Se ha cumplido un mes desde que MiCA, el reglamento europeo sobre criptoactivos, entró plenamente en aplicación en España. Desde el 1 de julio, cualquier banco, exchange o bróker que quiera ofrecer servicios cripto a sus clientes necesita una autorización del supervisor nacional, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En toda Europa, más de 370 entidades han obtenido esta licencia, mientras que algunos pesos pesados del sector, como Binance, han quedado fuera y han visto limitada su actividad en la región. En España, 20 entidades la han conseguido, pero según la nota de estabilidad financiera publicada este jueves por la CNMV las peticiones fueron muchas más: hasta julio de este año había recibido 77 solicitudes, una cifra que pone de manifiesto la exigencia del proceso regulatorio.
El supervisor del mercado aún tiene en tramitación 16 solicitudes
Se ha cumplido un mes desde que MiCA, el reglamento europeo sobre criptoactivos, entró plenamente en aplicación en España. Desde el 1 de julio, cualquier banco, exchange o bróker que quiera ofrecer servicios cripto a sus clientes necesita una autorización del supervisor nacional, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En toda Europa, más de 370 entidades han obtenido esta licencia, mientras que algunos pesos pesados del sector, como Binance, han quedado fuera y han visto limitada su actividad en la región. En España, 20 entidades la han conseguido, pero según la nota de estabilidad financiera publicada este jueves por la CNMV las peticiones fueron muchas más: hasta julio de este año había recibido 77 solicitudes, una cifra que pone de manifiesto la exigencia del proceso regulatorio.
“El proceso de autorización en España ha registrado una elevada actividad, pero también un importante porcentaje de expedientes que no han llegado a culminar con éxito”, reconoce en la nota. La CNMV ha detallado que del total de las peticiones presentadas, solo 39 llegaron a tramitarse, mientras las demás fueron inadmitidas por el regulador o las mismas entidades decidieron desistir. De las aprobadas, 14 son proveedores de servicios cripto y seis entidades de crédito. También ha informado de que 16 solicitudes siguen en trámite, mientras que tres han sido denegadas. La mayoría de los proveedores autorizados tienen origen nacional, aunque también hay una presencia significativa de grupos internacionales.
La normativa entró en vigor a finales de diciembre de 2024 pero estableció un periodo transitorio para que las empresas pudieran adaptarse al reglamento. Este periodo variaba dependiendo de las jurisdicciones: algunos optaron por seis o nueve meses, otros por 12 o 18, como es el caso de España. Así, durante este periodo las compañías empezaron los trámites para recibir la autorización, un proceso que tanto la industria como los mismos supervisores definieron como largo y complejo. Por un lado, el reglamento es exigente y pide que las entidades acrediten requisitos de gobierno corporativo, organización interna, control de riesgos, protección de los clientes y solidez financiera, entre otros.
Por otro, el modelo de negocio de muchas de las firmas nativas cripto es complejo y cambiante, y en muchos casos ofrecen una amplia variedad de servicios, algunos de los cuales no están cubiertos por la normativa. El tamaño de estas entidades es muy diverso, así como su estructura societaria y su grado de especialización. “Esta heterogeneidad es consistente con la naturaleza del mercado de criptoactivos, en el que conviven modelos de negocio muy distintos y diferentes grados de complejidad operativa”, indica el regulador.
Cuando una entidad decide aplicar para obtener la licencia, tiene que especificar su programa de actividad, es decir, los servicios que pretende prestar, los medios que emplea para ofrecerlos y sus normas de conducta. Y los supervisores solo otorgan la autorización para operar los servicios incluidos en el expediente. La custodia y el intercambio de criptoactivos son los servicios más frecuentemente autorizados, mientras que menos entidades han obtenido autorización para actividades más especializadas, como la gestión de carteras o la prestación de servicios de transferencia.
El proceso regulatorio también ha evidenciado cómo los supervisores han enfrentado los procesos con doble vara de medir: algunos con una postura más estricta, otros con enfoques más laxos. El propio vigilante europeo cuestionó el año pasado la falta de rigor del supervisor maltés a la hora de conceder una licencia. También hubo disparidad en el número de autorizaciones concedidas, con países que han dado luz verde a más de 50 y otros, a ninguna.
Un informe de la empresa FazilCrypto con datos de Coincub estima que en 2024 había más de 2.700 proveedores cripto en Europa repartidos entre los distintos registros nacionales, frente a las 370 entidades con licencia hoy. Desde la industria apuntan que la regulación ha impulsado la consolidación y limpieza en el mercado. Otros hablan de concentración. Pero el fin del plazo transitorio no supone el cierre del proceso regulatorio. Muchas empresas siguen tramitando su licencia y no se verán afectadas por un cierre definitivo, sino por una suspensión de su actividad hasta que no obtengan la autorización: han tenido que informar a sus clientes y facilitar el traspaso de sus fondos a otras plataformas o a billeteras frías. Es el caso de Binance que, tras retirar su solicitud ante el regulador griego, ha informado que buscará la licencia en otra jurisdicción, sin especificar cuál.
Feed MRSS-S Noticias
