La justicia estadounidense mantiene su criterio de que los laudos (fallos de las cortes de arbitraje) tienen carácter de sentencia firme y como tal deben ejecutarse. Un tribunal del Distrito de Columbia ha dado luz verde a que los acreedores por el recorte de las primas a las energías renovables avancen en el embargo de bienes españoles en Estados Unidos y ejecuten el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ―la institución de arbitraje dependiente del Banco Mundial― que en 2018 reconoció al fondo luxemburgués Antin a recibir una indemnización de 101 millones de euros. La jueza Loren L. AliKhan ha seguido el mismo criterio que otros órganos judiciales norteamericanos y ha desoído que la Comisión Europea vetara el abono por parte de España de esta compensación al entender que sería una ayuda estatal ilegal.
Un tribunal del Distrito de Columbia autoriza a los acreedores a avanzar con el embargo de activos españoles para garantizar la indemnización al fondo Antin
Un tribunal del Distrito de Columbia autoriza a los acreedores a avanzar con el embargo de activos españoles para garantizar la indemnización al fondo Antin
La justicia estadounidense mantiene su criterio de que los laudos (fallos de las cortes de arbitraje) tienen carácter de sentencia firme y como tal deben ejecutarse. Un tribunal del Distrito de Columbia ha dado luz verde a los acreedores por el recorte de las primas a las energías renovables avancen en el embargo de bienes españoles en Estados Unidos y ejecuten el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ―la institución de arbitraje dependiente del Banco Mundial― que en 2018 reconoció al fondo luxemburgués Antin a recibir una indemnización de 101 millones de euros. La jueza Loren L. AliKhan ha seguido el mismo criterio que otros órganos judiciales norteamericanos y ha desoído que la Comisión Europea vetara el abono por parte de España de esta compensación al entender que sería una ayuda estatal ilegal.
La magistrada ha dado este nuevo respaldo a los acreedores ―Antin vendió los derechos del arbitraje al fondo Centerbridge― en una resolución dictada el pasado 10 de agosto, en la que rechaza la petición de España de suspender la ejecución de la sentencia que hace 10 meses reconoció la validez del laudo. Los servicios jurídicos del Estado alegan en todos los procedimientos pendientes de pago que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) limitó los arbitrajes entre inversores europeos y Estados miembros de la UE y que el Ejecutivo comunitario debe autorizar el pago. Pero en este caso concreto, esgrimió que Bruselas prohibió en marzo de 2025 el abono de esta indemnización concreta porque, siguiendo la doctrina de la máxima instancia judicial europea, era contrario a la normativa comunitaria. Es decir, que su desembolso podría meter a España en problemas por la infracción del Derecho comunitario y exponerle a posibles sanciones.
Sin embargo, la jueza rechaza estos argumentos y recuerda que ya han sido valorados anteriormente por la justicia estadounidense. En el verano de 2024, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la firmeza de varios de los laudos, al entender que España no tenía inmunidad soberana frente a las indemnizaciones millonarias reclamadas en medio centenar de demandas planteadas por inversores perjudicados, los cuales la mayoría de ellos han vendido sus derechos de representación y cobro a fondos de litigación, como Blasket Renewable Investments. Esta sentencia abrió la puerta a que distintos jueces de EE UU permitieran a los acreedores rastrear bienes y activos españoles al otro lado del Atlántico como forma de garantizar las compensaciones en casos de que persista el impago. El pasado junio, el Tribunal Supremo de EE UU, sin entrar en el fondo del asunto, rechazó el recurso de España contra esta sentencia de apelación.
Uno de esos casos que comenzó a tramitarse y en el que se inició la búsqueda de bienes fue el de Antin, el mismo que España ha tratado de paralizar tras conocer el veto de Bruselas. Pero el tribunal de Columbia arguye que España no ha demostrado que la constitución de una garantía para asegurar el pago a Antin vaya a provocar la apertura de un procedimiento sancionador por parte de la Comisión Europea. En esta línea, la magistrada apunta que el hecho de que España insista en la imposibilidad de afrontar las indemnizaciones hace más razonable que los acreedores soliciten el embargo de bienes. Asimismo, autoriza a los acreedores a que soliciten el registro de este caso en cualquier otro distrito judicial de Estados Unidos, lo que da más fuerza a los intereses de los demandantes.
Fuentes cercanas a los acreedores afirman que los demandantes han señalado específicamente la existencia potencial de importantes activos susceptibles de embargo en el Estado de Nueva York. La batalla de los acreedores en EE UU han puesto en el foco The Clearing House Payments Company, la asociación bancaria y empresa de compensación y liquidación de pagos en dólares entre grandes entidades financieras (propiedad de los bancos comerciales más grandes del país) y la Reserva Federal de Nueva York, a los que se han remitido requerimientos para obtener datos sobre activos de España. El Gobierno trató de anular dichos requerimientos, pero el tribunal también ha rechazado esta petición, al considerar que la jurisdicción competente para decidir sobre una eventual impugnación de esas citaciones es el Distrito Sur de Nueva York.
Por el momento, 29 de estos pleitos se han resuelto a favor de los inversores, a los que se han reconocido compensaciones por alrededor de 1.800 millones de euros, que se elevan a 2.333 millones si se suman intereses legales y costas. Por otro lado, 18 fallos arbitrales han sido favorables a España. Los acreedores han solicitado el reconocimiento y ejecución de los laudos hasta en seis jurisdicciones distintas para lograr el cobro de estas indemnizaciones por el recorte de las primas de las renovables en 2023, con motivo de la reforma eléctrica. Además de Estados Unidos, han llevado la batalla judicial por este asunto a Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Australia y Singapur.
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