equiparán 3.800 torres de telefonía móvil con baterías para asegurar un mínimo de dos horas de autonomía eléctrica
Telefónica y Cellnex han cerrado la ampliación de su acuerdo estratégico para equipar un total de 3.800 emplazamientos de telefonía móvil con sistemas de baterías de respaldo contra los apagones antes de junio de 2027. La medida busca evitar interrupciones masivas en la red como la registrada tras el apagón del 28 de abril de 2025 y garantiza dos horas de autonomía eléctrica continua en el 100% de las torres incluidas en el contrato.
El movimiento de ambas compañías amplía una primera fase de 2.000 instalaciones que ya fue completada a principios de año. Con esta iniciativa, las dos empresas se anticipan a la tramitación final del Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas, una normativa que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública prevé ratificar antes de que concluya el año actual.
El acuerdo entre Telefónica y Cellnex se ejecuta mediante la modalidad comercial de “energía como servicio” (Energy as a Service o EaaS), una línea de negocio lanzada por Cellnex en febrero de 2026 dentro de su división de Soluciones Verticales. A través de este modelo, el proveedor de infraestructuras asume la propiedad, la instalación técnica y el mantenimiento de los equipos acumuladores de energía en las torres alquiladas.
Telefónica dispone actualmente de una red compuesta por unos 20.000 emplazamientos en el territorio nacional. De esta cifra, unos 4.500 corresponden a torres alquiladas a Cellnex, mientras que el resto del parque de antenas se gestiona a través de otros operadores de infraestructuras, como American Tower, o mediante activos de propiedad directa.
El nuevo marco regulatorio obligará a los principales operadores de telecomunicaciones del país —Telefónica, MasOrange, Vodafone y Digi— a garantizar el funcionamiento de la cobertura móvil durante un mínimo de cuatro horas consecutivas ante un corte general del suministro eléctrico. La exigencia legal se aplicará sobre las estaciones base de acceso radioeléctrico que den servicio al 75% de la población española.
El borrador preliminar presentado por el Ejecutivo fijaba inicialmente un umbral de cobertura del 85% de la población. Sin embargo, el Gobierno rebajó la exigencia al 75% tras la fase de consulta pública, atendiendo a las alegaciones presentadas por las compañías del sector. Las operadoras argumentaron que el porcentaje inicial conllevaba costes de despliegue inasumibles e incompatibles con los cálculos financieros iniciales del Ministerio.
Según los datos oficiales de la memoria económica elaborada por el Gobierno, el coste total estimado para adaptar las antenas a las cuatro horas de autonomía se sitúa entre los 51 y los 73 millones de euros. En cambio, estimaciones de los operadores de telecomunicaciones elevan el coste real del despliegue en la red nacional a un rango aproximado de 300 millones de euros.
Fuentes del sector señalan que, en un escenario técnico de máxima exigencia operativa o mayor dispersión geográfica de la infraestructura, el gasto global requerido para adaptar el conjunto de las estaciones podría oscilar entre los 175 y los 800 millones de euros. En la actualidad, el sistema de telecomunicaciones español cuenta con más de 45.000 emplazamientos físicos que albergan más de 200.000 estaciones base de telefonía móvil.
El texto del Real Decreto contempla un calendario de implantación gradual de tres años con el objetivo de facilitar los planes de inversión de las empresas. Durante el primer año de vigencia de la norma, los operadores deberán asegurar la autonomía energética para el 50% de la población. Este porcentaje aumentará hasta el 65% en el segundo ejercicio y alcanzará el 75% definitivo al término del tercer año.
La normativa establece asimismo diferentes requisitos de autonomía en función de la criticidad operativa que presente cada infraestructura. Las instalaciones de primer nivel que albergan los centros de control centralizado de la red deberán garantizar un funcionamiento autónomo mínimo de 24 horas continuas mediante el uso de baterías de alta capacidad o generadores auxiliares de combustible.
Por su parte, los centros de gestión regional de nivel intermedio cuyo fallo pueda afectar a varias comunidades autónomas estarán obligados a mantener la operatividad durante un mínimo de 12 horas sin suministro eléctrico. Finalmente, las estaciones de acceso radioeléctrico convencionales deberán sostener el servicio para el 75% de la población durante un periodo no inferior a cuatro horas.
El Real Decreto introduce además obligaciones específicas dirigidas a proteger la conectividad de los centros de emergencias del 112 y los sistemas de alerta pública a la población. Las empresas de telecomunicaciones que suministren estos servicios deberán redactar y presentar Planes de Seguridad y Resiliencia que incorporen rutas de comunicación redundantes. Las infraestructuras deberán asegurar la recepción simultánea de llamadas mediante redes fijas y móviles o a través de la contratación de múltiples proveedores alternativos.
La regulación acota su ámbito de aplicación a aquellos operadores y empresas gestoras de infraestructuras digitales que cuenten con más de 500.000 usuarios en el país o registren una facturación anual superior a los 50 millones de euros. La norma también abarca a los gestores de cables submarinos, puntos de intercambio de internet, sistemas satelitales y centros de datos. Quedan excluidas de estas exigencias las redes destinadas a la Defensa Nacional y la Seguridad del Estado.
Feed MRSS-S Noticias
