El Tribunal de Instancia de Alicante ha citado a declarar en calidad de investigado al consejero delegado de Vodafone España, José Miguel García Fernández, el próximo 1 de septiembre. La resolución judicial responde a la admisión a trámite de una querella presentada por Pascual Pérez, fundador de la operadora Finetwork, y la sociedad El Flautista, en la que se imputa al directivo un presunto delito de administración desleal agravada.
José Miguel García tendrá que declarar por presunta administración desleal tras la querella del fundador de la compañía alicantina de telecomunicaciones
El Tribunal de Instancia de Alicante ha citado a declarar en calidad de investigado al consejero delegado de Vodafone España, José Miguel García Fernández, el próximo 1 de septiembre. La resolución judicial responde a la admisión a trámite de una querella presentada por Pascual Pérez, fundador de la operadora Finetwork, y la sociedad El Flautista, en la que se imputa al directivo un presunto delito de administración desleal agravada.
El auto dictado por la Sección de Instrucción del órgano judicial alicantino, con fecha de junio de 2026, al que ha tenido acceso este diario, acuerda la incoación de diligencias previas y ha dado traslado al Ministerio Fiscal. La decisión judicial se produce tras la ratificación del escrito por parte de Pascual Pérez a finales de julio, dando inicio formal a la fase de instrucción sin que esto suponga un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la causa ni sobre la responsabilidad penal del investigado.
La investigación centra su atención en las actuaciones desarrolladas entre el 7 de octubre de 2025 y el 29 de abril de 2026. Durante dicho periodo, García Fernández ejerció simultáneamente el cargo de administrador único de Wewi Mobile —sociedad matriz que explota la marca Finetwork— y el de primer ejecutivo y apoderado de Vodafone España, compañía que figura como principal competidora y acreedora de la primera.
Según recoge la querella formulada por la representación jurídica de los fundadores, esta coincidencia de responsabilidades generó un conflicto de interés en la toma de decisiones corporativas. El escrito cuestiona de manera específica la firma en noviembre de 2025 del contrato mediante el cual la marca Finetwork pasó a ser propiedad de Vodafone, así como la suscripción en diciembre de un acuerdo de compensación de deudas y la posterior emisión de requerimientos de cumplimiento de contratos cuya validez legal permanece en controversia.
La acusación particular sostiene que las conductas descritas podrían integrar también los tipos penales de falseamiento de cuentas anuales, estafa procesal agravada e insolvencia punible. En su calificación provisional, la parte querellante señala que la suma de las penas máximas asociadas a estos delitos alcanzaría los 23 años de prisión. Asimismo, ha solicitado la adopción de medidas cautelares que incluyen la suspensión de los efectos del contrato de licencia de la marca, la conservación de documentación y pruebas electrónicas, y la fijación de una fianza para cubrir eventuales responsabilidades civiles.
El procedimiento penal abierto en Alicante se suma a una serie de litigios mercantiles y penales que enfrentan a ambas partes. En el ámbito mercantil, la Audiencia Provincial de Alicante dictó en abril una sentencia firme que anuló el plan de reestructuración ejecutado en septiembre de 2025, mediante el cual Vodafone había tomado el control del 90% de Wewi Mobile. Tras desestimarse el recurso de nulidad presentado por la multinacional, el Registro Mercantil de Alicante canceló la ampliación de capital que otorgó la mayoría a Vodafone y dejó sin efecto el nombramiento de García como administrador único.
Tras quedar anulada dicha toma de control, el consejo de administración restituido en Wewi Mobile anunció la presentación de un preconcurso de acreedores con la intención de renegociar la deuda de la sociedad. Por su parte, Vodafone registró en julio un segundo plan de reestructuración con el respaldo de otros acreedores comerciales como Onivia y Be Call, a los que la compañía adeuda en conjunto más de 50 millones de euros. Dicho plan cuenta con la intermediación de FTI Consulting como experto independiente y se fundamenta en un informe de valoración elaborado por PwC que valora la empresa en unos 75 millones de euros incluida la deuda, calculando un patrimonio neto negativo de 134 millones de euros al cierre de marzo.
De forma paralela, la propiedad de los activos comerciales continúa generando fricciones. Vodafone mantiene la titularidad de la marca Finetwork desde el pasado mes de abril y opera de forma directa a través del dominio finetwork.es. La sociedad Wewi Mobile conserva el derecho de uso de la enseña únicamente hasta el 10 de octubre de 2026, lo que mantiene en el mercado dos ofertas comerciales distintas operando bajo la misma denominación. En el ámbito civil, un juzgado de Madrid ha ordenado nuevos embargos sobre las cuentas bancarias de Wewi por impagos en el alquiler de redes acumulados desde principios de 2025.
En la vía penal, la cita del 1 de septiembre constituye la segunda causa abierta contra el directivo a instancias de los socios iniciales. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda admitió a trámite el pasado 21 de mayo otra querella por presunta administración desleal, promovida en este caso por un grupo de socios minoritarios contra José Miguel García y las sociedades Vodafone España y Vodafone Ono.
Por su parte, la estrategia penal impulsada por Vodafone se apoya en una querella dirigida contra los fundadores y anteriores administradores de Wewi Mobile, fundamentada en los hallazgos de una auditoría ‘forensic’ encargada a la firma Deloitte sobre la gestión previa a la toma de control. Esta querella impulsada por la operadora no ha sido admitida a trámite hasta la fecha.
En respuesta al informe de Deloitte, la representación de los fundadores ha presentado un dictamen pericial contradictorio elaborado por la firma Kai Capital para rebatir las sospechas contables. El informe de la defensa sostiene que Deloitte incurrió en errores de apreciación al calificar como dudosos ciertos movimientos internos de tesorería, al no haber verificado los extractos bancarios ni la operativa contable directa.
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